Por Jody García y Albinson Linares
Victoria Vásquez cocinaba para toda su familia bajo la lluvia, en una estufa improvisada con bloques de adobe y leña, encerrada en una habitación hecha de pedazos de nylon y palos. El mayor de sus seis hijos, Huber Feliciano Vásquez, de 15 años, solía renegar de la pobreza en la que vivían y le insistía en que quería emigrar a Estados Unidos para ganar dinero y construirle una cocina. No le importaba no tener visado.
“Aquí no tenemos nada, no tenemos dinero, no tenemos casa. Lo que yo quiero es hacer una cocina antes de que llegue el invierno”, le decía a su madre a inicios de año.
El joven estaba dispuesto a enfrentar las largas caminatas, el sol, la lluvia, el frío y a los grupos criminales que controlan los territorios cercanos a la frontera estadounidense, quería desafiarlo todo con tal de no ver a su madre cocinando y viviendo en esas condiciones.
Semanas después, su cuerpo fue hallado junto a otros 18 cadáveres calcinados en Tamaulipas, México, en lo que se considera como una de las masacres más cruentas perpetradas contra migrantes en los últimos años.
La casa de Huber Vásquez está ubicada al final de un camino de tierra, entre las montañas altas y frondosas del caserío El Porvenir, Comitancillo, una población del departamento de San Marcos, a 160 millas de la Ciudad de Guatemala y a 70 de la frontera con México.
El 22% del millón de habitantes de San Marcos vive en pobreza extrema y otro 60% en pobreza, según datos oficiales. Es además el segundo departamento de Guatemala con más casos de desnutrición infantil: en 2019 se reportaron 963 en menores de 5 años, y en 2020 fueron 2,654. Ese año murieron siete niños, uno de ellos de Comitancillo.
Huber Vásquez tenía 15 años y trabajaba como agricultor en una finca de café. Había dejado de estudiar para ayudar económicamente a su familia y, a pesar de la miseria en la que vivía, nunca le pedía nada a su madre. Solo tenía un par de zapatos que usaba hasta que estaban completamente rotos.
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“Él no pedía gustos, me daba el dinero que ganaba cortando café”, recuerda su madre.
Mientras a ella le insistía en que su única oportunidad era emigrar, el joven hablaba con su primo Marvin Vásquez para que le prestara el dinero que necesitaba para pagarle a un coyote que le cruzara la frontera.
Marvin Vásquez, quien también creció en Comitancillo, emigró a Estados Unidos hace seis años. Lo hizo indocumentado, caminando en el desierto y guiado por un traficante de personas. Ahora trabaja en un restaurante de Nueva York.
“En Guatemala es una triste historia la que se vive, no hay comida, no hay nada, ni techo tiene uno, se vive con frío y hambre. Por eso uno viene hasta aquí para tener una mejor vida”, cuenta.
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Por eso, cuando su primo lo llamó para que le pagara al coyote, decidió prestarle el dinero y recibirlo cuando cruzara la frontera. El viaje costaba 65,000 quetzales (unos 8,400 dólares).
“Hoy sí me voy, ya me dieron pasaje, usted ya no me va a quitar el derecho”, recuerda Victoria Vásquez que le dijo su hijo, todavía adolescente.
“No te vayas, hay gente que se muere en el desierto”, le insistió ella.
El joven emprendió viaje el 12 de enero en un grupo de cerca de 20 personas. El coyote que lo acompañaba era Adán Coronado, indica su madre.
Según han informado diversos medios de comunicación, el grupo de migrantes guatemaltecos que llegó a Tamaulipas estaba dirigido por este traficante y por su padre, David Coronado, quien llamó al pueblo para avisar que había logrado cruzar a Estados Unidos. Su hijo en cambio no sobrevivió.
La llamada que nunca llegó
Comitancillo es un municipio de casi 60,000 habitantes del que cada año emigran aproximadamente 3,000 personas, según su alcalde, Héctor López Ramírez.
En toda la región de Guatemala, Honduras y El Salvador emigran en total 822 personas por día, 34 por hora, según un reporte de la Red Franciscana para Migrantes publicado en febrero.
Huber Vásquez se comunicó dos veces con su madre. La primera, el 14 de enero, dos días después de haber emprendido la travesía; fue una llamada corta en la que, sin dar muchos detalles, avisó de que estaba bien. La segunda vez fue el 21 de enero: ella aún no lo sabía, pero esa iba a ser la última vez en que escucharía a su hijo.
“Ya casi llegamos, solo falta media hora para llegar a la frontera. Nos asaltaron y nos quitaron todo, pero no solo a mí, fue a todos”, dijo el joven, quien ya se encontraba en Tamaulipas, México.
“No estés triste porque te vas a quedar perdido”, le respondió ella.
“No mamá, yo voy atrás de mis compañeros, no me voy a perder, yo tengo ganas de estar allá, ya quiero estar allá, te voy a llamar cuando llegue a la frontera. Ore por mí”, se despidió el joven.
Victoria Vásquez esperó esa llamada durante todo el viernes y el sábado. En la madrugada del domingo 24 de enero, un hombre la telefoneó para avisarle de que su hijo, y las 18 personas que viajaban con él, estaban muertas.
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Ella no lo creyó, todavía no lo cree. En su casa hecha de adobe, piso de tierra y techo de lámina, sigue esperando la llamada de su hijo, o al menos de alguna autoridad de Guatemala que le confirme que está muerto.
Victoria Vásquez viajó junto a otro grupo de personas que recibió la misma llamada a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Ciudad de Guatemala. El lunes 25 de enero le tomaron muestras de ADN para compararlas con los restos de los cadáveres calcinados hallados dos días antes en Tamaulipas.
A través de los medios de comunicación y de las redes sociales, la mujer se enteró de que algunos migrantes de Comitancillo fueron identificados entre las víctimas de esa masacre, pero aunque ya han transcurrido más de dos semanas desde la matanza, aún no ha recibido ninguna llamada de las autoridades de Guatemala para confirmar el fallecimiento de su hijo mayor.
“¿Será que es cierto? ¿Ese era el destino de mi hijo, quemarse en el fuego? Él no estaba haciendo nada. Nosotros dimos muestras de sangre, pero no nos han llamado para darnos razón de él. Queremos que venga, aunque sea un poco de ceniza”, dice la mujer mientras sus otros seis hijos corren alrededor de ella en su casa.
Ella llora por su hijo y aunque todavía espera por su cadáver para asimilar su muerte, en el centro de su casa hay un altar en su memoria. Las flores se marchitan, las velas se consumen, las fotografías se empolvan mientras un sentimiento de culpa crece dentro de ella.
“Lo apoyé porque yo no sabía qué iba a pasar en el camino. Hay veces en que me arrepiento, hay veces que me dan ganas de tomar veneno porque yo lo apoyé, mejor le hubiera dicho que no, pero yo no sabía que iba a pasar esto”, se lamenta.
A más de un mes de la masacre, el Gobierno de Guatemala no ha confirmado la fecha en la que los restos de los migrantes asesinados serán repatriados. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el traslado depende del avance de las investigaciones. El Instituto Nacional de Migración de México se ofreció a cubrir los gastos para repatriar los cuerpos.
En un rincón de Nueva York, su primo Marvin Vásquez también lo llora.
“Yo estaba esperando su llegada. Cuando escuché que eso pasó no podía creerlo. Él todavía me habló el viernes, como a las 11 de la mañana, él me dijo que estaban cerca de la frontera”, recuerda.
Mientras esperaba, vio en la televisión la noticia de la masacre.
“Llamamos a la familia en Guatemala para saber si era cierto, pero tampoco sabían nada. Es triste. Hay veces que los sueños fallan, uno nunca sabe lo que viene”, cuenta.
El infierno en Tamaulipas
Es una franja árida, blanquecina, con arbustos oscuros que motean el suelo. A varias decenas de metros se ven unas casas. En imágenes de satélite de Google no parece distinguirse del resto de los terrenos cercanos a Santa Anita, un pueblo del municipio de Camargo. Es una zona de Tamaulipas surcada por brechas, apenas rayas amarillas desde el aire, que conforman en realidad una intrincada red de caminos rústicos controlados por el crimen organizado.
Allí fueron hallados los cuerpos de los migrantes guatemaltecos calcinados, luego de que unos vecinos llamaran para denunciar que había camionetas ardiendo al borde de unas brechas. Allí acabaron los sueños de Huber Vásquez.
“En Tamaulipas estamos hablando de una estructura criminal que mueve personas y drogas por la frontera. Estos carteles se dedican a extorsionar a la gente y darles el servicio para pasarlos al otro lado. Esto casi no se comenta porque cuando se habla de los carteles se piensa que solo hablamos de drogas. Pero hay muchos secuestros, desapariciones y asesinatos contra los migrantes”, explica Guadalupe Correa-Cabrera, especialista en organizaciones criminales y académica de George Mason University.
Las masacres suceden con una regularidad pasmosa: en 2010 fueron asesinados 72 migrantes en la localidad de San Fernando; en 2011 se hallaron más de 200 cuerpos en fosas clandestinas; en 2012 fueron 49 cadáveres en Cadereyta, Nuevo León, a las que arrancaron cabezas, brazos y piernas. Fueron reducidos a torsos, deshumanizados.
Las personas migrantes son una constante, una suerte de mercancía que se reparten grupos delictivos como el Cartel del Golfo y el Cartel del Noreste. En paredes, vallas publicitarias, carteles, y en el mismo asfalto, las bandas criminales gritan su dominio sobre el territorio con mensajes pintados.
“Son redes criminales sofisticadas y con una dinámica empresarial. No son manejadas por un solo hombre que es el coyote que saca a los migrantes de Centroamérica. La mayor parte de los migrantes que he entrevistado dicen que les cobran entre 7,000 y 9,000 dólares”, asevera Correa-Cabrera.
No se sabe mucho de la ruta exacta que este grupo de migrantes tomó para llegar a la frontera estadounidense. A través de múltiples entrevistas con sus familiares y con las autoridades mexicanas se ha logrado reconstruir parte del itinerario: luego de transitar por el norte de Guatemala pasaron la frontera mexicana rápidamente para llegar a Motozintla, en Chiapas.
Después siguieron camino hacia el norte. Algunos llamaron a sus familias desde Puebla, otros contaron que pasaron por San Luis Potosí y, finalmente, llegaron a los límites de Nuevo León con Tamaulipas. Se trata de la “frontera chica”, un enclave de 160 millas en siete municipios con puentes y accesos legales e ilegales al territorio estadounidense. Al sur linda con el estado mexicano de Nuevo León, y al norte está Texas.
“Es un estado muy grande, con 17 puntos fronterizos. Es la frontera más cercana a Estados Unidos y, en muchas ocasiones, por esa misma situación, estos grupos que se dedican al tráfico de personas la utilizan desde el sur del país”, afirma Luis Alberto Rodríguez, vocero de seguridad de Tamaulipas.
Según una de las hipótesis que maneja la fiscalía del estado, el viernes 22 de enero —un día después de la última llamada de Huber Vásquez a casa—, un grupo de sicarios del Cartel del Noreste entraron a la zona para buscar a El Entenado, un capo del Cartel del Golfo.
Los asesinos se toparon con una casa donde aguardaban más de 30 migrantes de Comitancillo. Según el alcalde Héctor López Ramírez, algunos habían logrado ya cruzar la frontera, pero el grupo Huber Vásquez no tuvo esa fortuna.
El 30 de enero, las autoridades de Tamaulipas reportaron la detención de 12 policías estatales presuntamente involucrados en la masacre. “Entre el reporte que entregaron los policías y las entrevistas hay contradicciones, hay cosas que no coinciden”, explicó Rodríguez, vocero estatal de seguridad.
En el lugar donde fueron halladas las dos camionetas incineradas no había casquillos de municiones a pesar de que uno de los vehículos tenía 113 impactos de armas de fuego. “Eso lleva a establecer que hubo una alteración de la escena del crimen”, asevera Rodríguez.
Una de las camionetas calcinadas, Toyota Sequoia, ya había sido incautada por una comisión del Instituto Nacional de Migración (INM) en diciembre durante una operación de rescate de migrantes en una casa del municipio Escobedo, en Nuevo León, lo cual generó rumores sobre corrupción.
El INM ha separado de su cargo a ocho funcionarios en Nuevo León e investiga cómo regresó esa camioneta a las calles.
Según fuentes de la fiscalía tamaulipeca, otra hipótesis sobre la masacre es que policías confundieron a los migrantes con alguna banda delictiva y decidiera atacarlos. Al percatarse de su error, los oficiales pudieron recoger los casquillos e incendiar los vehículos, lo cual explicaría las anomalías detectadas en los informes y la escena de la matanza.
Para Rodríguez, la detención de los policías, la celeridad de las investigaciones forenses y los contactos con el gobierno de Guatemala para identificar los restos y gestionar la pronta repatriación de los cuerpos son muestras de la voluntad política para resolver el caso.
Sin embargo, el 23 de febrero la Fiscalía General de la República acusó a Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, por la “probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada”.
“El crimen organizado siempre ha definido la vida política, económica y social de ese Tamaulipas", opina la analista Correa-Cabrera, "hasta las cabezas del gobierno han estado protegiendo y vinculándose a estas actividades". "Hay que recordar los casos de otros exgobernadores del mismo estado como Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, quienes han enfrentado cargos federales en Estados Unidos por presunto lavado de dinero”, añade.
Una comisión de diputados de Guatemala viajó a México entre el 19 y 23 de febrero para darle seguimiento a la investigación de la masacre. Entre ellos estaban Carlos Barreda y Mario Gálvez, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Según Barreda, la Fiscalía de Tamaulipas les informó de que los policías capturados habían reconocido que accionaron las armas de fuego en contra de los migrantes, pero que no participaron en la incineración de sus cuerpos.
“Pedimos que se amplíen las investigaciones para dar con los autores intelectuales y que se determine si hubo participación de personal del Instituto Nacional de Migración”, dijo Barreda.
Aunque no hay una fecha para la repatriación de los cuerpos, según los diputados, podría hacerse en la segunda semana de marzo, a la espera de que la Fiscalía termine de procesar los restos porque son una prueba clave.
La impunidad en las masacres
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó el 26 de enero en un comunicado sobre la falta de alternativas para una migración segura, lo que obliga “a las personas migrantes a recurrir a traficantes de personas o a rutas peligrosas”.
Guillermo Fernández-Maldonado, funcionario de la ONU, comparaba lo sucedido en Camargo con las masacres de años antes en San Fernando y Cadereyta, aseverando que los familiares de esas víctimas “siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación”.
“La violencia contra las personas migrantes en México no va a parar, mientras no haya resultados en las investigaciones. Y queda muy claro que la delincuencia está mandando el mensaje de que este tipo de violencia está permitida”, explica Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, una organización no gubernamental.
Delgadillo, y su equipo han acompañado los procesos legales de familiares de las víctimas de masacres como las de San Fernando, Cadereyta y Güémez, entre otras. La impunidad y la lentitud burocráticas que se cierne sobre esas investigaciones son aspectos preocupantes para esta experta.
“El Estado está implicado en muchas de esas masacres y eso no se ha querido investigar", denuncia, "aquí no hay la menor intención de tocar a las bandas criminales que están detrás de los delitos contra la población migrante”.
Según datos oficiales, la guerra entre las facciones delictivas que desde 2010 pelean por el control de los estados del noreste de México ha dejado un saldo de más de 15,000 desaparecidos y miles de muertes. En 2020 fueron asesinadas 571 personas en ese estado.
Una de esas víctimas es Mauricio Francisco Suazo Mejía, un hondureño que fue asesinado y desmembrado en la masacre de Cadereyta, el 13 de mayo de 2012. José Dolores Suazo Mejía es su hermano gemelo, y vive la agonía constante de sentir que su otra mitad se desvaneció.
“Todavía andamos buscando la cabeza de mi hermano. En su osario falta el cráneo y otras partes de su cuerpo, y no tenemos respuestas del Gobierno mexicano, son puras reuniones y no nos resuelven nada. En esa frontera hay un mecanismo para matar migrantes, es una barbarie”, dice con desaliento en una entrevista telefónica desde Honduras.
Las personas migrantes que pagan sumas exorbitantes para poder cruzar la frontera sufren además otros peligros como la extorsión y el secuestro.
“Cuando La Migra me soltó en el puente de Matamoros, caminé un rato y me interceptó un taxi. Unos hombres me llevaron a una casa en el campo”, dice Víctor, un migrante guatemalteco que pidió mantener su anonimato por miedo a las represalias.
Víctor acaba de regresar a su aldea, en el norte de Guatemala; tres veces intentó pasar a Estados Unidos, y las tres fue detenido por las autoridades migratorias.
Explica que estuvo más de dos semanas retenido en una casa con 50 migrantes más, mientras un grupo de delincuentes llamaban a sus familiares y conocidos para pedirles rescate.
“Me pegaban con un palo y en la cabeza, con la pistola. Cuando lograron llamar a un amigo mío, le pidieron 3,000 dólares”, cuenta con tristeza.
Pese a ello, Víctor dice que espera volver a intentarlo porque en su pueblo hay poco trabajo y, como agricultor, lo extorsionan las maras.
Sobre la matanza de Camargo dice con desolación: “Me dio mucho dolor ver que habían quemado a esas personas, porque usted sabe que tenemos un Dios que nos cuida y que hizo todo lo humano. ¿Por qué pasan estas cosas?”.
“Así es la vida”, agregó.
Un sueño de despedida
El púlpito desde donde Elfego Miranda, de 24 años, dirigía una pequeña iglesia pentecostés llamada Efesios 6:17, es ahora el altar donde su familia lleva casi un mes velándolo.
El patio de su casa, ubicada en la aldea Tuichilupe, Comitancillo, era su centro de reuniones religiosas. Fue allí donde se despidió de su familia el 11 de enero y donde sus hermanas, hermanos, esposa embarazada y tres hijas esperan por sus restos.
Magdalena Miranda, su hermana, cuenta que el joven se graduó de perito contador, pero el título no fue suficiente para que pudiera encontrar un trabajo. Por la falta de oportunidades trabajaba como agricultor, bacheando caminos de tierra en la comunidad y dando clases virtuales los sábados por la mañana. Pero el dinero no le alcanzaba para suplir los gastos de su familia.
Intentó dos veces emigrar a Estados Unidos. La segunda le costó la vida.
Las expectativas de Miranda de mejorar su calidad de vida trabajando en Estados Unidos eran fundadas. En Comitancillo se observa que las casas donde hay miembros de la familia que emigraron están construidas de bloques y cemento, mientras que el resto son de adobe.
Las remesas de los emigrantes representan el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala. En 2020 llegaron 11,340 millones de dólares, y sólo en enero de 2021, mes en el que ocurrió la masacre de Tamaulipas, fueron 906 millones, un monto récord para un inicio de año. El Banco de Guatemala proyecta que en 2021 podrían alcanzar 12,500 millones.
“Es triste que lo mataron, no entendemos por qué la policía lo hizo. También estamos tristes por sus hijos pequeños, que ya sintieron que está muerto”, dice su hermana.
La familia no ha querido decirles a sus hijas que su padre fue asesinado, aunque las niñas preguntan por qué hay fotografías de él en un altar con flores y velas y por qué todos lo lloran. Una de las niñas, Yeli de 3 años, tuvo un sueño que la familia interpreta como una despedida.
“Ella soñó que su papá estaba parado junto a los pollitos y que les estaba dando de comer. En su sueño, ella se acercó y Elfego le dijo “mija mirá, te voy a abrazar”, lo hizo y se fue. Ella se quedó con los pollitos y no lo vio más”, relata Magdalena Miranda.
Un buen samaritano
La mayor parte de las historias de los migrantes guatemaltecos asesinados en Tamaulipas tienen un origen común: familias pobres que viven en casas de adobe en aldeas entre las montañas de Comitancillo.
Al fondo de uno de tantos caminos de tierra, entre la maleza empolvada, hay una pequeña casa con palos y pedazos de madera vieja que simulan una puerta. Al ingresar, en un pequeño cuarto está el altar en memoria de Marvin Alberto Tomás Tomás, quien tenía 22 años cuando fue asesinado.
A un lado de las flores, las fotografías y las veladoras está la camiseta de Juventud Comiteca, el equipo de fútbol donde jugaba como delantero. Lidia Tomás, su hermana, cuenta que el joven buscaba llegar a Estados Unidos para pagar la operación de una hernia de su madre, sostener a sus cinco hermanos y encontrar un equipo de fútbol en el que seguir creciendo como deportista.
“No sabemos qué vamos a hacer ahora. Tenemos la deuda del préstamo que sacamos para que él se fuera”, relata con tristeza. La urgencia más grande es recibir sus restos para enterrarlo, señala Lidia Tomás.
Como la familia de Marvin Tomás o la de Huber Vásquez, otras 13 en Comitancillo esperan también recibir las cenizas de los suyos. La solidaridad mitiga levemente el dolor compartido.
Un desconocido escuchó de la historia de Huber Vászquez y se comunicó con su madre para decirle que quería cumplir el sueño de su hijo, la razón por la que migró.
Ahora, en el patio de Victoria, hay cuatro albañiles trabajando para construirle una casa nueva, y la cocina que su hijo le prometió.
Jody García reportó desde Comitancillo, Guatemala, y Albinson Linares desde Ciudad de México.