Por Jacob Soboroff, Julia Ainsley y Geoff Bennett - NBC News
WASHINGTON.- La Casa Blanca impidió que el Departamento de Justicia llegara a un acuerdo legal en octubre de 2019 para pagar servicios de atención psicológica a las familias migrantes que fueron separadas por política de la Administración de Donald Trump, de acuerdo con cuatro funcionarios de alto nivel, dos que siguen en sus puestos y dos que ya no trabajan para el Gobierno.
Tres de las fuentes que estuvieron involucradas en las discusiones sobre el plan (y que pidieron mantener el anonimato) dijeron a NBC News que la Oficina de Consejería Legal de la Casa Blanca rechazó el pacto legal para poner fin a una demanda a insistencia de Stephen Miller, el ideólogo de casi todas las políticas migratorias de Trump, incluida la separación familiar en la frontera.
El Departamento de Justicia "contundente y unánimemente apoyaba el acuerdo legal, pero no todas las agencias involucradas compartían el apoyo", dijo una persona que aún trabaja en el Gobierno. "Al final se rechazó el acuerdo por indicaciones de la consejería de la Casa Blanca", agregó.
Otro funcionario indicó que "al final fue Stephen quien prevaleció. Él detuvo todo".
El rechazo al acuerdo legal significó un costo de seis millones de dólares del dinero pagado en impuestos por los estadounidenses.
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Un funcionario actual de la Casa Blanca, que también pidió el anonimato para hablar libremente del asunto, no quiso explicar por qué se rechazó el pacto legal. Según él, Miller no estuvo involucrado "y cualquier sugerencia de que lo estuvo es falsa".
Después de nueve meses de negociaciones, que se dieron sobre todo en Los Ángeles, abogados del Departamento de Justicia y representantes de las familias separadas llegaron a un acuerdo tentativo de ocho millones de dólares para la revisión y asesoría médica y psicológica para miles de personas migrantes, dijo Mark Rosenbaum, abogado del despacho Public Counsel, que representó pro bono a las familias.
Rosenbaum dijo que había mucha presión para alcanzar un acuerdo rápidamente.
"Muchos de estos niños creían que sus papás los habían abandonado a propósito y mientras más se tarde uno en atender esos traumas mucho mayores son sus consecuencias", dijo el abogado. "Teníamos un pacto y era uno bueno. Todos nos sentíamos bien sobre lo que habíamos alcanzado. Luego regresaron y de repente dijeron que ya no", añadió.
Los defensores legales del Gobierno recomendaron a sus superiores en Washington que aceptaran el acuerdo. La vicefiscal general Claire Murray, del Departamento de Justicia, comentó los detalles con la Consejería Legal de la Casa Blanca. Y fue entonces que el pacto fue rechazado, según las cuatro fuentes de la Administración.
Rosenbaum dijo que su impresión era que el Gobierno quería el acuerdo porque así evitaría ir a la fase de investigación y revelación de pruebas de una demanda, en la cual iba a haber entrevistas con los niños y niñas traumatizados por la política de tolerancia cero de Trump.
Un exfuncionario del Departamento de Justicia dijo que los temas migratorios casi siempre tienen que ser llevados ante la Casa Blanca y que ahí es común que Miller se involucre.
Al final, la demanda tardó seis meses más en resolverse.
En noviembre de 2019, un mes después de que se desmoronara el acuerdo, el juez del caso ordenó al Gobierno a pagar los servicios psicológicos. El Departamento de Justicia apeló, sin éxito.
Fue hasta marzo de 2020 que el Gobierno contrató, por 14 millones de dólares, a la ONG Seneca Family for Agencies para que realizara la la revisión y asesoría de las familias separadas.
Ese retraso significó que varias familias tardaron en conseguir la ayuda necesaria, y otras ni siquiera pudieron obtenerla. Seneca no pudo ayudar a todas las familias afectadas porque algunas fueron deportadas.
NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo, ha reportado que, además, los abogados en otra demanda todavía no encuentran a los padres de 666 niños y niñas que fueron arrebatados de sus familiares.
Seneca ha logrado entablar contacto con 500 familias migrantes; todas estas fueron reunidas y evitaron la deportación.
"Pero la reunificación no deshace el trauma provocado por la separación en sí. Es solamente el primer paso en el proceso de sanación. La necesidad de conectar a familias con estos servicios es urgente porque si el tratamiento se retrasa más eso puede acrecentar y empeorar el trauma", dijo Paige Chan, directora ejecutiva de Seneca.
Cheryl Aguilar, fundadora y terapeuta del Hope Center for Wellness en Washington D.C., uno de los grupos asociados con Seneca para dar los servicios de bienestar mental, dijo que están tratando a cuatro menores de edad separados de sus padres debido al caso.
Aguilar comentó que entre esos menores están una niña de 8 años que vive en terror constante de que su madre siquiera se vaya a otra habitación, y un niño preadolescente que empezó a mojar la cama en una regresión debido al trauma.
"Hubo demoras en que estos niños recibieran los servicios y eso causa demoras en que puedan mejorar", dijo la terapeuta.
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Amy Lally, del despacho legal Sidley Austin y otra de las abogadas que representa a las familias separadas, comentó que estaba "extremadamente frustrada de que el acuerdo se desmoronara" en octubre de 2019.
"Cuando el acuerdo no recibió el visto bueno final lo primero que me preocupó fue ¿cuánto tiempo se va a desperdiciar?", señaló Lally. Agregó que "los meses que se dedicaron a negociar el pacto legal", así como el tiempo adicional para resolver la demanda y para que el Gobierno finalmente contratara a Seneca, "fueron meses en los que las familias y menores de edad siguieron sufriendo, sin obtener un remedio del trauma impuesto por el Gobierno".