El Departamento de Justicia recurrió este jueves ante una corte de apelaciones para revocar la decisión de una jueza de Nevada que anuló una ley de 1929 que penaliza la re-entrada de inmigrantes al país tras su deportación, pero admitió que, tal y como dictaminó la magistrada, la aprobación de la norma tuvo una motivación racista.
La juez de distrito Miranda Du de Reno ordenó en agosto de 2021 archivar el caso contra el inmigrante mexicano Gustavo Carrillo-López al considerar que la ley conocida como Sección 1326 violaba sus derechos constitucionales y era discriminatoria contra latinos.
Fue la primera sentencia de este tipo desde que el Congreso tipificó como delito, hace casi un siglo, el regreso a Estados Unidos tras la deportación; y supuso una importante victoria para los defensores de una reforma migratoria. Pero el Gobierno de Joe Biden decidió este jueves recurrir el fallo ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en Pasadena, California.
“No creo que un estatuto federal pueda caer porque una jueza crea que es discriminatorio”, argumentó Scott Meisler, abogado del Departamento de Justicia. Dijo que el Gobierno es “muy consciente” de la “problemática” intención de la Ley de Extranjeros Indeseables de 1929, que se centraba en gran medida en la inmigración desde México, pero reprochó a la jueza que basara su fallo en la norma original y no en el estatuto revisado promulgado por el Congreso en 1952, conocido como Ley de Inmigración y Nacionalidad.
La sección 1326 del código revisado penaliza la entrada en Estados Unidos de cualquier persona a la que se le haya denegado la admisión, o que haya sido expulsada o deportada anteriormente.
“Ese estatuto, tal como fue promulgado en 1952 y enmendado desde entonces, es constitucional bajo los principios de igualdad de protección”, dijo Meisler a la Corte de Apelaciones, “y el tribunal de distrito en este caso es el único del país que concluye lo contrario”.
En su fallo, Du escribió que la revisión de 1952 no logró “limpiar” las “raíces racistas y nativistas” de la ley de 1929, y añadió que las enmiendas al artículo 1326 a lo largo de los años “simplemente han hecho que la disposición sea más punitiva y ampliado su alcance”.
Erwin Chemerinsky, abogado de Carrillo-López, rebatió las razones del Departamento de Justicia ante la Corte de Apelaciones, pidiendo que se mantenga el fallo porque “el estatuto de 1929 fue la base de la nueva promulgación de 1952, y es la base de la ley que existe hoy".
“Es revelador que el Gobierno admitiera que la ley de 1929 estaba motivada por una intención discriminatoria”, dijo el abogado.
Este caso puede tener implicaciones mucho más amplias, puesto que si la justicia (la última palabra quedaría previsiblemente para la Corte Suprema) confirma la sentencia de Du, el Gobierno ya no podría procesar judicialmente a los migrantes que regresen tras ser deportados.
Ann García, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración, una organización sin ánimo de lucro, indicó tras la audiencia: "La Corte de Apelaciones tiene la oportunidad de garantizar que una ley que se basa en la supremacía blanca y la xenofobia ya no se utiliza para procesar injustamente a los inmigrantes de color”.