El presidente, Joe Biden, llegó a la Casa Blanca con tres importantes promesas para la comunidad latina: aprobar una reforma migratoria para legalizar a unos 11 millones de indocumentados, proteger a los dreamers bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y concederle Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los miles de venezolanos que han emigrado y así vivir y trabajar en Estados Unidos.
Biden no ha cumplido todavía las dos primeras promesas en sus siete primeros meses de Gobierno.
Los intentos por sacar adelante una reforma migratoria se han estrellado contra el muro de los republicanos, mientras que un juez federal determinó en julio que el programa DACA, que acoge a más de 650,000 personas, es ilegal. El presidente prometió apelar, pero por ahora este mecanismo que protege a los llegados al país siendo menores pende de un hilo.
Con respecto a la tercera promesa, Biden otorgó en marzo el TPS a más de 300,000 venezolanos y el Gobierno anunció a principios de agosto que extendía de 180 días a 18 meses el plazo para que lo solicitaran. Paralelamente, organizaciones humanitarias han reclamado a Biden un nuevo TPS que proteja a los inmigrantes centroamericanos.
La Casa Blanca, sin embargo, defiende haber logrado un abanico de grandes avances para los latinos en más de 200 días de Gobierno gracias al plan Reconstruyendo Mejor (Building Back Better, en inglés) que busca crear empleos, reducir impuestos a la clase media y reducir los gastos de las familias trabajadoras.
Dentro de esta estrategia, Biden celebra que gran parte de los 10.9 millones de familias hispanas sin cobertura médica podrán obtener un seguro y que unos cinco millones de latinos accederán a un plan dental, oftalmológico y otorrinolaringólo.
Además, la renegociación del precio de los medicamentos favorecerá a las familias latinas, argumentan, pues usan entre un 10% y un 40% menos fármacos que los estadounidenses blancos para tratar las mismas enfermedades.
A nivel educativo, la Casa Blanca aplaude que el 40% de niños latinos de 3 y 4 años que actualmente no van al jardín de infancia por el alto costo de los centros, ahora podrán acudir con un nuevo plan de incentivos y subvenciones para las familias.
Asimismo, prevé que miles de latinos se matricularán en community colleges, que son universidades de dos años de menor costo, después de que el presidente anunciara que los dos primeros años de estudios serán gratuitos.
Por otro lado, la Administración incentivará la contratación de más maestros hispanos, quienes actualmente representan solo el 9% de esa profesión a nivel nacional, pese a que 27% del alumnado es de origen latino. Los estudios han demostrado que tener maestros que se parecen a sus alumnos sube sus tasas de graduación y retención en la escuela y la universidad.
Las ayudas destinadas al pago de la renta son otro de los ejes que destaca el Gobierno estadounidense en sus políticas favorables a la comunidad latina, en el marco del debate alrededor de la moratoria federal a los desalojos que se venció a finales de julio y que la Administración extendió unos días después.
Aunque esto le dio un alivio temporal a los cientos de miles que se enfrentaban a tener que dejar sus hogares en medio del peor repunte del coronavirus, se espera que la moratoria sea desafiada nuevamente en las cortes y los inquilinos paguen lo que deben. Por eso son tan importantes estas ayudas para el pago de la renta para los latinos pues son, junto con la comunidad negra, quienes más desalojos enfrentan, antes y durante la pandemia.
El Gobierno de Biden también destaca el crédito fiscal por hijo, que según sus cálculos favorecerá a 4.5 millones de familias latinas y reducirá la tasa de pobreza hispana en el país en un 39%.