Por Julia Ainsley - NBC News
Casi 600,000 migrantes que cruzaron la frontera de EE.UU. desde marzo de 2021 han sido liberados en EE.UU. sin ser acusados ni recibir una fecha para comparecer ante una corte migratoria, según datos obtenidos por NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo. Miles incluso han sido dados de baja del programa que se suponía que debía seguirles la pista.
La práctica, nacida de la necesidad a medida que el número de cruces fronterizos superaba los récords anteriores, supuso una ruptura con el protocolo de administraciones anteriores, que exigían que los inmigrantes recibieran documentos de acusación con una fecha de comparecencia ante el tribunal por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) poco después de ser detenidos.
La falta de documentos de acusación ha dejado a los inmigrantes de todo el país en un limbo legal sin fecha de juicio para determinar si pueden permanecer legalmente en EE.UU., dijeron sus abogados. Muchos viven en la sombra, sin poder trabajar y sin saber que se les está pasando el plazo de un año para solicitar asilo.
Los abogados de inmigración dicen que muchos clientes entran en sus despachos confusos y preguntándose cuál debe ser el siguiente paso en la búsqueda de la residencia legal.
“Muchas de las personas que están aquí quieren pedir asilo urgentemente. Quieren que se resuelva su caso lo antes posible. No quieren estar en el limbo”, afirmó Karlyn Kurichety, directora jurídica de Al Otro Lado, una organización de defensa de los inmigrantes.
Gran parte de las críticas a las políticas fronterizas de Biden, tanto por parte de republicanos como de demócratas, se han centrado en los migrantes mientras cruzan la frontera sur, pero se ha prestado menos atención a cómo la Administración está tratando a los migrantes después de que cruzan, un periodo de tiempo en el que se supone que el sistema judicial determina si pueden permanecer legalmente o no.
A finales de marzo de 2021, cuando empezó a aumentar el número de inmigrantes indocumentados que llegaban a la frontera sur, la CBP empezó a entregar a los inmigrantes lo que se conoce como “aviso de presentación”, en el que se les indica que se presenten en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en lugar de un “aviso de comparecencia”, en el que se indica a los inmigrantes cuándo deben comparecer ante un tribunal para determinar si serán deportados o se les concederá protección para permanecer legalmente en Estados Unidos.
Pero ese proceso resultó problemático, ya que surgieron informes de que muchos migrantes no se presentaban en las oficinas de ICE para recibir las citas judiciales.
Así que el ICE comenzó un nuevo programa en julio de 2021, según un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, conocido como Parole Plus Alternatives to Detention o Parole Plus ATD. El programa permitía a los migrantes ser liberados sin documentos de cargo mientras se rastreaba su paradero con monitores de tobillo, comprobando en una aplicación o telefónicamente.
Entre finales de marzo de 2021 y finales de enero de 2023, más de 800,000 migrantes fueron puestos en libertad con Avisos de Presentación o Libertad Condicional Plus ATD. Alrededor de 214,000 de ellos recibieron finalmente documentos de acusación con fechas de juicio, según datos obtenidos por NBC News, lo que significa que aproximadamente 588,000 no sabían cuándo o dónde presentarse para sus audiencias de asilo.
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NBC News informó por primera vez de que los agentes fronterizos del Valle del Río Grande recibieron instrucciones de empezar a liberar a los inmigrantes sin fecha de juicio en marzo de 2021, a medida que los centros de procesamiento fronterizo se abarrotaban y eran incapaces de procesar rápidamente a los niños que llegaban no acompañados, el primer gran desafío fronterizo de la presidencia de Biden.
El documento que instruía a los agentes fronterizos a liberar a los migrantes sin documentos de cargo decía que la medida estaba “destinada a mitigar los desafíos operativos, incluidos los riesgos para la seguridad nacional, durante oleadas significativas de migración ilegal como la que existe actualmente en el Valle del Río Grande”.
Desde entonces, la práctica se ha extendido a toda la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional había mantenido que los migrantes liberados sin documentos de cargo pronto recibirían citas judiciales en las oficinas del ICE en el interior del país. Hasta ahora no se sabía que cerca de 600,000 migrantes recién llegados siguen en libertad en Estados Unidos sin una vía clara hacia los procedimientos de inmigración.
Jeremy McKinney, un abogado de inmigración y presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que estaba incrédulo la primera vez que un cliente entró en su oficina con un documento de “Aviso de denuncia” en lugar de un documento de acusación de “Aviso de comparecencia”.
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“No podía creer lo que estaba viendo”, dijo McKinney. Pronto se dio cuenta de que los nuevos documentos no eran un resquicio de esperanza para los inmigrantes que deseaban evitar la deportación.
“Sólo conduce a más confusión entre la población que es la que huye de la persecución y la tortura”, añadió McKinney. “Los estás metiendo en esta espiral de confusión en la que en realidad no tienen tribunal durante varios años y están perdiendo la oportunidad de solicitar asilo”.
McKinney también dijo que es difícil para los migrantes que no han entrado formalmente en el proceso judicial mantener a ICE informado de su ubicación si cambian de dirección, lo que hace más difícil ver a través de un caso de asilo y más difícil para el Gobierno de mantener un seguimiento de los migrantes que cruzan.
Un portavoz del DHS dijo en un comunicado: “El DHS sigue procesando de forma segura, eficiente y eficaz a las personas que se encuentran en la frontera. Debido al aumento del número de migrantes, los componentes del DHS pueden facilitar la liberación provisional de los no ciudadanos que se colocan en los procedimientos de expulsión en espera de los próximos pasos en sus procedimientos de inmigración.
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Los individuos que son puestos en libertad provisional continúan con sus procedimientos de expulsión de inmigración, y tienen estrictos requisitos de presentación de informes.”
El 99.4% se presenta a la primera cita judicial
El Congreso sólo ha financiado a ICE para aproximadamente la mitad de la población actualmente en ATD, y dos altos funcionarios del DHS dijeron que se verán obligados a hacer recortes en el programa.
Los dos funcionarios dijeron a NBC News que ICE retirará a los inmigrantes del ATD, debido a los gastos del programa, si se determina que el inmigrante procede de un país que es reacio a acoger a los inmigrantes. Esto es particularmente cierto para la población migrante cubana en Florida, dijeron los funcionarios.
En un periodo de 10 días en enero, más de 25,000 inmigrantes fueron retirados del programa ATD, un 7% menos, según datos obtenidos por NBC News.
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Aunque algunos de esos inmigrantes podrían haber sido expulsados por haber sido deportados o por haber finalizado sus audiencias judiciales, los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia no han dado abasto. Desde octubre, sólo se han programado las vistas finales de 2,300 inmigrantes en situación irregular.
Sin embargo, los datos publicados por el ICE muestran que, cuando los inmigrantes se inscriben en el programa ATD y se les asignan fechas para comparecer ante el tribunal, el índice de comparecencia a la primera audiencia es del 99.4% y el de comparecencia a la audiencia final, del 95.7%.
El programa es mucho menos costoso que mantener a los inmigrantes detenidos y cuesta al Gobierno menos de un dólar al día por inmigrante, según cifras públicas publicadas por ICE. Pero como los cruces fronterizos de indocumentados siguen aumentando, y es probable que aumenten aún más cuando se levanten las restricciones fronterizas por el COVID-19, los costes podrían ser prohibitivos. Con las cifras y la población actuales, a ICE le cuesta unos 100 millones de dólares al año poner en marcha el programa ATD.