Gobierno de Maduro es responsable de "una de las peores crisis de los derechos humanos" en la historia de Venezuela

En 2016, el 22% de las muertes fue a manos de funcionarios de seguridad.
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La Policía Nacional Bolivariana huye de un fuego tras un enfrentamiento, en una imagen de archivo de julio de 2017.Ariana Cubillos/AP / AP

Luis Leal Villareal salió en horas de la madrugada el 25 de marzo de 2016 a un comercio en Catia, al Oeste de Caracas, para comprar productos a precios regulados. No regresaría a su casa.

Al cocinero de 20 años le disparó un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando estaba en la cola. Según la policía, el joven y otras cinco personas en la fila estaban robando el comercio y se enfrentaron con el funcionario. Su madre, Claudia Villareal, encontró a su hijo muerto en el Hospital José Gregorio Hernández, donde dice “lo desvistieron, le quitaron todas sus pertenencias, le quitaron sus documentados penales, todo”.  

Claudia Villareal contó a la organización Amnistía Internacional (AI) que presentó una denuncia ante la fiscalía. Encontraron evidencia que indicaba que el joven no había disparado ningún arma, según reporta la organización. Al funcionario investigado se le emitió entonces una orden de aprehensión en su contra, pero hasta el momento que se escribió el reporte de AI publicado el pasado jueves, el hombre seguía libre.

Este y otros casos son los que denuncia Amnistía Internacional en su informe titulado ‘Esto no es vida. Seguridad Ciudadana y Derecho a la vida en Venezuela, sobre la violenta situación que atraviesa el país bajo la presidencia de Nicolás Maduro.

“Venezuela atraviesa por una de las peores crisis de derechos humanos en su historia. La lista de delitos bajo el derecho internacional en contra de la población va en incremento" dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional en las Américas en un artículo de la organización. "Es alarmante que, en vez de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a la gente y reducir los índices de inseguridad, las autoridades venezolanas usan un lenguaje bélico para intentar legitimar el uso excesivo de la fuerza, y en muchos casos intencionalmente letal, por parte de agentes policiales y militares”.

La organización indica, que a pesar del Estado haber implementado al menos 17 planes de seguridad en los últimos 17 años, no ha cumplido con sus obligaciones de prevenir la violencia armada. Además, “de investigar, sancionar ni reparar los derechos conculcados de las víctimas”.

Según AI, el Estado venezolano ha manifestado “públicamente que asesinar personas en el marco de operativos de seguridad es una práctica exitosa, cuando esto constituye un evidente retroceso en la garantía de derechos humanos, además de ir en contra de la ley de procedimiento policial”.

El país que llegó a ser en su momento de los más prósperos de Latinoamérica es ahora uno de los más violentos del mundo.

Los datos que revela el estudio de 59 páginas colocan a Venezuela con una tasa de homicidios de 89 por cada 100 mil habitantes para el 2017, por encima de países como El Salvador y triplicando la tasa de homicidios de Brasil.

Tan solo entre 2015 y 2017, se produjeron 8.292 presuntas ejecuciones extrajudiciales. En 2016, el 22% de las muertes fue a manos de funcionarios de seguridad, como el caso de Villareal. La violencia se vive principalmente en las zonas populares en situación de pobreza.

Pero en Venezuela estos homicidios son muchas veces encubiertos.

“La mayoría de las víctimas, entre las que se encuentran adolescentes, fueron tildadas de delincuentes, aunque en la realidad se trataba de personas que protestaban, o personas no armadas y que provenían de barrios pobres”, lee el informe.

En el país se han registrado un promedio de 28 protestas diarias, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social que hace seguimiento a las manifestaciones.

AI pide al estado venezolano dar “instrucciones escritas y claras” que regulen el uso de la fuerza, abandonar a la resistencia que “considera la pérdida de vida como un resultado normal de operaciones”, asegurar una rendición de cuentas cuando ocurran perdidas de vida durante operaciones, y mecanismos efectivos de “registro, documentación, investigación, contraloría y supervisión”.  

Además de la violencia, los venezolanos están sujetos a la escasez de productos básicos y la hiperinflación como consecuencia de las políticas del gobierno de Nicolás Maduro que ha llevado a al menos 2.3 millones de personas a huir del país, según la ONU.