El Gobierno que preside Joe Biden está considerando proteger de la deportación a los inmigrantes indocumentados que denuncien a un empleador abusivo, según informa el diario The Wall Street Journal.
Esta propuesta fue incluida en un memorando interno que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, envió este martes a Tae Johnson, director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El objetivo de esta medida es perseguir a los empleadores que contratan a inmigrantes indocumentados y les pagan un salario inferior o les roban su dinero, o a aquellos que no cuentan con medidas de seguridad apropiadas en el lugar de trabajo.
Mayorkas indica en el documento que esta medida puede reducir la demanda de empleo por parte de personas sin autorización para trabajar en Estados Unidos, al perseguir de forma más agresiva a los empresarios “sin escrúpulos” que se aprovechan de inmigrantes indocumentados, facilitando así el tráfico de personas y la explotación infantil.
“El mensaje es que los empresarios explotadores deben tener cuidado”, escribió Mayorkas.
En el memorando pide a Johnson y a otros altos funcionarios inmigración que desarrollen propuestas políticas en los próximos 60 días para llevar a cabo este cambio.
Mayorkas pide a los altos funcionarios que, por ejemplo, elaboren formas de motivar a los empleados inmigrantes que son víctimas o testigos de explotación laboral para que colaboren con las fuerzas de orden. Una posibilidad, dice, es concederles formas de protección contra la deportación.
Así mismo solicita que se examine si la herramienta en línea e-Verify, que permite comprobar el estatus migratorio de un aspirante laboral, está siendo utilizada por los empleadores para tomar represalias contra los trabajadores que se quejan de salarios ilegalmente bajos o de condiciones de trabajo inseguras.
[Activistas exigen un nuevo plan que garantice la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados]
Mayorkas también indicó que las empresas que emplean a inmigrantes sin autorización para trabajar pero les pagan salarios dignos y les ofrecen condiciones seguras de trabajo no serán una prioridad para la aplicación de la ley de inmigración.
Mayorkas agrega en el memorando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) volverá de inmediato a una política de no llevar a cabo ninguna redada a gran escala en lugares de trabajo.