Por Damià Bonmatí
“Gracias, Mami, por todo lo que haces. Te amo mucho. Yo sé que eres una mujer fuerte y valiente. Juntas vamos a salir adelante… con la ayuda de Dios”. La hija adolescente de Liz, una inmigrante salvadoreña, ahora le deja mensajes como estos. De repente su hogar en Estados Unidos se llenó de dibujos, notas y post-its de colores que comunican a la joven y a la mamá. Son los avances visibles de la terapia que emprendieron juntas para superar el trauma.
Liz y su hija de 13 años fueron separadas durante meses por parte de la administración Trump bajo la política llamada tolerancia cero. Les pasó cuando llegaron a finales de 2017 a la frontera sur de Estados Unidos desde El Salvador. Buscaban asilo pero se convirtieron en una de las miles de familias distanciadas por el gobierno.
La mamá fue enviada a un centro de detención migratoria y la hija a un albergue de menores. “Mi hija sufrió muchos daños psicológicos porque fue una separación muy fuerte. No me dieron tiempo ni a decirle lo mucho que la amaba”, recuerda ahora la mamá. “En una llamada estaba llorando y me dijo: ‘mami, pensé que me habías abandonado”.
Un juez federal, John A. Kronstad, resolvió a finales de 2019 que esas familias sufrieron un trauma que no se cura tan solo con la reunificación. Por eso, obligó al gobierno de Estados Unidos a que ofreciera de manera gratuita evaluaciones de salud mental y tratamiento psicológico para ellas. Entre esas familias, están esta madre e hija salvadoreñas.
Para hacer cumplir el mandamiento judicial, el gobierno contrató a Seneca Family of Agencies, una agencia pública de California, para localizar a esas familias y conectarlas con servicios de ayuda mental gratuitos en sus comunidades antes de junio de 2021.
Así, Liz y su hija empezaron la terapia para trabajar en las cicatrices que esa separación dejó en ellas: los remordimientos de la madre por haber emigrado a Estados Unidos y las preguntas de la hija sobre qué habían hecho mal para ser separadas.
Seneca, bajo el programa Todo por mi familia, busca al menos a 2,700 familias inmigrantes, aunque miles más podrían haber sido separadas. Cuentan con un presupuesto de 14.5 millones de dólares para lograrlo, pero les está siendo difícil.
El demostrado caos con el que se implantó la política de tolerancia cero dentro del gobierno hizo complicado saber cuántos menores fueron separados de sus progenitores, dónde terminaron viviendo las familias, y cuál era la mejor manera de contactarlos.
De momento, solo han encontrado a unos cientos. Han llamado a teléfonos que ya no están operativos, a números que resultan ser un centro de detención de ICE, han buscado nombres en Facebook, enviado emails y colgado volantes en supermercados, lavanderías y asociaciones comunitarias. Y han activado un teléfono de ayuda, 844-529-3327.
“Esta población no confía en el gobierno”, dijo Yohanna Navarro-Pérez, directora del programa Todo por mi familia, a Noticias Telemundo en una entrevista digital. “Pero ellos deben saber que no vamos a compartir ninguna información o dirección con el gobierno, con ICE, con la Immigración. Y eso está bien claro en el contrato que firmamos con el gobierno”.
Cuando sí responden a esas llamadas y mensajes, se encuentran familias que quedaron con un pie encalladado en esa separación hace más de dos años. Como han demostrado varios reportes, los menores que fueron arrebatados de los brazos de sus progenitores han cambiado de muchas maneras.
Algunos no han reconocido a sus papás, se comportan mal o exhiben bruscos cambios de carácter. A otros les invade la ansiedad cuando el adulto se marcha de la casa, les vienen las ganas de chuparse el dedo como cuando eran bebés, les desaparece la capacidad de concentrarse o vuelven a hacerse pis al dormir.
“Hemos escuchado que muchos de los niños se pelean mucho o tienen discusiones muy fuertes y cambios drásticos del humor. Hay cambios de apetito, pierden peso o aumentan de peso”, describe Karina Acosta, coordinadora comunitaria de Todo por mi familia, quien se ocupa de contactar a las familias.
Acosta explica que los servicios mentales permitirán a las familias reducir su ansiedad, mejorar su autoestima, pensar con más claridad y desarrollar mejor sus interacciones dentro de la familia y en el mundo exterior.
La terapia está ayudando a Liz a ser más positiva, a comunicarse mejor con su hija y a empoderarse como inmigrante. “Quiero que sepan todos los padres que es hora que hablemos, que no callemos, que digamos todo, porque así podremos ser liberados de todo el daño psicológico que recibimos de parte de Inmigración”.
En el episodio de esta semana de nuestro podcast Yo Estuve Ahí, Julio Vaqueiro y Damià Bonmatí repasan las consecuencias de la política de tolerancia cero en miles de familias.