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El Gobierno critica pero obedece la orden judicial de restablecer 'Quédate en México' y negocia con AMLO cómo devolver a solicitantes de asilo

La Administración Biden confía en que su recurso a la decisión de un juez de Texas permita acabar con este programa, y recuerda que, pese a que la Corte Suprema le obliga a mantenerlo entre tanto, también sigue en vigor el Título 42 en la frontera.

El Gobierno de Joe Biden criticó este martes la decisión de la Corte Suprema que avaló el fallo de un juez de Texas y le obligó restablecer de inmediato el programa Quédate en México, una política creada por el expresidente Donald Trump para forzar a los migrantesa esperar en el país vecino durante meses o años a que se resuelvan sus solicitudes de asilo.

Pero confió así mismo en que su apelación de la decisión del juez de distrito le permita cancelar el programa de forma definitiva, y recordó que el Título 42 (otra medida de Trump, en este caso para devolver a los migrantes en la frontera sin ofrecerles asilo debido a la pandemia de coronavirus) sigue en vigor.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que "discrepa respetuosamente de la decisión de la corte del distrito y lamenta que la Corte Suprema se haya negado a emitir una suspensión" tras requerir una petición de emergencia para no tener que reactivar este mecanismo migratorio.

 

 

"El Departamento de Seguridad Nacional ha recurrido la orden de la corte del distrito y seguirá impugnándola enérgicamente", aseguró en un comunicado.

Mientras este recurso sigue su curso ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, la Administración Biden asegura que cumplirá el fallo de la Corte Suprema "de buena fe", por lo que las devoluciones a México se reanudarán en las próximas horas.

[La Corte Suprema valida la decisión judicial que obliga a Biden a restablecer ‘Quédate en México’]

Para ello, el Departamento de Seguridad Nacional ha entablado ya conversaciones diplomáticas con el Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador sobre el futuro de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), nombre formal del programa Quédate en México

La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana confirmó dicho contacto, pero puntualizó: "México no es parte del proceso judicial, el cual trata sobre una medida unilateral estadounidense", dijo el jefe de la unidad para América del Norte de Velasco de la Secretaría de Exteriores, Roberto Velasco.

 

 

Los antecedentes judiciales

Biden suspendió el programa Quédate en México el mismo día que llegó a la Casa Blanca en enero, y puso fin definitivamente a esta medida en junio. 

Pero el juez federal del distrito Norte de Texas, Matthew J. Kacsmaryk, ordenó el 14 de agosto restablecer el programa en un plazo de una semana, en respuesta a una demanda presentada por los estados de Texas y Missouri.

Sus gobernadores, que han impulsado demandas judiciales para reintroducir algunas de las políticas antiinmigrantes de Trump anuladas por Biden, alegaron que así se bajará el flujo de migrantes que llegan a la frontera sur.

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El Gobierno de Biden apeló la decisión del juez Kacsmaryk el 17 de agosto, ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito (que aún no ha decidido sobre el fondo de la materia), y presentó al mismo tiempo un recurso para paralizar su implantación hasta que se resuelve el caso en los tribunales.

La Corte de Apelaciones rechazó ese recurso, y la Corte Suprema validó ese rechazo, de forma que Quédate en México tendrá que reanudarse al menos hasta que haya una decisión judicial definitiva sobre su futuro. 

Pese a este revés judicial, el Gobierno asegura que tiene autoridad clara para determinar qué política migratoria aplicar, y que su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, cuenta con discreción para decidir si devuelve o no a los solicitantes de asilo a México.

 

 

Las organizaciones críticas del programa alegan que impide a los migrantes obtener ayuda legal profesional en sus casos en Estados Unidos, al mismo tiempo que envía a decenas de miles de personas vulnerables a las ciudades fronterizas mexicanas, donde pueden ser víctimas del crimen organizado.