La política de tolerancia cero de la Administración de Donald Trump no sólo separó a niños migrantes de sus familias en la frontera con México, sino también a menores que tenían ciudadanía estadounidense, según revela este martes un informe del periódico The New York Times.
Abogados y defensores de inmigrantes que están trabajando con el Gobierno de Joe Biden para reunificar a las familias revelaron al perdiódico que calculan que cientos de niños ciudadanos, hasta un máximo de posiblemente 1,000, fueron apartados de sus padres. Al momento, la información sobre este problema es escasa, señalaron.
“El Gobierno de EE.UU. apenas comienza a dar cuenta de la cantidad de ciudadanos estadounidenses que atravesaron este trauma inimaginable”, dijo Paige Chan, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Together and Free y miembro del equipo federal formado para reunificar familias.
En muchos casos, estos menores eran puestos en hogares de acogida por períodos largos de tiempo. Algunos de ellos, incluso, quedaron perdidos en el sistema y aún tienen que ser reunidos con sus padres, cinco años después de que se aplicó la política en 2018.
“Ni siquiera sabemos dónde están estos padres hoy, y si ellos saben o no dónde están sus hijos”, dijo Chan.
La mayoría de los niños eran ciudadanos, explican expertos, porque habían nacido en EE.UU. de padres inmigrantes. Sus familias en algún momento retornaron a sus países de origen con ellos, pero luego decidieron volver a cruzar la frontera escapando de la pobreza y la violencia en Centroamérica y México, y fueron detenidas.
Con política de tolerancia cero, el Gobierno de Trump perseguía penalmente a los migrantes que llegaban al país de manera ilegal y en consecuencia separaba a los adultos que venían acompañados de sus hijos menores de edad. Tuvo algunos programas pilotos, uno en El Paso, Texas, y otro en Yuma, Arizona, y se implementó oficialmente desde abril hasta junio de 2018, cuando una juez ordenó detenerla.
Cerca de 5,500 niños nacidos en el extranjero fueron separados. En su mayoría pasaron semanas lejos de sus familias, aunque en algunos casos fueron meses. Tenían distintas nacionalidades y edades, con cientos de ellos de menos de 5 años. Hasta febrero de este año, aún había casi 1,000 menores que no habían sido reunificados con sus padres.
Angelo Fernández, un vocero del Departamento de Seguridad Nacional, confirmó al periódico que hay un número, no especificado, de niños ciudadanos estadounidenses que quedaron atrapados en estas separaciones fronterizas y que el grupo de trabajo estaba “revisando los registros” para identificarlos.
Bajo otro sistema
Los niños ciudadanos no tuvieron ninguna ventaja por su estatus legal, indicaron expertos, sino que al contrario, su estatus puede haberles jugado en contra, ya que al ser estadounidenses quedaban bajo la supervisión de las autoridades estatales de bienestar infantil, lo que volvía más complejo el seguimiento de los casos. A nivel estatal, además, los tribunales de familia eran quienes decidían qué hacer con estos menores, aplicando distintos criterios y sin que haya un sistema unificado.
Los niños extranjeros, en cambio, fueron llevados a refugiados de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados, donde en algún momento se los agregaba a las bases de datos federales y se les daba la oportunidad de hablar con sus padres por teléfono.
Seis meses sin Yeisvi
Los niños ciudadanos, explicaron los abogados de inmigración, no podían ser llevados rápidamente a la ubicación de sus padres, ya que debían pasar por las burocracias estatales de los sistemas de acogida temporal o, en algunos casos, sus padres tenían que luchar en tribunales por la custodia.
Este fue el caso de Vilma Carrillo, quien fue separada en la frontera de Arizona de su hija Yeisvi, quien es estadounidense y tenía 11 años de edad en ese momento. Carrillo recordó en una entrevista con The New York Times que vio cómo los funcionarios de inmigración llamaban a una madre tras otra para reunirlas con sus hijos mientras estaba detenida en Georgia, y nunca la llamaron a ella. Luego, le dijeron que su hija había sido puesta en un hogar de acogida porque era estadounidense.
Logró reunirse con ella más de seis meses después, luego de que una organización de asistencia legal presentó una demanda en su nombre. Ahora viven juntas en Estados Unidos.
Con padres deportados
La situación de los menores estadounidenses era aún más difícil cuando los padres habían sido deportados a sus países de origen. “Teóricamente, un tribunal estatal de dependencia determinaría si lo mejor para el niño es que se reúna con uno de sus padres, incluso si el padre ha sido deportado o se enfrenta a una deportación inminente”, dijo Carlos Holguín, un abogado que ha representado a miles de niños inmigrantes bajo custodia federal. Por otro lado, si un juez decide no devolver un niño a un padre migrante y no hay un pariente estadounidense disponible, el niño puede ser colocado en un hogar de crianza hasta que cumpla los 18 años, dijo Holguín.
A los padres de ciudadanos estadounidenses no se les permite quedarse en Estados Unidos de modo automático: sus hijos, después de cumplir 21 años, deben patrocinarlos para que se les dé una tarjeta verde.
Cuándo serán reunificados
Debido a que los registros oficiales están dispersos e incompletos, el gobierno tardará meses en revisar archivos adicionales para identificar a padres e hijos separados y luego tratar de determinar su paradero en los Estados Unidos o en el extranjero, dijeron varios defensores de inmigrantes que han trabajado junto con el Departamento de Seguridad Nacional.
Leecia Welch, subdirectora de litigios de Children’s Rights, que litiga casos que involucran a niños en la frontera, dijo que el descubrimiento de tantos niños ciudadanos estadounidenses agregó un nuevo desafío a un ya de por sí complejo trabajo de reunificación de familias.
“Cuando piensas que no puede empeorar, te enteras de nuevos hechos que remarcan el horror de esta política”, dijo.
Chan dijo que su organización estaba al tanto de al menos 226 niños estadounidenses que habían sido enviados a la agencia de servicios de protección infantil en el condado de San Diego, California. Pero no existen registros de niños separados entregados a hogares de crianza en Arizona, Nuevo México y Texas.
Una política que indignó al país
La Administración Trump justificó en ese momento la política indicando que era un intento de disuadir a los miles de padres que, según funcionarios, estaban poniendo en peligro a sus hijos al llevarlos en peligrosos viajes a la frontera.
Por ley, los niños pueden ser separados de sus padres por su propia protección, por ejemplo, cuando sus madres dan a luz mientras están encarceladas, o cuando ha habido abuso o negligencia por parte de los padres. Sin embargo, las imágenes y los audios de niños implorando por sus padres al ser separados por la fuerza conmocionaron al país, causando indignación, y la política fue rescindida.
El Departamento de Seguridad Nacional puso fin de manera formal a la práctica de separar a los niños de sus padres tras cruzar la frontera de manera irregular tras la llegada de Biden a la Casa Blanca. Y uno de los objetivos del nuevo Gobierno ha sido el de reunificar a las familias que Trump apartó.
Padres y niños han relatado maltrato y una conducta más punitiva que protectora en los funcionarios estadounidenses. Cuando los padres llegaban a Estados Unidos, han contado, las autoridades de inmigración les quitaban a la fuerza a sus niños de sus brazos o los trasladaban a otras instalaciones mientras sus niños dormían. En algunos casos, los menores “desaparecieron” mientras sus padres estaban en los juzgados o recibiendo atención médica. No les daban ninguna explicación sobre por qué los estaban separando y si o cómo volverían a verlos.
Las familias reunificadas han sido elegibles para servicios de salud mental financiados por el Gobierno federal. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por siglas en inglés) está pidiendo que también se incluya en estos programas a los niños estadounidenses.
“Se trata de la tarea pendiente de reparar la política cruel que devastó a las familias y traumatizó a los niños”, dijo al periódico Mark Rosenbaum, abogado de Public Counsel, una oficina legal de interés público que ha representado a familias separadas.