El Gobierno que preside Joe Biden puso fin esta semana a un polémico sistema de cuotas para los jueces de migración, que medía su desempeño por el número de casos y la rapidez con la que los tramitaban. El sindicato de jueces migratorios celebró esta decisión y señaló que dicho sistema, impuesto por la Administración del expresidente Donald Trump, “violaba la ética” profesional.
El Departamento de Justicia ya no evaluará así a los jueces en función del número de casos que decidan, escribió esta semana el juez jefe Tracy Short en un correo electrónico dirigido a los 500 jueces de inmigración del país.
El entonces fiscal general, Jeff Session, impuso en 2018 una cuota de 700 casos al año a cada juez, independientemente de la complejidad de los procedimientos, para intentar remediar el atasco en las cortes migratorias, que retrasa la resolución de las peticiones de asilo por meses o años. Durante ese periodo, los inmigrantes pueden residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
La anulación ahora de esta medida supone “un paso en la dirección correcta hacia la restauración de una mayor medida de integridad a las cortes de inmigración”, aseguró Mimi Tsankov, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.
“Las métricas de rendimiento desarrolladas por la Administración Trump fueron una violación de la ética judicial; pertenecen al bote de basura”, agregó.
Tsankov aseguró que se están desarrollando nuevas medidas de rendimiento que “ reflejan con precisión la carga de trabajo de un juez de inmigración” y “se centrarán en el equilibrio y la equidad’’.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, que denunció la política del Gobierno de Trump en su momento, asegura que éste intentó silenciarlos para que no hablaran del sistema de cuotas.
“Creemos que estas medidas socavarán la fe del público en la imparcialidad de nuestras cortes [...] y crearán retrasos agobiantes en nuestros ya sobrecargados tribunales de inmigración e inundarán también los tribunales federales de apelación”, dijo entonces la exjueza de inmigración y presidenta de la asociación, Ashley Tabaddor, según reportó el portal de noticias Law360.
Cortes a punto del colapso
Los jueces llevan meses advirtiendo que el sistema para revisar casos migratorios está a punto del colapso.
El retraso en las cortes migratorias fue de 680,000 casos en febrero de 2018 y de 1.45 millones de casos en septiembre de 2021, según datos de la Universidad de Syracuse.
“Básicamente estamos resolviendo casos de la magnitud de una posible sentencia de muerte pero tenemos que hacerlo en un entorno pensado para casos rápidos como de infracciones de tránsito”, dijo en julio la jueza Dana Leigh Marks a NBC News.
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Entre las principales preocupaciones que tenían los cuatro jueces que hablaron con NBC News destaca que no hay suficientes jueces para revisar todos los casos, que necesitan personal de apoyo, y que sienten mucha presión política por parte del Departamento de Justicia.
[Los jueces migratorios no son magistrados del sistema judicial, un poder independiente del ejecutivo y el legislativo, sino que dependen del Departamento de Justicia.]
El Gobierno de Joe Biden ha tomado varias medidas para reducir el enorme retraso en las cortes migratorias. En agosto presentó un nuevo sistema de solicitudes de asilo para aprobar (y rechazar) más rápido a los inmigrantes en la frontera. Con esta medida, funcionarios de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) pueden aprobar o denegar solicitudes: la responsabilidad ya no recae en las cortes de inmigración, pero los inmigrantes no tienen la garantía de este procedimiento.
En julio, el fiscal general, Merrick Garland, revocó una orden del Gobierno de Trump que prohibía a los jueces de inmigración cerrar casos y retirarlos de su agenda si los consideraban de baja prioridad, con el objetivo de reducir la acumulación de expedientes de inmigración retrasados.