Por Ediberto Román - The Conversation
Los niños que llegan a la frontera sur sin sus padres han representado un desafío político y humanitario para los últimos tres presidentes.
Los cruces de estos menores comenzaron a aumentar considerablemente en 2009, cuando fueron interceptados en la frontera 19,418, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), y alcanzaron su cénit en 2014 con 68,000 detenciones.
Los analistas creen que 2021 puede superar ese récord, con más de 600 niños que llegan diariamente a la frontera entre Estados Unidos y México. La mayoría son adolescentes en busca de asilo.
Los informes de niños alojados en albergues o instalaciones similares a cárceles han puesto al presidente Joe Biden a la defensiva sobre lo que los críticos denominan una "crisis en la frontera".
En su primera conferencia de prensa, la semana pasada, Biden enfatizó repetidamente que su práctica es diferente a la del expresidente Donald Trump: "No estamos hablando de gente arrancando a bebés de los brazos de sus madres", aseguró el presidente, quien agregó que su Administración está actuando "rápidamente para sacar a estos niños de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza".
La inmigración infantil ha sido durante mucho tiempo un asunto tan crítico para ambos partidos políticos por cuatro razones principales, de acuerdo con mis investigaciones como estudioso de este tema y el análisis de docenas de artículos de revisión de leyes.
Los niños necesitan cuidados
Los niños migrantes no pueden simplemente conseguir un trabajo y valerse por sí mismos al llegar al país. Necesitan alojamiento, educación y alimentos. Si bien algunos pueden tener familiares junto a ellos o en Estados Unidos, muchos no cuentan con ello.
El Departamento de Salud (HHS, por sus siglas en inglés), debe hacerse cargo de los niños no acompañados dentro de las 72 horas posteriores a su detención por parte de CBP. Mientras se resuelve su situación legal como inmigrantes o solicitantes de asilo, un trámite que puede demorar más de dos años, intentan poner a los niños en contacto con sus padres, otros familiares o allegados.
Un niño que no tiene a nadie en Estados Unidos es llevado a un refugio autorizado mientras su solicitud de asilo o proceso migratorio avanza. Asociaciones sin o con fines de lucro operan más de 170 instalaciones para el alojamiento de menores en 22 estados, recibiendo para ello subvenciones federales.
La Administración de Trump recortó drásticamente los fondos federales de los servicios para acoger a niños migrantes, lo que obligó a cerrar muchos albergues y oficinas de reasentamiento. Biden dice que su Gobierno “está actuando con rápidez para tratar de poner en marcha lo que [Trump] desmanteló". Para abordar la creciente migración infantil y la escasez de instalaciones, ordenó que se pusieran a disposición 16,000 camas adicionales para albergar a estos niños.
El cuidado es costoso
A diferencia de los aproximadamente 11 millones de adultos indocumentados en Estados Unidos -una fuerza de trabajo vital que, según los estudios, impulsa sectores clave de la economía como la agricultura y la construcción-, los niños indocumentados requieren recursos económicos.
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Un subcomité de la Cámara de Representantes celebró en 2014 una audiencia sobre el récord de llegadas de niños de ese año. Como observó el representante Raúl Labrador, "el impacto se ha sentido en todo el país, imponiendo una variedad de costos, como para la educación, la atención médica, la policía y la justicia penal."
Los niños también necesitan traductores y asesoramiento legal durante sus procedimientos de inmigración, y no pueden pagar estos costes. Corresponde a los Gobiernos federal, estatal y local, así como a las organizaciones sin fines de lucro, proporcionar servicios legales. A pesar de estos esfuerzos, se calcula que entre el 75% y el 90% de los niños se someten a procedimientos de deportación sin un abogado que los represente, aunque en la práctica rara vez son expulsados.
Las comunidades en las que los niños son finalmente colocados soportan el peso de la inmigración juvenil, recibiendo cientos de recién llegados o más cada año.
"Sólo Texas recibió casi 5,300 niños en un periodo de siete meses a principios de este año. El condado de Miami-Dade, en Florida, informó que tuvo 300 estudiantes más en un solo trimestre del año pasado, lo que cuesta unos 2,000 dólares más por estudiante adicional", dijo Labrador en 2014.
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El Gobierno federal proporciona recursos para ayudar a cubrir estos costos. Pero la planificación del presupuesto es difícil, ya que los funcionarios de la ciudad no siempre están informados de cuándo van a llegar los niños. El Departamento de Salud también se ha enfrentado a las críticas por no hacer un seguimiento de los niños una vez que se colocan con los patrocinadores.
El cuidado es complicado
Estos dos últimos aspectos se combinan para crear un incentivo para que los responsables políticos simplemente exijan que estos niños sean devueltos a sus países de origen.
Pero muchos de estos niños se enfrentan a la violencia en sus países de origen y, por tanto, buscan asilo político. Como sugirió Biden durante su primera conferencia de prensa, enviarlos a casa violaría la ley, que exige la protección de aquellos que se enfrentan a un temor bien fundado de persecución.
Estados Unidos también tiene obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del derecho internacional, incluida la prohibición de devolver a los refugiados a un país en el que se enfrentarían a "tratos crueles, inhumanos o degradantes, tortura u otros daños irreparables".
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Siguiendo el derecho nacional e internacional, Estados Unidos debería ponerse en contacto con las familias de los menores no acompañados para asegurarse de que los padres son conscientes de que sus hijos están aquí y consienten en que residan en el país, quizás de forma permanente.
Pero encontrar a estos padres, especialmente en zonas remotas de Centroamérica, puede ser difícil. Es posible que los niños más pequeños sólo conozcan el nombre de sus padres, pero no su dirección ni su número de teléfono. A veces, la información de contacto que tienen está obsoleta o es incorrecta.
Los migrantes no votan en las elecciones
Todos estos son grandes problemas, pero el Gobierno ha resuelto grandes problemas antes. Entonces, ¿por qué sigue luchando para tratar eficazmente el problema de los niños migrantes, que dura ya una década?
La razón principal, en mi análisis: la política.
Los inmigrantes indocumentados -y en particular los niños- no son electores de ningún político de Washington. No tienen voz en el sistema democrático estadounidense. Aunque los periodistas pueden informar, y de hecho lo hacen, sobre los problemas de inmigración, y los bufetes de abogados de interés público pueden representar, y de hecho lo hacen, a estos niños en los procedimientos de inmigración, los menores no acompañados simplemente no forman parte del bloque de votos de ningún político ni de su estrategia de reelección.
En consecuencia, la cuestión se suele pasar por alto o se maneja mal sin repercusiones políticas reales. La percepción de que una Administración presidencial permite que los niños sufran tiene un coste de relaciones públicas. Pero las investigaciones de las encuestas muestran que los votantes estadounidenses no dan prioridad a la inmigración en su lista de prioridades.
Y los propios inmigrantes indocumentados y niños refugiados no pueden hacer responsables a los políticos de sus fracasos en la frontera.
Ediberto Román es profesor de Leyes en la Universidad Internacional de Florida.