"Ayúdennos a salir de aquí", piden estos niños en centros de detención de ICE sin derecho a abogado ni a asilo

En 2019, el Gobierno emitió un reglamento que prohíbe el acceso al asilo a inmigrantes indocumentados que hayan cruzado por otro país. Dos tribunales federales declararon eso ilegal este verano, pero ICE se empeña en deportar a los menores.
/ Source: Telemundo

WASHINGTON.— *Antonio, de apenas 8 años, lleva año y medio encerrado en un centro de detención de ICE y sin acceso al proceso de asilo, al igual que otros 27 menores también en trámites de deportación expedita, por lo que este miércoles pidió la ayuda del público para salir en libertad.

Salvo que una corte intervenga, los 28 menores pueden afrontar un proceso de deportación tan pronto como este fin de semana, según afirmaron sus abogados en una llamada con periodistas.

“Casi todos los que estamos aquí ya no soportamos esto, por eso les pido un favor: ayúdennos a salir de aquí… la verdad, yo ya no quiero pasar la Navidad en este centro de detención; quiero pasarla con mi familia, mi papá”, agregó *Antonio.

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El niño y otras dos jóvenes de 15 años usaron pseudónimos para proteger su identidad al insistir en que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) los deje en libertad.

Los tres forman parte del grupo de 28 menores detenidos en instalaciones de ICE en Dilley, Texas, y en el condado de Berks en Pennsylvania.

 Sin protecciones legales en la “perrera”

 *Ana ya ha pasado dos cumpleaños en sus 437 días bajo encierro. Dice que le parece injusto que las autoridades le dieran a ella y a su madre apenas cinco minutos para hablar con una abogada.

“Nos entrevistaron a 48 horas de nuestra llegada aquí, sin saber qué era o a qué nos enfrentábamos, desveladas, cansadas, en medio de todo el proceso médico”, dijo *Ana, quien describió la instalación como una “perrera”.

“Nos dijeron que no teníamos derecho al asilo por no haberlo pedido en México, y nos hicieron muchas preguntas… cuando nos agarraron, nos dijeron que botáramos nuestras ‘porquerías’, así llamaron a nuestras pertenencias”, se quejó la joven.

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Por su parte, *Margarita, quien lleva 458 días detenida, dijo que muchos niños y jóvenes buscan refugio en EE.UU. porque en sus países han afrontado violencia o amenazas de muerte, y no es justo regresarlos.

“Si volviéramos, si las demás familias volvieran a sus países, seguramente serían asesinados… no queremos que nos regresen o que nuestros padres mueran”, como ha ocurrido en otros casos, enfatizó.

Muchos de los menores, de entre 2 y 18 años, llevan aproximadamente año y medio bajo custodia de ICE con al menos uno de sus padres, y no han tenido acceso al proceso de asilo tras ser detenidos en la frontera sur.

ICE niega acusaciones

Una portavoz de ICE, que pidió el anonimato, dijo a Noticias Telemundo que la agencia "se toma en serio sus obligaciones bajo el Acuerdo Flores", cumple con las órdenes judiciales, y ha reportado los casos de las familias en cuestión a las cortes. 

"Las familias han sido parte de varias demandas y apelaciones contra el gobierno, y siguen presentando demandas, lo que ha postergado su deportación pero también ha extendido su detención. A estas familias se les ha dado extensos procesos legales, pero se ha determinado que no tienen base legal para permanecer en EEUU", argumentó. 

El gobierno cumple con la ley al proveer a los extranjeros acceso a la vía legal pero quienes no tienen casos válidos para recibir alivio, protección, o derecho a quedarse en EEUU "serán devueltos a sus países de origen", puntualizó. 

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En julio de 2019, los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional emitieron un reglamento que, con pocas excepciones, prohíbe el acceso al asilo a inmigrantes indocumentados que hayan cruzado por otro país -en este caso México- antes de llegar a Estados Unidos.

Aunque dos tribunales federales declararon ilegal ese reglamento este verano, ICE se empeña en deportar a los menores, según los abogados, que calificaron su detención como una “tortura”.

Una corte federal suspendió su deportación, pero esa orden vence el próximo 22 de noviembre y eso los dejaría expuestos a la expulsión expedita a sus países de origen, incluyendo Guatemala, Honduras, El Salvador, Chile, Nicaragua y Haití.

Bridget Cambria, abogada del grupo Aldea-The People’s Justice Center, afirmó que las autoridades de la Oficina de Inmigración y Protección de Fronteras (CBP) cometieron irregularidades en las entrevistas sobre “miedo creíble” y sometieron a las familias a deportaciones expeditas.

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Los 28 niños y sus 23 familias “han peleado con uñas y dientes para que el Gobierno les conceda ese derecho (al asilo). Estamos llegando al punto de que pueden afrontar la deportación tan pronto como este fin de semana, pero estamos tratando de impedirlo”, aseguró Cambria.

El llamado ‘Acuerdo Flores’ de 1997 prohíbe la detención prolongada de menores, ya sea que hayan cruzado solos la frontera sur o llegaron acompañados de sus padres.

Shay Fluharty, abogada del Proyecto Dilley, señaló que las familias fueron interrogadas “en un ambiente hostil” por agentes sin capacitación para manejar casos de asilo, y no tuvieron acceso a un abogado antes de iniciar la fase de “miedo creíble”.

Inmigrantes que buscan asilo caminan hacie el Centro Residencial Familiar de ICE South Texas, en Dilley, Texas.AP

Todo eso contribuyó a que no pasaran esa parte clave del proceso de asilo, agregó Fluharty.

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El grupo de Cambria, junto a Haitian Bridge Alliance y el Proyecto Dilley, lanzarán esta semana una campaña en las redes sociales, con las etiquetas “#SafetyForThe28” y “#28Children”, para tratar de conseguir que los liberen y frenar la deportación de familias.

Los tres grupos suscribieron una carta junto con más de 60 organizaciones en la que piden un alivio inmediato para los 28 niños. La carta está dirigida al presidente, Donald Trump; su sucesor demócrata, Joe Biden, y a líderes del Congreso.

Según los abogados, ICE podría de inmediato eliminar las órdenes de deportación de los menores, y la oficina de asilo podría darle a cada familia la oportunidad de defender sus casos ante un tribunal.

Además, el Congreso podría aprobar un proyecto de ley para proteger a estas familias en particular, o reformar el Acta de Inmigración y Naturalización, que en la actualidad restringe el acceso a una revisión judicial de las órdenes de deportación.