Por Elliot Spagat - The Associated Press
SAN DIEGO (AP) — El presidente, Joe Biden, eliminó al mes de llegar al poder un sistema de revisión de solicitud de asilo acelerado, como parte de su impronta por desmantelar medidas de Donald Trump en la frontera sur que incluían la construcción de un muro. Pero ahora está preparando su propia versión de ese sistema.
Cuando el expresidente Donald Trump impuso controles rápidos de los pedidos de asilo, hubo duras críticas por parte de organismos de control internos del Gobierno mientras caía en picada el porcentaje de personas que lograban pasar esas entrevistas rápidas en las que debían mostrar su “miedo creíble” para que se les otorgue asilo en el país. El Gobierno de Biden ha insistido en que su revisión rápida de solicitudes es diferente: las entrevistas serán realizadas exclusivamente por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, en inglés), y no por agentes de la Patrulla Fronteriza, y todos tendrán acceso a un abogado.
La decisión de utilizar la vía rápida se produce en un momento en que se prevé un aumento de los migrantes en la frontera sur ante el fin el 11 de mayo del Título 42, la norma sanitaria establecida con la pandemia del COVID-19 que permite expulsar rápidamente a los solicitantes.
Normalmente, alrededor de tres de cada cuatro migrantes superan las entrevistas de miedo creíble, aunque son muchos menos los que finalmente obtienen asilo. Pero durante los cinco meses del programa de la era Trump, solo el 23% pasó la revisión inicial, mientras que el 69% fracasó y el 9% se retiró, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.
Aquellos que superan la selección inicial son generalmente liberados en Estados Unidos para llevar sus casos ante los tribunales de inmigración, lo que suele tardar cuatro años. Los críticos afirman que esta lentitud y acumulación de casos en los tribunales anima a más personas a solicitar asilo.
Una revisión de menos de tres días
El Gobierno de Biden pretende completar los controles de solicitudes de asilo en 72 horas, el tiempo máximo que la Patrulla Fronteriza puede retener a los inmigrantes según una política de la agencia que se ignora habitualmente.
Es un objetivo ambicioso. Actualmente se tarda unas cuatro semanas en completar un control. Bajo las revisiones aceleradas de Trump, alrededor del 20% de los inmigrantes estuvieron bajo custodia durante una semana o menos, según la GAO. Alrededor del 86% fueron retenidos 20 días o menos.
Probar “miedo creíble” o ser deportado
Para pasar las pruebas, los inmigrantes deben convencer a un funcionario de asilo de que tienen una “posibilidad significativa” de prevalecer ante un juez con el argumento de que sufren persecución en sus países de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.
Según el programa acelerado de la Administración Biden, quienes no cumplan los requisitos serán deportados “en cuestión de días o de pocas semanas”, declaró el jueves el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Los controles acelerados se aplicarán sólo a los adultos solteros, dijo Mayorkas.
A pesar de las garantías de la Administración de que la gente tendrá acceso a servicios legales, algunos defensores de los inmigrantes han indicado que tienen dudas al respecto. Katherine Hawkins, analista legal senior en el Proyecto de Supervisión Gubernamental, señaló a The Associated Press que a los defensores se les dijo que no se permitiría a los abogados dentro de las instalaciones de detención.
Más llamadas, ¿mejor acceso a abogados?
La Administración Trump utilizó revisiones rápidas desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020, cuando comenzó a usar la ley de salud pública de 1944 conocida como Título 42 para expulsar inmigrantes con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19. Las revisiones rápidas se encontraban entre las políticas de inmigración de la era Trump que Biden revocó en una orden ejecutiva de febrero de 2021.
La política de Biden se diferencia de la de su predecesor porque no limitará a los migrantes a una sola llamada telefónica. Pero no está claro cuántas llamadas pueden facilitar las autoridades estadounidenses, especialmente si no hay respuesta y los abogados vuelven a llamar, dijo Hawkins.
Este sistema se limitará inicialmente a los países de habla hispana a los que Estados Unidos tiene vuelos regulares de deportación, según indicó Hawkins y otras personas que conocen la nueva política. La Administración de Biden comenzó a realizar controles limitados este mes en Donna (Texas), en el Valle del Río Grande, y posteriormente los amplió a grandes tiendas de campaña en otras ciudades fronterizas, como San Diego, Yuma (Arizona) y El Paso (Texas).
Mayorkas, un exfiscal federal, no habló en detalle sobre el acceso a asesoría legal en declaraciones el jueves sobre una amplia estrategia que, además de las revisiones, incluye centros de procesamiento en Guatemala, Colombia y potencialmente en otros lugares para que las personas lleguen legalmente a EE.UU. a través de un aeropuerto.
“Hemos ampliado nuestra capacidad de retención y establecido equipos y procedimientos para que las personas tengan la posibilidad de acceder a un abogado”, dijo Mayorkas.
El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional cuestionó la falta de representación legal en el marco del control acelerado de Trump. Había cuatro teléfonos inalámbricos para que los migrantes compartieran cuando comenzaron las revisiones en El Paso, y los guardias los llevaron a una cabaña para consultar con abogados.
Más tarde se instalaron cabinas telefónicas, pero no tenían auriculares por razones de seguridad, lo que obligaba a los migrantes a hablar en voz alta y al alcance del oído de las personas que estaban fuera, dijo el inspector general.
Las instalaciones construidas bajo el mandato de Biden son más espaciosas y cuentan con muchas cabinas telefónicas, según las personas que las han visitado.
“Hay filas de cubículos, cerrados”, dijo Paulina Reyes, una abogada del grupo ImmDef que visitó un centro de detención de San Diego en marzo.
Temor de que perjudique a los solicitantes
La Administración no ha dicho cuántos abogados se han ofrecido para representar a los solicitantes de asilo. Hawkins dijo que los funcionarios dijeron a los defensores que están contactando a las empresas que ofrecen servicios de bajo costo o sin costo alguno para las personas en los centros de detención de inmigrantes.
Erika Pinheiro, directora ejecutiva del grupo de defensa Al Otro Lado, que trabaja en el sur de California y Tijuana (México), dijo que no se habían puesto en contacto con ella, pero que se negaría a representar a solicitantes de asilo en los controles acelerados. Explicó que los solicitantes llegan exhaustos y desconocen la ley de asilo, lo que dificulta su capacidad para contar eficazmente sus historias.
“Sabemos cómo son las condiciones. Sabemos que la gente no va a estar mentalmente preparada”, dijo.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha identificado a 480 ex funcionarios de asilo o con capacitación para ayudar a unos 800 en las revisiones aceleradas, dijo Michael Knowles, presidente del Consejo 119 de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, que representa a los funcionarios de asilo.