El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) pidió el jueves a la Corte Suprema que desestimara tres disputas pendientes relativas a una política de inmigración de la Administración del expresidente Donald Trump, en contra de la cual algunas ciudades se declararon 'ciudades santuario'.
Según el diario The Wall Street Journal, tras esta petición el alto tribunal archivó una serie de casos pendientes relativos a esta disputa.
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La medida migratoria en cuestión se puso en marcha con la intención de favorecer que los departamentos de policía avisaran a las autoridades federales cuando personas sin ciudadanía de Estados Unidos detenidas estuvieran a punto de quedar en libertad.
Lo que hizo en su momento el Departamento de Justicia —comenzando en la época de la Administración del expresidente Barack Obama y siguiendo con más intensidad durante el mandato de Trump— fue intentar retener las subvenciones federales destinadas a gobiernos locales que se negaron a informar a las autoridades migratorias de que personas bajo su propia custodia estaban a punto de salir de prisión.
El Gobierno también pretendió tener acceso a las prisiones locales para que los agentes de inmigración pudieran interrogar a los inmigrantes bajo custodia.
En breves cartas dirigidas a la Corte Suprema, el Departamento de Justicia dijo que esos tipos de pretensión se deberían desestimar: se trata de una señal que indica que el Gobierno ya no buscará hacer cumplir esa política. El DOJ agregó que había llegado a un acuerdo con las partes involucradas en los tres casos mencionados.
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La Administración Trump tuvo contrastes con muchas ciudades importantes del país también por las solicitudes de retención federal: se trata de peticiones emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para que la policía o las oficinas del sheriff retengan a los presos bajo su responsabilidad hasta 48 horas después de que se cumplen sus condenas.
Esas solicitudes se aplicaron de forma ilegítima para personas inmigrantes con condenas por delitos locales, que quedaron así expuestas al riesgo de deportación después de salir de la cárcel.
Después de que los tribunales federales bloquearon esta práctica, el Departamento de Justicia buscó que se le avisara antes de que los inmigrantes presos quedaran en libertad, lo que generó una nueva ronda de disputas legales.
Varios tribunales federales de rango inferior establecieron que las autoridades locales no tenían la obligación de ayudar a los agentes migratorios para hacer cumplir la ley federal. Pero también hubo decisiones de la justicia a favor de Trump sobre este tema.
Algunos estados y ciudades aprobaron las que se conocen como 'leyes santuario', que prohíben expresamente a la policía proporcionar información sobre personas sin ciudadanía bajo su propia custodia.
Los partidarios de las ciudades santuarios sostienen que esas leyes favorecen que las comunidades sean más seguras, al alentar a inmigrantes indocumentados que son víctimas de delitos a colaborar con la policía.
Con información de NBC News, CNN, The Wall Street Journal.