La Administración Biden está ampliando el uso de monitores en los tobillos de migrantes con hijos como parte de un programa para aumentar la vigilancia de quienes son liberados para llevar sus procesos de asilo dentro del país y acelerar las deportaciones de los que no resultan elegibles, informó el jueves el diario The Wall Street Journal.
La nueva política busca hallar un punto medio entre mantener detenidos a los padres con sus hijos en prisiones o liberarlos para que esperen años por una comparecencia en una corte de inmigración, según oficiales citados por el periódico.
La medida es parte de las iniciativas puestas en vigor después del fin del Título 42, que la Administración Trump implementó durante la pandemia de COVID-19, y permitía expulsar inmediatamente a quienes buscaban asilo en el país.
Funcionarios del Gobierno han comentado en ocasiones anteriores sobre la iniciativa, conocida como Gestión de Deportación Familiar Acelerada (FERM, por sus siglas en inglés), como una manera efectiva de determinar qué familias cumplen los requisitos para solicitar asilo y cuáles no.
Esa política ha sido criticada por grupos defensores de los migrantes porque, han afirmado, hace más difícil que aquellas personas que huyen de la violencia, hambrunas o pobreza reciban asilo en Estados Unidos.
De acuerdo con cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), hasta la fecha unas 62,000 personas han sido colocadas en el programa FERM.
A los cabeza de familia de esos grupos, una vez que son liberados en la frontera, se les permite viajar a su lugar de destino en Estados Unidos con un monitor con un sistema de geolocalización (GPS) en su tobillo y se les exige estar en casa de 11 p.m. a 5 a.m., además de ser chequeados frecuentemente por un agente de ICE.
Los adultos colocados en el programa FERM generalmente tienen una entrevista inicial con un oficial de inmigración semanas después de su arribo. Aquellos que no cumplen los requisitos para solicitar asilo son rápidamente deportados, a menos de que aprovechen la oportunidad de apelar su caso ante un juez, por una vez, durante una audiencia que generalmente tiene lugar días o semanas después del fallo inicial.
El Gobierno informó a comienzos de agosto que iba a extender a más ciudades el programa FERM.
Durante julio tuvo lugar un incremento de 34% de los arrestos de familias en la frontera sur, en comparación con el mes de mayo, y llegaron a poco más de 60,000.
Por su parte, las detenciones de adultos solos, quienes generalmente son deportados en cuestión de días, cayeron casi a la mitad: 62,000.
Al referirse a las personas que se encuentran en el programa FERM, Jess Hunter-Bowman, abogado sénior del National Immigrant Justice Center, afirmó que "no están bajo custodia de ICE pero sí son intensamente monitoreados al punto que parece un arresto domiciliario".
Menos del 2% de las familias detenidas en la frontera en los últimos meses han sido seleccionadas para entrar al programa FERM. Sin embargo, funcionarios de la Administración Biden dijeron a The Wall Street Journal que el programa se está ampliando de manera rápida. La idea es que la mayoría de las familias que cruzan la frontera ilegalmente sean integradas al mismo.
A las familias de inmigrantes que no están en el programa FERM se les permite permanecer en el país a la espera de una fecha para presentarse en corte, algo que a veces toma años.
"Nuestra posición es que si se trata de una alternativa a la detención, es un paso en la dirección correcta [...] Pero creemos que los tiempos y el enfoque en la velocidad por encima de la justeza y el debido proceso están afectado negativamente el programa", afirmó Cindy Woods, asesora de política nacional del grupo de defensa y ayuda legal Americans for Immigrant Justice, con sede en Miami.
Además de acelerar el procesamiento de las familias, el Gobierno ha aumentado los requisitos para poder solicitar asilo para quienes crucen la frontera de manera ilegal.
El 11 de mayo, entraron en vigor esas nuevas reglas, que habían sido anunciadas por la Administración Biden a inicios de 2023. Las mismas establecen, entre otros puntos, que los inmigrantes que no usen caminos legales para ingresar a Estados Unidos no serán elegibles para el asilo.
Quienes no cumplen con los requisitos son ahora procesados bajo el Título 8 de la ley de inmigración vigente que, además de la expulsión, establece "una prohibición de admisión de cinco años y posibles acciones penales en caso de que [los migrantes] intenten reingresar [a Estados Unidos]”, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los solicitantes de asilo, además, deben demostrar "temor a ser perseguidos o torturados" en su país de origen y pasar una entrevista —popularmente conocida como entrevista de miedo creíble— con un funcionario de asilo.
De finales de mayo al fin de julio, poco menos de la mitad de los migrantes que fue procesados bajo los nuevos requisitos pudo cumplirlos. Antes esa cifra se elevaba a 90% de los solicitantes de asilo.
Con información de The Wall Street Journal.