Por Susan Ferriss y Joe Yerardi - The Associated Press
Los inmigrantes hacen algunos de los trabajos peor remunerados y más arduos de Estados Unidos, y en muchas ocasiones son tratados injustamente por sus empleadores, que no les pagan lo que deben.
Incluso si reciben apoyo para presentar una reclamación -ante una agencia laboral estatal o el Departamento de Trabajo-, a menudo se conforman con lograr menos dinero del que merecen para obtenerlo más rápido.
Es lo que le ocurrió a Audelia Molina, una inmigrante mexicana que ganaba 10 céntimos por cada prenda que cortaba en una fábrica de Los Ángeles, uno de los principales focos de robo salarial del país: su empleador le debía casi 23,000 dólares.
Molina recibía una media de 199 dólares a la semana, un sueldo que violaba la ley de horas extras
Su salario era tan bajo que comenzó a hacer jornadas de 11 horas para incrementarlo. Cuando pidió un aumento, un supervisor se lo negó. En julio de 2017 renunció y recurrió a un abogado de derecho laboral para presentar una denuncia por impago ante el Comisionado de Trabajo de California.
Un año más tarde, California concluyó que Molina recibía una media de 199 dólares a la semana, un sueldo que violaba la ley de horas extras y las normas que exigen que los trabajadores a destajo ganen al menos el salario mínimo estatal de 10.50 dólares por hora.
Molina tuvo que esperar otros dos años para recibir su cheque. Su antiguo empleador, sin embargo, aún no ha reembolsado al fondo estatal para trabajadores de la confección estafados, una ayuda poco común que California financia con las tasas de registro de empresas que adelantó el dinero.
"Pagan lo que les da la gana. Lo que les interesa es que el trabajo se haga, y rápido", declaró Molina, que ahora tiene 58 años, refiriéndose de forma general a los jefes que ha tenido en fábricas de ropa a lo largo de los años.
Al igual que los estadounidenses, cualquier ciudadano extranjero cuyo trabajo esté cubierto por la Ley de Normas Laborales Justas tiene derecho a que se le paguen las horas extras después de 40 horas de trabajo y el salario mínimo por hora.
Las industrias con mayor porcentaje de trabajadores nacidos en el extranjero tienen tasas más altas de robo de salarios
Pero no extraño que los inmigrantes, legales o no, sean intimidados por sus superiores -algo ilegal- si reclaman sus derechos.
El Departamento de Trabajo, que opera en todos los estados, no pregunta a las víctimas de presuntos robos salariales si son inmigrantes. La agencia reconoce claramente que las denuncias se revisan independientemente del estatus de los trabajadores.
Los inmigrantes, trabajadores esenciales
Un análisis del Centro para la Integridad Pública con datos del Departamento de Trabajo y de la Oficina del Censo concluyó que las industrias con mayor porcentaje de trabajadores nacidos en el extranjero tienen tasas más altas de robo de salarios.
El 16% de los trabajadores estadounidenses han nacido en el extranjero. Pero en la industria textil los inmigrantes suponen el 42%, una de las cifras más altas. Esta industria es la segunda que más ha violado el pago de salarios federales en los últimos 15 años, según el citado análisis.
La pandemia puso de manifiesto la cuestión del alto nivel de trabajadores inmigrantes, especialmente de los indocumentados, que eran trabajadores esenciales"
Víctor narro activista
"La inmigración forma parte integrante del crecimiento económico de la nación", destacó un informe de la Academia Nacional de Ciencias de 2016. "Si la economía crece y requiere más trabajadores tanto para sustituir a los que se jubilan como para crear nuevas empresas e industrias, la principal fuente de trabajo serán los inmigrantes de primera y segunda generación", agregó.
El Centro Laboral de la Universidad de California en Los Ángeles recalcó que "la pandemia puso de manifiesto la cuestión del alto nivel de trabajadores inmigrantes, especialmente de los indocumentados, que eran trabajadores esenciales". "¿Qué vamos a hacer ahora por ellos?", se preguntó.
Un problema que no es nuevo
La explotación laboral de los inmigrantes es un problema que Estados Unidos arrastra desde hace décadas. Pero entre 1990 y 2007, la población indocumentada se triplicó. Eso creó una comunidad de casi 11 millones de personas más vulnerables a los abusos en el lugar de trabajo de costa a costa.
El Departamento de Trabajo impone un salario mínimo federal de 7.25 dólares por hora. Pero si los estados o las jurisdicciones locales tienen cuotas más altas, prevalecen las que mejor pagan.
El condado de Los Ángeles aumentó en julio el salario mínimo a 15 dólares. Durante el Gobierno del expresidente Barack Obama, las autoridades llevaron a cabo en esta zona 77 investigaciones a fábricas textiles, de las cuales 85% cometían infracciones y debían 1.3 millones de dólares en salarios atrasados.
También descubrieron que el robo de salarios comenzaba con los precios. El dinero que los fabricantes recibieron de las tiendas por cada pieza supuso de media sólo el 73% de lo necesario para pagar a sus trabajadores el sueldo mínimo requerido. En algunos casos, les pagaron cuatro dólares por pieza en vez de los 10 dólares que harían falta para ello.
Una crisis para las familias inmigrantes
Múltiples informes del Centro de Investigación Laboral de la universidad de UCLA llevan tiempo advirtiendo de una "crisis" sobre el robo de salarios que afecta directamente a familias inmigrantes de California.
Un informe de 2010 estimó que los trabajadores con salarios bajos en el condado de Los Ángeles, en su mayoría inmigrantes, perdían una media de más de 2,000 dólares al año, alrededor de 26 millones de dólares a la semana.
Texas, Florida y Nueva York, donde se concentra una gran población indocumentada, son otros estados que también luchan contra el robo salarial.
"Los empleadores les llenan la mente de cosas, como decirles: 'No puedes hacer nada contra mí, tienes que aguantarte por tu estatus. Ni siquiera deberías estar trabajando. Te estoy haciendo un favor'", explicó Lorena Rangel, del Centro de Trabajo Fe y Justicia de Texas.
Esta organización recibió en un año 540 llamadas denunciando a empresarios de no pagar al menos 1.36 millones de dólares en salarios.