El Gobierno que preside Joe Biden planea restablecer a partir de la próxima semana el programa migratorio Quédate en México, creado por el expresidente Donald Trump para devolver al país vecino a los solicitantes de asilo a esperar durante los meses o años que tardan en resolverse sus casos en Estados Unidos, según informaron este jueves varias fuentes a la web informativa Axios. La fecha definitiva sigue pendiente en cualquier caso de un acuerdo con México.
Biden puso fin a esta política cuando llegó a la Casa Blanca en enero alegando que era inhumana debido a la violencia que enfrentaban los migrantes en México, pero la decisión de una corte federal le obliga a restituirla a la espera de que se resuelvan sus alegaciones.
El Gobierno promete vacunar contra el COVID-19 a los inmigrantes afectados, pero aún no ha aclarado si lo hará antes de devolverlos a México o cuando regresen para sus audiencias judiciales.
Las ciudades fronterizas de El Paso y Brownsville, en Texas, y San Diego, en California, serán las primeras en aplicar la medida, conocida formalmente como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), según explicó un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
La implementación del programa siguen en todo caso dependiendo de que México acepte en su territorio a los migrantes: "No podemos hacerlo hasta que tengamos el acuerdo independiente del Gobierno de México para aceptarlo", explicó Marsha Espinosa, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, al citado medio.
Dos fuentes citadas por Axios pusieron de relieve la preocupación que despierta el operativo de traslado de migrantes de México a Estados Unidos para que participen en sus audiencias judiciales, y la posibilidad de que deban viajar de noche pese a la alta criminalidad.
El futuro de Quédate en México era incierto desde que los estados de Texas y Missouri demandaron al Gobierno en abril por suspenderlo. En agosto, un juez federal de Texas ordenó a la Administración que restableciera la política a la espera del resultado de la demanda.
El programa migratorio, que fue puesto en marcha por Trump en enero de 2019, llevó a miles de personas a subsistir en campamentos improvisados junto a la frontera, en condiciones lamentables y sujetos a la violencia y extorsión de criminales.
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Organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de secuestros, violaciones y abusos a migrantes retornados.
En cualquier caso, el Gobierno de Biden ha seguido implementando —y defendiendo en otro caso judicial— la política de salud pública creada bajo el paraguas de restricciones por el COVID-19 y conocida como Título 42, que le permite retornar a la mayoría de solicitantes de asilo que llegan a la frontera sin escuchar siquiera sus casos.