Los estados de Arizona y Montana, gobernados por el Partido Republicano, han llevado ante la justicia a la Administración federal, presidida por Joe Biden, para bloquear las nuevas directrices temporales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que limitan el arresto de indocumentados, según adelantó la cadena de noticias Fox News.
El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, anunció la nueva acción judicial como una ampliación de la que ya había presentado contra la orden de Biden de congelar las deportaciones durante sus primeros 100 días de mandato. Esta orden ya ha sido bloqueada por un juez federal a petición del estado de Texas, también republicano, que fue el primero en actuar en esa dirección.
Tanto Texas en su demanda como ahora Arizona y Montana en la suya alegan el daño irreparable que las políticas del presidente pueden causar a sus estados. La decisión del juez sobre la congelación de las deportaciones es temporal, es decir, sólo bloquea la orden de Biden mientras toma una decisión definitiva; y lo mismo podría ocurrir en el caso de las demandas de Arizona y Montana.
"Poner en libertad a miles de personas a ciegas, incluidos delincuentes condenados y aquellos que pueden estar propagando el COVID-19 en nuestro estado, es desmesurado e implica una violación de la ley federal”, aseguró el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, a través de un comunicado de prensa.
“Esto debe detenerse ahora para evitar una peligrosa crisis humanitaria para los inmigrantes y el pueblo de Arizona”, agregó.
El fiscal general de Montana, Austin Knudsen, se unió a la querella en nombre de su estado. “La metanfetamina traficada en Montana por los cárteles de droga mexicanos ha golpeado nuestro estado. El problema solo empeorará si la Administración de Biden continúa permitiendo que los delincuentes permanezcan en el país”, declaró Knudsen, vinculando de forma injusta y errónea a los inmigrantes que vienen a trabajar y mejorar su vida en Estados Unidos con los delincuentes que azotan el país vecino.
La pausa en las deportaciones fue bloqueada a nivel nacional por un juez federal de Texas, luego de que el estado argumentara que la política violaba un acuerdo hecho en los últimos días de la Administración Trump con DHS, de que se consultaría a los estados fronterizos antes de cambios significativos en la política de fronteras.
Es por ello que la enmienda anunciada este martes se enfoca en las pautas provisionales que ICE emitió el 18 de febrero de 2021. En dicha guía, la agencia federal aseguró que enfocaría sus operativos en los inmigrantes que suponen un riesgo para la seguridad nacional, en aquellos que han cometido delitos graves, y en los que cruzaron hace menos de cuatro meses la frontera, lo que puede frenar drásticamente las detenciones y deportaciones de indocumentados.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, rechazó la semana pasada una propuesta del Gobierno federal para realizar pruebas y poner en cuarentena a los migrantes por COVID-19 antes de que sean liberados, después de que se supo que más de un centenar de migrantes que dieron positivo en la prueba habían sido dejados en libertad.
“En lugar de hacer su trabajo, la Administración Biden sugirió que no tenía los recursos suficientes y, sorprendentemente, le pidió a Texas que los ayudara con su programa de inmigración ilegal. Texas se negó”, dijo Abbott.
Las autoridades migratorias han explicado que la medida les otorgaba tiempo para asegurarse de que existe un "sistema de aplicación de las leyes migratorias justo y efectivo", mientras revisaban las prácticas y la implementación de nuevas políticas, según se lee en un memorando enviado el 22 de enero por el secretario interino de Seguridad Nacional, David Pekoske.
Con información de FOX News.