En medio de la alarma que han provocado en Texas los reportes de que la Patrulla Fronteriza ha liberado a migrantes enfermos de COVID-19 en varias comunidades fronterizas, el gobernador republicano del estado, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva este miércoles para limitar el transporte terrestre de los inmigrantes.
“Ninguna persona que no sea un agente local, estatal o federal podrá proveer transporte terrestre a un grupo de migrantes que hayan sido detenidos por CBP [Protección Fronteriza y Aduanas] por cruzar la frontera de manera ilegal o que hayan estado sujetos a una expulsión bajo la orden del Título 42”, declaró Abbot en un comunicado de prensa.
Abbot, quien declaró una emergencia en la frontera por la llegada de migrantes indocumentados y ha comenzado a encarcelarlos bajo cargos de allanamiento, también los ha culpado del alza de casos de COVID-19 en el estado, a pesar de que su propio Gobierno ha eliminado políticas sanitarias que pudieron haber prevenido o mitigado esos brotes, como el uso de la mascarilla.
“El dramático aumento en los cruces fronterizos ilegales también ha llevado a un aumento dramático en los casos de COVID-19 entre los migrantes no autorizados que han llegado a nuestro estado, y debemos hacer más para proteger a los tejanos de este virus y reducir la carga en nuestras comunidades”, dijo Abbott. "Esta orden ejecutiva reducirá el riesgo de exposición al COVID-19 en nuestras comunidades", agregó.
Según el gobernador, CBP ha visto un aumento de más del 900% en el número de migrantes que dan positivo a COVID-19 tras ser aprehendidos en el valle del Rio Grande al cruzar la frontera sin autorización. Noticias Telemundo ha intentado confirmar este dato que no ha sido publicado por las autoridades, pero no ha obtenido una respuesta inmediata.
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En el Valle del Río Grande, el movimiento de grandes buses blancos o camionetas de la Patrulla Fronteriza forma parte del paisaje de las autopistas y calles de las ciudades. Los conductores, habitualmente subcontratados, recogen a los migrantes allí donde fueron detenidos y los trasladan a centros de procesamiento, pero también los conducen hasta los puentes fronterizos para expulsarlos de vuelta a México o a las estaciones de buses si logran ser liberados para proseguir sus casos de asilo en Estados Unidos.
La medida no afectará las operaciones de la Patrulla Fronteriza ni de otras agencias federales como el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) o el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés). Pero cualquiera que no sea una autoridad federal, estatal o local, como las compañías comerciales de autobuses o los voluntarios que transportan migrantes a refugios u hoteles de cuarentena estará sujeto a las sanciones estatales si transportan a estos inmigrantes.
Abbot indicó que el Departamento de Seguridad Pública de Texas podrá detener cualquier vehículo bajo una sospecha razonable de que está transportando a inmigrantes que fueron detenidos por CBP o que tienen una orden de expulsión bajo el Título 42. En caso de infringir la norma, la unidad sería obligada a regresar a su punto de origen, a un punto de control fronterizo y también podría ser confiscada.
La ordenanza de Abbott ocurre un día después de que el juez Richard Cortez del condado de Hidalgo le pidiera al Gobierno federal en un comunicado que dejara de “liberar a migrantes infectados en nuestra comunidad”, luego de que una familia de inmigrantes que hacía cuarentena en un hotel en La Joya por haber dado positivo a COVID-19 fuera vista en un restaurante de comida rápida estornudando sin cubrebocas.
Pertenecían a un grupo que había sido liberado por la Patrulla Fronteriza y se alojaban en una parte del hotel Texas Inn junto a 30 familias contagiadas de coronavirus, que había sido rentado por la organización caridades católicas en McAllen que dirige la hermana Norma Pimentel.
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“Tenemos un guardia de seguridad que está ahí para ayudar a que esto no ocurra. Porque normalmente no ha ocurrido, tenemos ya dos años que estamos haciendo esto en diferentes partes de aquí de el valle”, aseguró Pimentel en una entrevista con Noticias Telemundo.
Una semana antes el condado de Webb, donde se encuentra la ciudad fronteriza de Laredo, le prohibió a la Patrulla Fronteriza transportar en autobuses a través de sus comunidades a los inmigrantes detenidos en otros condados, al menos por siete días, alegando que hasta 40% podrían venir contagiados de COVID-19.
La Casa Blanca ha negado que las autoridades federales dejan en libertad a los migrantes que han contraído el virus y asegura que “se toman las medidas necesarias de aislamiento, cuarentena y atención médica”.
Sin embargo, Noticias Telemundo Investiga constató en julio cómo la Patrulla Fronteriza liberó a decenas de migrantes en un albergue en Laredo, algunos de los cuales dieron positivo a COVID-19. En ese caso fueron las organizaciones no gubernamentales las que hicieron los test, gracias al financiamiento de la Agencia para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).
Es un modo de operar que se replica a lo largo de la frontera y que supone un cambio importante respecto al modo en que se liberaba a los migrantes a principios de año, en las primeras semanas después de que la Administración Biden llegó a la Casa Blanca, cuando al quedar fuera de la custodia federal eran dejados en estaciones de autobús desde donde podían trasladarse a todo el país.
Entre fines de enero y principios de marzo hubo al menos 160 casos de migrantes que resultaron positivos a COVID-19- según las pruebas que aplicaron las autoridades de Brownsville, Laredo y McAllen- a los que se les permitió continuar con su viaje sin hacer cuarentena.
Actualmente, quienes dan positivo son enviados a albergues u hoteles administrados por organizaciones no gubernamentales donde se les recomienda ampliamente que hagan una cuarentena, tal y como sucedió con la familia que causó la controversia en La Joya. En estos lugares hay guardias de seguridad, pero los migrantes no están confinados de igual modo que en un centro de CBP.
El reportero Damià Bonmatí de Noticias Telemundo Investiga contribuyó a este reporte.