El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) anunció este lunes mediante un comunicado que "a partir de hoy ciertas familias que no pueden ser expulsadas bajo el Título 42 serán colocadas en procedimientos rápidos de expulsión", un sistema "más acelerado para echar a aquellas familias que no tiene razón legal para estar en Estados Unidos".
En su breve comunicado, el DHS no aporta detalles sobre cómo aplicará esta nueva medida ni a qué familias aceptará o por qué éstas no pueden ser expulsadas bajo el Título 42, una regla aprobada por el Gobierno de Donald Trump en la primavera de 2020 para denegar el derecho al asilo a la mayoría de inmigrantes debido al supuesto riesgo de salud que comportan en plena pandemia de coronavirus.
"Estamos enviando de vuelta a la vasta mayoría de familias que llegan", dijo Biden en una conferencia de prensa el pasado 25 de marzo. "Estamos intentando con México que esté dispuesto a aceptar a más familias de ésas", agregó el presidente, admitiendo así que la capacidad de Estados Unidos para expulsar de forma inmediata a los migrantes que cruzan la frontera, acogiéndose al Título 42, se ve limitada por la necesidad de que México decida que los acepta de vuelta.
El pasado mes de marzo, cuando Biden hizo esas declaraciones, las cifras del Departamento de Seguridad Nacional mostraban sin embargo que sólo un tercio de las familias migrantes con hijos eran expulsadas de forma sumaria.
"En el caso de que México no sea capaz de recibirlas", explicó entonces un portavoz de la Casa Blanca, Vedant Patel, a la agencia de noticias Reuters, "esas familias son ubicadas en procedimientos migratorios en Estados Unidos". Es decir, se les permite solicitar asilo y, en su mayoría, son liberadas en Estados Unidos para aguardar el resultado de una tramitación que puede durar varios años por el colapso de las cortes migratorias.
Con la decisión anunciada este lunes por el Departamento de Seguridad Nacional, algunas de esas familias (no se clarifica cuáles, cuántas ni por qué) no serán admitidas en el sistema migratorio sino colocadas directamente en un procedimiento rápido de expulsión.
Este sistema permite a los inmigrantes someterse a la prueba de miedo creíble (para demostrar que pueden solicitar asilo en Estados Unidos cumpliendo los requisitos de sufrir persecución en sus países de origen) ante un oficial migratorio, pero si éste considera que no la han superado son deportados sin derecho a comparecer ante un juez.
El anuncio del DHS fue recibido con críticas por diversos especialistas que trabajan con inmigrantes. "El 'procedimiento' de expulsión acelerada implica sentarse al otro lado de un escritorio frente a un agente del Gobierno que firma una orden de deportación. No hay posibilidad de ver a un juez, consultar con un asesor legal (mucho menos un abogado) o comprender el proceso de otra manera. Esto no es debido proceso", escribió en Twitter la abogada de inmigración Camille J. Markler, directora ejecutiva de la organización Respuesta Colaborativa de Defensores de Inmigrantes (Immigrant ARC).
Estados Unidos afronta este año fiscal el mayor aumento en la llegada de inmigrantes en la frontera con México en 20 años, según afirmó en marzo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
La medida anunciada este lunes llega dos meses después de que el DHS creara una vía exclusiva para procesar de forma "más rápida" en la cortes judiciales a los casos de asilo de las familias que son interceptadas en la frontera.
Mayorkas y el fiscal general, Merrick Garland, prometieron tratar "con justicia" a los inmigrantes, pese a que estaban acelerando el proceso por el que se les concede o, previsiblemente en la mayoría de casos, se les deniega el asilo.
El Gobierno espera que los jueces emitan su decisión en un plazo máximo de 300 días desde el inicio de la tramitación. Durante ese periodo, los inmigrantes permanecerán en Estados Unidos a la espera de una resolución definitiva.
Pese a las críticas de activistas, expertos y entidades humanitarias, la administración Biden decidió mantener la regla del Título 42 instaurada por Trump, al considerar que no ha dejado de existir una crisis de salud pública en el país.
Algunos expertos han dicho que la decisión de Estados Unidos de expulsar a las personas que buscan asilo, con la excusa de que representan una amenaza sanitaria por el COVID-19 “no es parte de una política fronteriza integral o coherente basada en la salud pública”.
Naciones Unidas, por su parte, considera que bloquear la entrada de solicitantes de asilo con la excusa de la pandemia “sin evidencia de un riesgo para la salud y sin medidas de protección contra la devolución, "sería discriminatorio y no cumpliría con los estándares internacionales”, según un documento de consideraciones legales publicado en marzo del 2020.
Según datos federales, entre octubre del 2020 y junio del 2021, la cantidad de personas expulsadas en la frontera sur bajo el título 42 pasó de 63,005 a 103,014, un aumento del 63%.