Estados Unidos y México tienen previsto anunciar este mismo jueves los términos del acuerdo alcanzado el miércoles para reiniciar en breve el programa migratorio Quédate en México, impulsado por el expresidente Donald Trump para retornar al país vecino a los solicitantes de asilo mientras se resuelven sus casos, según el diario The Washington Post.
Tras semanas de negociaciones, ambos Gobiernos finalmente convinieron reanudar presumiblemente la semana que viene esta política en las ciudades fronterizas de San Diego, en California, y Brownsville, Laredo y El Paso, en Texas.
Esta nueva versión del programa "será bastante parecida a la versión anterior", señaló otro funcionario conocedor de las conversaciones, aunque una de las principales novedades será que la Administración estadounidense ofrecerá a los adultos vacunarse contra el COVID-19.
Uno de las principales exigencias de México para alcanzar un acuerdo fue obtener la garantía de Estados Unidos de que los casos de asilo serán procesados con rapidez, con el fin de disminuir el tiempo que los migrantes deben pasar en su territorio a la espera de una resolución.
Otra de las concesiones que presuntamente ha hecho el Gobierno del presidente Joe Biden para lograr el acuerdo de México es apoyar la creación del programa Sembrando Oportunidades, anunciado el miércoles por las autoridades de ambos países.
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Se trata de una iniciativa para ofrecer becas y formación a jóvenes de Honduras, Guatemala y El Salvador para que encuentren empleo en su país de origen y así tratar de frenar el flujo migratorio hacia el norte.
Una posición incómoda
La reinstauración de esta política, conocida formalmente como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) pone a la Administración Biden en una posición incómoda, puesto que su intención es ponerle fin.
Biden cesó el programa cuando llegó a la Casa Blanca en enero, al considerar que era inhumana debido a la violencia que enfrentaban los migrantes en México. Los estados de Texas y Missouri demandaron al Gobierno en abril por suspenderlo y en agosto un juez federal de Texas ordenó a la Administración que restableciera la política a la espera del resultado de la demanda.
"El MPP tenía fallos endémicos, imponía costes humanos injustificables, detraía recursos y personal de otros esfuerzos prioritarios y no abordaba las causas profundas de la migración irregular", dijo al respecto en octubre el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
"El MPP no sólo socava la capacidad de la Administración para aplicar cambios fundamentales y muy necesarios en el sistema de inmigración, sino que no proporciona el proceso justo y las protecciones humanitarias que las personas merecen en virtud de la ley", agregó.
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El programa migratorio, que fue puesto en marcha por Trump en enero de 2019, llevó a miles de personas a subsistir en campamentos improvisados junto a la frontera, en condiciones lamentables y sujetos a la violencia y extorsión de criminales.
Sin embargo, el Gobierno de Biden ha seguido implementando —y defendiendo en otro caso judicial— la política de salud pública creada bajo el paraguas de restricciones por el COVID-19 y conocida como Título 42, que le permite retornar a la mayoría de solicitantes de asilo que llegan a la frontera sin escuchar siquiera sus casos.