Cuando Estados Unidos deje de considerar al COVID-19 como emergencia nacional a partir de mayo, también es probable que termine de manera abrupta la aplicación del Título 42, la norma sanitaria que ha servido desde 2020 para expulsar a millones de migrantes a México, bajo el argumento de la pandemia.
La orden de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que instauró el Título 42 establece que la norma se mantendrá en vigor hasta que el país deje de considerar al coronavirus como una emergencia de salud pública, o hasta que el peligro haya disminuido y los CDC decidan que ya no es necesaria.
Ante la posible terminación abrupta del Título 42, una fuente de la Casa Blanca dijo a NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo, que la fecha del 11 de mayo dará suficiente tiempo al Gobierno para prepararse para un posible aumento del flujo de migrantes por la frontera sur.
La Administración de Joe Biden ya había tratado de levantar la norma sanitaria, cuyo fin estaba previsto para el 21 de diciembre, pero luego de una demanda presentada por estados republicanos la Corte Suprema decidió mantenerla en pie, hasta escuchar argumentos a favor y en contra en marzo.
Oganizaciones de derechos humanos y congresistas demócratas han criticado por años la norma, que expone a los migrantes a peligros al ser devueltos a México y limita su derecho de buscar asilo y protección en Estados Unidos.
La expectativa de que el Título 42 terminaría, provocó en diciembre la llegada de cientos de migrantes a la frontera sur, quienes esperaban poder entrar al país si se levantaban las restricciones sanitarias.
Desde entonces, la Administración Biden ha puesto en marcha otras medidas para frenar la entrada de solicitantes de asilo, entre ellas el programa de parole humanitario que permite la entrada de 30,000 migrantes por vía aérea al mes, pero comprende la expulsión de otros 30,000.
Es probable que estados republicanos también demanden a la Administración Biden para mantener el Título 42 luego del 11 de mayo.
Ya 20 estados conservadores demandaron al Gobierno este mes para bloquear el programa de parole humanitario, que otorga permisos de viaje a solicitantes con patrocinadores en Estados Unidos, por considerarlo “ilegal”.