Florida ejecuta a un reo que asesinó a una mujer en un robo. Esperó hasta el final un cambio de decisión

José Antonio Jiménez fue hallado culpable de asesinar a puñaladas a una mujer, de 63 años, en su apartamento en Miami-Dade. La víctima regresó a casa y le sorprendió mientras robaba en su vivienda
El ejecutado José Antonio Jiménez condenado a muerte por asesinar a una mujer en el condado de Miami-Dade hace 26 años.
El ejecutado José Antonio Jiménez condenado a muerte por asesinar a una mujer en el condado de Miami-Dade hace 26 años. Florida Department of Law Enforcement / Florida Department of Law Enforcement

El estado de Florida ha ejecutado este jueves al hispano José Antonio Jiménez, de 55 años, por el asesinato a cuchilladas de una mujer en 1992. El reo esperó hasta el último momento un cambio de decisión, pero finalmente el Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó a detener la ejecución. La corte comunicó su decisión final varias horas después de las 6.00 pm a la que estaba programada la ejecución.

Jiménez fue hallado culpable del asesinato de Phyllis Minas, de 63 años. Según las autoridades el ejecutado entró a robar a su apartamento en North Miami, cuando esta volvió a casa y le sorprendió en la vivienda.

La víctima, que era empleada de la Oficina del Secretario del Tribunal de Miami-Dade, fue apuñalada ocho veces. Dos años después, ya en prisión, del homicidio y robo de otra mujer, Marie Debas, ocurrido en 1990 en Miami Beach.

La defensa de Jiménez buscó detener de nuevo la ejecución con una apelación ante el Supremo de EE.UU. argumentando que los detectives a cargo de la investigación rindieron falsos testimonios y perdieron reportes. Igualmente instó a la corte a considerar la inyección letal como un protocolo "cruel" que viola la Octava Enmienda de la Constitución que se refiere, entre otros, a los castigos. Sin embargo, estos recursos de última hora fueron rechazados por la máxima instancia judicial, en un escrito en el que no emitió comentarios.

La defensa también había tramitado un recurso basado en una cláusula de la Enmienda 11, aprobada en las elecciones del pasado 6 de noviembre, que permite afectar las sentencias de delitos mayores si ha habido revisiones en las leyes criminales. Es el caso de Florida, que tuvo que cambiar el proceso mediante el cual se decidían las sentencias de pena capital desde que en enero de 2016 el Tribunal Supremo de EE.UU. lo calificó de "inconstitucional".

Florida, junto con Alabama y Delaware, era uno de los pocos estados que no requería un veredicto unánime del jurado para sentenciar a un condenado a la pena de muerte. Con el cambio, al que se vio obligado el Legislativo estatal, se requiere ahora la decisión "unánime" del jurado, no sólo la mayoría simple.  No obstante, la fiscal estatal, Pam Bondi, argumentó que la enmienda rige a partir del próximo 8 de enero y no es retroactiva, una posición que avaló la Corte Suprema de Florida.

La Conferencia de Obispos Católicos de Florida había solicitado al gobernador Scott "conmutar" la sentencia de muerte de Jiménez y de los demás reos en el pabellón de la muerte a cadena perpetua.

La muerte de Jiménez es la número 28 desde que el republicano Rick Scott, senador federal electo, asumió como gobernador de Florida en 2011, la mayor cifra que ostenta un jefe del ejecutivo estatal desde que se volvió a instaurar la pena de muerte en 1976.

Hasta el pasado abril había 2.738 prisioneros condenados a muerte en Estados Unidos, 13 % de ellos hispanos, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. La mayoría en California, con 740 condenados, seguida de Florida (353), Texas (232) y Alabama (185). Este año, 25 reos han sido sometidos a la pena capital en Estados Unidos.