El Gobierno de Joe Biden revocó de forma definitiva este viernes una medida aprobada por el expresidente Donald Trump que permitía el arresto y la deportación exprés de ciertos inmigrantes sin concederles siquiera la posibilidad de una audiencia en corte.
Las expulsiones exprés se aplicaban ya desde hace décadas a migrantes que lleven menos de 14 días en el país y estén a menos de 100 millas de la frontera, pero Trump amplío en 2019 su alcance para incluir a cualquier indocumentado, incluidos a aquellos a más de 100 millas de la frontera, que no pudiera demostrar que llevaba viviendo en el país de forma ininterrumpida por dos años o más.
Esta ampliación de esta norma fue cuestionada ante la justicia pero finalmente se puso en marcha en octubre de 2020. Desde entonces, ha afectado a un grupo reducido de migrantes, según los datos federales obtenidos por el medio informativo BuzzFeed News.
Al menos 17 migrantes fueron deportados tras la ampliación impulsada por Trump. Desde la llegada de Biden a la Casa Blanca en enero de 2021 hasta fines de agosto de 2021, otros cuatro migrantes fueron expulsados, según el citado medio. Entre ellos estaba una persona que no tenía una visa válida en el área de Dallas, y otra que ingresó al país sin papeles a través de Texas a fines de junio de 2021.
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La decisión de Biden se da a conocer mientras decenas de miles de migrantes aguardan en la frontera a que se revoque el llamado Título 42, también de la era Trump y continuado por Biden, que permite la expulsión inmediata de solicitantes de asilo escudándose en el riesgo que suponen por la pandemia del COVID-19.
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El Gobierno de Biden anula en cualquier caso la ampliación de Trump pero no la norma original, que permite la deportación exprés de migrantes que están a menos de 100 millas de la frontera y que han estado en el país por menos de 14 días.
Aunque pueda parecer que 100 millas de la frontera no son muchas, dos tercios de la población del país vive en áreas afectadas por ese límite, puesto que se considera que el océano también es frontera.
A quiénes puede afectar esta deportación exprés
La deportación exprés o "revocación acelerada", como se llama oficialmente, se estableció por primera vez por ley en 1996 para aquellos migrantes indocumentados o aquellos que han cometido fraude o tergiversación. Desde 2014, las autoridades federales comenzaron a aplicarla para expulsar sin derecho a una audiencia ante un juez de inmigración a quienes son detenidos a menos de 100 millas de la frontera y llevan menos de 14 días en el país.
La ley establece que no se puede aplicar a residentes permanentes con green card o solicitantes de asilo. Como normal general, el Departamento de Seguridad Nacional aplica la expulsión exprés sólo a ciudadanos mexicanos y canadienses con antecedentes criminales o de infracciones migratorias, así como a personas de otros países que transitan por la frontera con México o Canadá, indica la organización American Immigration Council en un análisis.
Los solicitantes de asilo tienen derecho a ser remitidos a un oficial para una entrevista para determinar si tienen un “temor creíble” de persecución en sus países de origen para tramitar su caso en corte.
Los peligros detrás de esta política
Si bien la ampliación aprobada por Trump tuvo un alcance limitado, defensores de los migrantes creen que ataca los derechos del debido proceso, como el derecho a un abogado y una audiencia migratoria.
No existe derecho de apelar la decisión de un oficial de inmigración de deportar a alguien a través de una expulsión acelerada, por lo que el agente que toma la decisión prácticamente tiene autoridad sin control, haciendo de fiscal y juez, denuncian, lo que además aumenta el riesgo a deportaciones bajo condiciones erróneas.
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Expertos señalan además que la gran mayoría de los inmigrantes no autorizados han vivido en EE.UU. durante 10 años o más, pero este tipo de políticas infunde miedo en la comunidad. Puede ser difícil para una persona demostrar rápidamente que lleva años en el país, para lo que debe contar con datos bancarias, contratos de alquiler, registros escolares o de empleo u otros documentos.
Cómo expandió Trump su alcance
Los agentes fronterizos han utilizado durante tiempo la expulsión acelerada cerca de la frontera, independientemente de cuál sea el Gobierno de turno. Sin embargo, Trump aprobó un cambio sin precedente en julio de 2019, ampliando la política para que pudiera usarse en cualquier parte del país y para cualquier persona que no pudiera demostrar que había vivido en los EE.UU. más de dos años.
Su Administración argumentó que el cambio permitiría “abordar de manera más efectiva y eficiente” la cantidad de inmigrantes no autorizados y garantizar una “pronta expulsión del país”.
La política fue bloqueada por un juez federal en 2019 y luego nuevamente autorizada por un tribunal de apelaciones en 2020.
El octubre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) publicó una guía sobre cómo usarla. Todos los inmigrantes tendrían que mostrar “a la satisfacción de un oficial de inmigración, que han estado físicamente presentes en los Estados Unidos continuamente” durante dos años o más, se indicó.
Al asumir, Biden ordenó a sus funcionarios revisar la política y decidir si debía ser modificada o revocada. En octubre de 2021, había sido suspendida hasta que dicha revisión concluyera.
