Por Nomaan Merchant - The Associated Press
HOUSTON— La Administración que preside Joe Biden no está exigiendo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) verifique mediante huellas dactilares los antecedentes penales de los cuidadores de miles de niños y adolescentes migrantes, mientras que el Gobierno expande rápidamente los sitios para albergarlos. Expertos en bienestar infantil dicen estar alarmados y aseguran que esto compromete la seguridad de los menores.
En la prisa por sacar a los niños de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza donde se encuentran hacinados, el equipo del presidente está recurriendo a soluciones utilizadas por Administraciones anteriores: los campamentos en tiendas de campaña, los centros de convenciones y otras grandes instalaciones operadas por contratistas privados y financiadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).
Solo en marzo, la Administración anunció que abrirá ocho nuevos sitios de emergencia en el suroeste del país y agregará 15,000 nuevas camas, más del doble de la cantidad que tiene el sistema existente.
Estos sitios de emergencia no necesitan contar con la aprobación de las autoridades estatales ni deben proporcionar los mismos servicios que las instalaciones permanentes del HHS. También cuestan mucho más: un estimado de 775 dólares diarios por niño.
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Con el fin de conseguir personal para esas instalaciones de manera rápida, la Administración Biden ha renunciado a los procedimientos de investigación destinados a proteger a los menores de posibles peligros.
El personal y los voluntarios que atienden directamente a los niños en los nuevos sitios de emergencia no tienen que someterse a controles de huellas dactilares por parte del FBI, que utiliza bases de datos criminales no accesibles al público y puede detectar si alguien se cambió el nombre o está usando una identidad falsa.
[El HHS dijo a nuestra cadena hermana NBC News que el personal de atención directa a los niños está siendo supervisado por “personal federal” o “personal que haya aprobado los requisitos federales de verificación de antecedentes basados en huellas dactilares”.
Además, “el personal de bienestar infantil y cuidado directo voluntario debe pasar verificaciones de antecedentes penales de registros públicos”, según agregó. En conclusión, los estándares de atención a los niños utilizados son los que se aplican “en un entorno de respuesta de emergencia”, explicó la agencia.]
Las verificaciones en los registros públicos generalmente toman menos tiempo, pero dependen de que el sujeto proporcione la información verdadera.
La agencia dice que quienes brindan atención directa a los migrntes menores de edad son supervisados por empleados federales u otras personas que han pasado verificaciones de antecedentes basadas en huellas dactilares. “En las instalaciones de emergencia, el HHS está implementando los estándares de atención que se usan para los niños, en un entorno de respuesta a emergencias”, dijo la agencia.
Durante la Administración del expresidente Donald Trump, el HHS no se aseguró durante meses de que los trabajadores en un campamento grande en Tornillo, Texas, fueran sometidos a exámenes de huellas dactilares por parte del FBI. Una investigación de The Associated Press de 2018 también encontró que el personal de otro campamento en Homestead, Florida, no realizó exámenes de rutina para descartar acusaciones de abuso o negligencia infantil.
El inspector general del HHS advirtió en ese momento que las verificaciones de huellas dactilares del FBI "brindan una protección única" sobre la mayoría de las verificaciones de antecedentes comerciales que solo buscan por el nombre de cada persona.
"Si bien las diversas verificaciones de antecedentes podrían identificar algunas condenas penales o delitos sexuales anteriores, estas verificaciones no fueron tan extensas como las verificaciones de antecedentes de huellas dactilares del FBI", encontró el inspector general.
Laura Nodolf, fiscal de distrito de Midland, Texas, donde el HHS abrió un sitio de emergencia este mes, dijo que sin los controles de huellas digitales, "realmente no sabemos quién es la persona que está brindando atención directa" (a los menores).
"Eso significa colocar a los niños bajo el cuidado de, potencialmente, un delincuente sexual", dijo Nodolf. "Están poniendo a estos niños en una posición de convertirse en víctimas potenciales", agregó.
La doctora Amy Cohen, una psiquiatra infantil que trabaja como directora ejecutiva del grupo de defensa de inmigración Every Last One, señaló que el HHS requiere controles de huellas dactilares de los familiares que buscan acoger a niños como parte de un proceso de investigación que toma más de 30 días en promedio.
“No verificar las huellas dactilares del personal de primera línea expone a los niños migrantes vulnerables a un peligro significativo de abuso físico y sexual”, dijo.
El Gobierno tiene bajo su custodia a 18,000 niños y adolescentes, una cifra que ha aumentado casi a diario durante las últimas semanas. Biden continúa expulsando a la mayoría de los adultos y muchas familias que cruzan la frontera pero se ha negado a devolver a niños inmigrantes no acompañados, lo cual cambió el año pasado después de una orden judicial federal ahora suspendida.
Más de 5,000 jóvenes están bajo custodia en la frontera, muchos de ellos en una tienda de campaña en el sur de Texas con espacio, comida y acceso al aire libre limitados. Pero la Patrulla Fronteriza está deteniendo a cientos de menores más de los que el HHS libera todos los días (una diferencia de 325, solo el jueves).
En el palacio de convenciones del centro de Dallas, uno de los sitios de emergencia del HHS, casi todas sus 2,300 camas se llenaron solo una semana después de que abrió este mes.
Los defensores de los niños dicen que, en lugar de abrir más instalaciones de emergencia sin licencia, la Administración debe acelerar la puesta de los niños en libertad con sus patrocinadores, especialmente cuando un 40% de los jóvenes bajo custodia tienen un padre en el país listo para llevárselos consigo.
El HHS ha intentado acelerar el procesamiento de menores en las últimas semanas, permitiendo que algunos jóvenes sean colocados con sus padres mientras están pendientes las verificaciones de huellas dactilares y autorizando el uso de fondos del Gobierno para pagar el pasaje aéreo cuando un niño es liberado.
Ana, madre de un adolescente de 17 años detenido en Dallas, dijo a AP que su hijo huyó de las pandillas que intentaban reclutarlo en El Salvador y esperaba reunirse con ella en Virginia. Después de un viaje de ocho días, el adolescente cruzó la frontera entre Estados Unidos y México el 9 de marzo. Pasaron ocho días hasta que las autoridades le dijeron que lo tenían bajo custodia.
Ella recibió una llamada de su hijo que duró 10 minutos, el 20 de marzo, después de que este fuera llevado a las instalaciones de Dallas. Era la primera vez que hablaba con él desde que ingresó al país. Ella dice que ha llamado repetidamente a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS para preguntar si se lo pueden entregar a su familia, pero se han negado, diciendo que tienen que procesar su caso. Mientras tanto, la mujer está lista para presentar la documentación que demuestra que es su madre y está en condiciones de asumir su custodia.
“No entiendo por qué lo están poniendo tan difícil”, dijo Ana, quien no está siendo identificada por su apellido para proteger la privacidad de su hijo. “Sé que estamos en una pandemia, pero tal vez creo que es que están retrasados, que tal vez hay mucha gente allí", añadió.
Los centros de Tornillo y Homestead fueron duramente criticados por demócratas y expertos en bienestar infantil, quienes advirtieron sobre el posible trauma de detener a miles de adolescentes sin el cuidado adecuado.
Voluntarios de la Cruz Roja Estadounidense brindaron atención en los dos primeros sitios de emergencia del HHS, un campamento para trabajadores petroleros que fue reutilizado en Midland, Texas, y el centro de convenciones de Dallas. El apoyo de estos voluntarios ahora se está acabando gradualmente.
Durante varios días, la Cruz Roja y el HHS se negaron a reconocer que los voluntarios no fueron sometidos a chequeos de huellas dactilares por parte del FBI. La Cruz Roja dijo primero que todos sus voluntarios se sometieron a verificaciones de antecedentes cuando se unieron al grupo. El martes, el grupo dijo que estaba “refrescando” las verificaciones a unos 300 voluntarios enviados para cuidar a los niños y que no había encontrado ninguna nueva señal de alerta.
El portavoz del HHS, Mark Weber, dijo que aún no podía identificar qué empresas o grupos intervendrán ahora para cuidar a los menores. A mediados de marzo, el Departamento pidió a contratistas que presentaran ofertas para proporcionar cuidado infantil y transporte.
Leecia Welch, abogada del National Center for Youth Law, una organización sin fines de lucro que supervisa el tratamiento de los niños inmigrantes dijo que los abogados estaban prestando "mucha atención a si esta suspensión temporal (de las verificaciones) se convierte en una práctica operativa estándar".
“Dada la urgencia de la actual crisis de albergue, las familias merecen la misma flexibilidad que las empresas con fines de lucro que hacen contratos con el Gobierno federal”, dijo.
Ya han surgido preocupaciones de seguridad sobre el campamento de Midland. Un funcionario que trabajaba allí notó la falta de ropa nueva y asistentes sociales cuando los adolescentes llegaron inicialmente, y los reguladores estatales advirtieron la semana pasada que el agua en el lugar podría no ser segura, lo que obligó a las autoridades estadounidenses a darles botellas para beber a los adolescentes, hasta que pudieran gestionar la entrega de agua.
Michelle Sáenz-Rodríguez, una abogada de inmigración que trabaja en Dallas, describió el centro de convenciones de esa ciudad como parecido a un cuartel, pero "muy acogedor". Ella visitó el centro en sus primeros días como voluntaria del grupo Catholic Charities y dijo que se han colocado catres en un salón de baile para más de 2,000 niños, en filas socialmente distanciadas.
Después de ser llevados en autobús al sitio, a los niños se les provee ropa limpia, una almohada, una manta y se les practica una prueba de COVID-19, dijo Sáenz-Rodríguez. Ella los vio la semana pasada sentados juntos en las mesas, hablando y jugando a las cartas. La mayoría no entendía por qué los habían traído a Dallas o qué pasaría con ellos, dijo.
“Su pregunta número uno es '¿Cuánto tiempo estaremos aquí? ¿Qué nos va a pasar?'”, dijo Sáenz-Rodríguez.
El reportero de AP Jake Bleiberg contribuyó a este reporte desde Dallas.
Con información de NBC News.