El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, promulgó este miércoles una dura ley migratoria que persigue la inmigración irregular y consolida su controvertido programa de reubicación. El texto fue respaldado por la mayoría conservadora de la Cámara de Representantes y el Senado estatales. Se prevé que entre en vigor el próximo 1 de julio.
"Nos estamos preparando para algunos tiempos turbulentos cuando tienes a un presidente que ha hecho la vista gorda a lo que ha sucedido en la frontera", dijo DeSantis durante la firma del texto sobre el mandatario demócrata, Joe Biden, de acuerdo con la estación local de NBC News en Tampa.
El gobernador denunció "la crisis fronteriza de Biden", en referencia a la presión que vive actualmente el límite entre Estados Unidos y México ante el inminente fin del Título 42.
Expertos y activistas explicaron a Noticias Telemundo que ésa es una de las contradicciones de la norma que se ha promovido como una respuesta a la inmigración reciente pero que afectará principalmente a personas que llevan años, incluso décadas, en el país y esperan iniciar o ya tienen un proceso migratorio en marcha.
La legislación podría ser desafiada legalmente por usurpar un rol que le compete al Gobierno federal, explicó a Noticias Telemundo Amien Kacou, abogado en Florida de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Además, parece que "pretende contradecir lo que dicen las autoridades federales de inmigración", aseguró, resaltando el "lenguaje vago" empleado para definir quién está de forma regular o no en el país.
Para él no queda claro, por ejemplo, si los inmigrantes que entraron a Estados Unidos con el parole humanitario —que la Administración Biden puso en marcha para venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos— serán considerados como personas que entraron de forma irregular, pese a que la medida redujo drásticamente los cruces en la frontera sur en meses recientes.
"Todas estas preguntas persisten debido a cómo se promovió la ley", afirmó, considerando que se "tergiversó" como una medida de "seguridad pública".
"Hay una tergiversación sobre el hecho de que los inmigrantes son una amenaza para Florida sólo por ser inmigrantes", indicó. Para él hay una "estigmatización" de los inmigrantes: "Pocas cosas funcionan mejor en política que estigmatizar a las personas", apuntó.
La ley promulgada por DeSantis proporciona 12 millones de dólares a la iniciativa de reubicación de migrantes que él mismo ha impulsado, y que el año pasado se materializó con el envío de un grupo de migrantes que llegaron a Texas a Martha’s Vineyard, en Massachusetts, una acción dirigida a protestar contra la política migratoria del Gobierno federal.
También prohíbe a los gobiernos locales otorgar fondos a organizaciones que emitan documentos de identidad a personas que se encuentran de manera irregular en el país e invalida las licencias de conducir emitidas en otros estados en posesión de inmigrantes no autorizados.
Por otro lado, obliga a los hospitales que acepten a pacientes inscritos en el programa Medicaid a incluir una pregunta de ciudadanía en los formularios de ingreso, algo que según los críticos de la nueva legislación pretende disuadir a los inmigrantes irregulares a buscar atención médica.
DeSantis ha convertido la lucha contra la migración irregular en una de las prioridades de su agenda de cara a su probable postulación a las elecciones presidenciales de 2024, cuya candidatura se espera que presente en las próximas semanas.
Además, el mismo gobernador describió el texto como una contrapropuesta a la política fronteriza de Biden: "Seguiremos tomando medidas para proteger a los residentes de Florida de las imprudentes políticas federales de fronteras abiertas", dijo hace unas semanas pese a que se ha desmentido repetidamente ésta afirmación que alega que no hay control sobre quién entra al país.
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"El gobernador y la Legislatura quieren que pensemos que esta propuesta de ley es la respuesta a un problema o una crisis", subrayó a Noticias Telemundo Oscar Londoño, codirector ejecutivo de WeCount!, una organización que reúne a inmigrantes que laboran en el sector de la agricultura, construcción y limpieza en Florida.
"La crisis verdadera que estamos sufriendo es que las rentas aumentan, los trabajos son precarios y que los políticos no están respondiendo a lo que necesitamos y lo que merecemos", afirmó. Para él, la norma busca ganar "puntos políticos para su base y no gobernar, liderar y solucionar los problemas que afectan a millones" de personas que viven "en su estado, localidades y ciudades".
Pese a que algunos de los puntos más controversiales del proyecto fueron diluidos o tachados de la versión de 50 páginas aprobada por la Cámara estatal —como el castigo a personas que viajan o viven con inmigrantes indocumentados dentro del estado— expertos advierten que aún es una medida severa.
La norma considera “tráfico de personas”, y un delito grave de tercer grado, que alguien “transporte a este estado” a un inmigrante que llegó al país de forma irregular y “no ha sido inspeccionado por el Gobierno federal desde su entrada”.
"Una persona comete un delito separado por cada individuo que transporta a este estado en violación de esta sección", sentencia.
"Hay claras preocupaciones constitucionales que se desencadenan por esta ley", insistió Kacou y "una verdadera extralimitación por parte del estado en materia de inmigración".
"Puede haber desacuerdos en el terreno político, pero en las políticas no es tarea del estado intervenir", enfatizó.