El Departamento de Justicia defiende en corte que el Gobierno del expresidente Donald Trump adoptó la decisión de separar a familias migrantes en la frontera por "consideraciones humanitarias percibidas", y por tanto las familias afectadas no merecen una compensación económica, como reclaman, por los daños sufridos.
En documentos judiciales presentados la semana pasada ante una corte de Arizona, los abogados del Gobierno del demócrata Joe Biden aseguraron que "la decisión de separar a las familias se adoptó en cumplimiento de objetivos políticos relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración en la frontera entre México y Estados Unidos, incluidas la seguridad fronteriza, la asignación de personal y recursos, y consideraciones humanitaria percibidas".
Además, reiteró que el Gobierno federal ya ha presentado "pruebas incontrovertidas" que a su juicio demuestran que el objetivo de la entonces secretaría de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, "no era utilizar las separaciones de padres e hijos para hacer daño".
La Administración Trump persiguió penalmente a los migrantes que cruzaban la frontera de manera irregular bajo una política de tolerancia cero que provocaba en consecuencia la separación de estas personas de sus familias.
Tras poner en práctica varios programas pilotos en distintos puntos de la frontera con México, como El Paso (Texas) y Yuma (Arizona), la política fue implementada oficialmente a partir de abril de 2018 y hasta junio de ese año, cuando el malestar social llevó al Gobierno a detenerla justo antes de que una juez le ordenara hacerlo.
Cerca de 5,500 niños fueron separados de sus familias a consecuencia de esta política. En su mayoría pasaron semanas apartados, aunque en algunos casos fueron meses. Tenían distintas nacionalidades y edades, con cientos de ellos de menos de 5 años. Hasta febrero de este año, aún había casi 1,000 menores que no habían sido reunificados con sus padres.
La política también separó a unos 1,000 niños estadounidenses hijos de padres inmigrantes. En muchos casos, estos menores eran puestos en hogares de acogida por períodos largos de tiempo. Algunos de ellos, incluso, quedaron perdidos en el sistema y aún tienen que ser reunidos con sus padres, cinco años después.
Durante la campaña presidencial de 2020, Biden calificó la medida de "criminal" y cuando llegó a la Casa Blanca creó el Grupo de Trabajo sobre Reagrupación Familiar, que hasta ahora ha logrado reunir a unas 700 familias.
La Academia Estadounidense de Pediatría describió esta práctica como "maltrato infantil autorizado por el Gobierno".
La política de separación fue denunciada por organizaciones humanitarias y grupos a favor de los inmigrantes, y cientos de familias llevaron sus ante los tribunales para ser compensadas.
[El Departamento de Seguridad Nacional prohíbe formalmente la separación de familias en la frontera]
Pero en su escrito, el Departamento de Justicia insistió en que "los demandantes no han presentado ninguna jurisprudencia que establezca claramente un derecho a la integridad familiar en el contexto de la detención de inmigrantes en el momento de las separaciones de los demandantes".
"El intento de los demandantes de distinguir los casos citados [en otros litigios] fracasa porque las sentencias en esos casos no se basaban en la razón por la que un adulto estaba bajo custodia" del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, agregó.
"Lo que es importante es que en cada caso los padres y hijos ya no se encontraban físicamente juntos debido a la detención o expulsión de los padres por motivos migratorios y las cortes concluyeron que el derecho constitucional a permanecer juntos no existía o no estaba claramente establecido", concluyó.