A la par de las elecciones de representantes en las cámaras Alta y Baja del congreso y la elección de 36 gobernadores, un número importante de iniciativas se están poniendo a votación.
Estas son los resultados de las iniciativas que juzgamos más trascendentes.
1) La ley de Marsy será aprobada (hasta el momento) en Georgia y Kentucky.
2) La enmienda 4 de Florida para que los convictos de una felonía puedan votar también ha sido aprobada, según nuestras proyecciones.
3) Se mantiene la ley santuario de Oregon, la iniciativa para abolirla fracasa.
4) La propuesta para controlar la renta en California fracasa
La Ley de Marsy
La enmienda que implementaría la ‘Ley de Marsy’ ampliaría los derechos de las víctimas de crímenes. Bajo la propuesta, las víctimas son consideradas las personas que han sufrido directamente por el crimen o por el intento de cometer el mismo. Les da el derecho de recibir actualizaciones sobre el proceso judicial del acusado y de ser notificado si es liberado. Así mismo, requiere que las autoridades tomen en cuenta la seguridad de las víctimas involucradas cuando se asignan fianzas o se haga una revisión a la condición de libertad condicional.
El proyecto lleva el nombre por Marsalee Nicholas, conocida por sus amigos y familiares como Marsy, quien en 1983 fue perseguida y asesinada por su exnovio, Kerry Conley. Tan solo una semana después del asesinato de la joven estudiante de la Universidad de Santa Bárbara, su hermano y su madre se encontraron con Conley en una tienda. La familia no sabia que había sido liberado bajo fianza. Conley luego sería acusado de asesinato por una corte de Los Ángeles.
La familia de Nicholas ha liderado desde entonces la campaña.
Los votantes han aprobado enmiendas de la ‘Ley de Marsy’ en los estados de California, Illinois, North Dakota, Ohio y South Dakota, según la página web que promueve el proyecto. Ahora, votantes de seis estados (Florida, Georgia, Kentucky, Nevada, Carolina del Norte y Oklahoma) decidirán si están a favor de aprobar la misma.
Pero la propuesta ha sido rechazada por organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
“Es un conjunto de promesas vacías”, dijo la directora de estrategia política del capítulo en Carolina del Norte, Sarah Gillooly, agregando que le costaría a los contribuyentes 30 millones de dólares para implementar la ley.
Mientras que la directora ejecutiva de la Coalición contra la Violencia Doméstica en Iowa y la directora ejecutiva de la Coalición contra el Asalto Sexual de Iowa resaltaron que “estos derechos y más” ya existen en el código legal del estado, pero se necesitan recursos para asegurar tener acceso a los mismos.
También, resaltaron que mientras los derechos constitucionales de los acusados existen para limitar el poder del estado contra los individuos, los de las víctimas tienen un propósito “completamente distinto”.
“Conceder a las víctimas derechos constitucionales iguales a los acusados en un proceso penal socava indebidamente el debido proceso al crear un conflicto entre los derechos de la víctima y el acusado”, lee su nota en la página de ACLU.
La enmienda 4 de Florida
La enmienda restaura los derechos de voto de los ex convictos que cumplieron su condena, incluida la libertad condicional, con la excepción de los condenados por asesinato y delitos sexuales.
Actualmente, los sentenciados por un delito deben esperar al menos cinco años después de completar sus sentencias para solicitar a la Junta de Clemencia de Florida, compuesta por el gobernador y el Gabinete, que restablezcan sus derechos.
Un juez de distrito consideró que el sistema actual de la Florida era arbitrario e inconstitucional en marzo, y el caso está bajo apelación. Pero si se aprueba, la Enmienda 4 impactaría a 1.5 millones de floridanos.
Florida es uno de los cuatro estados que privan de derechos políticos a los ex convictos de forma permanente.
La ley santuario de Oregon
Oregon podría perder su estatus de estado santuario al permitir que sus autoridades locales colaboren con los oficiales federales de inmigración si los votantes deciden revocar una ley de 1987 que le da el estatus de estado santuario. La misma prohíbe el uso de recursos estatales y locales para detectar o detener a personas cuyo único incumplimiento de la ley es “haber violado las leyes federales de inmigración”.
La llamada iniciativa denominada IP 22 obtuvo 97.762 firmas superando las 88.184 requeridas para calificar a la boleta electoral, según el medio local The Oregonian. Actualmente es el único estado en votar sobre el tema este año, después de un esfuerzo para su derogación en California, que no pudo clasificarse para la votación, según la agencia de noticias EFE.
Los inicios de la ley datan a 1977, cuando tres oficiales y una policía le pidieron a un hombre identificación que mostrara su ciudadanía mientras esperaba por su comida en un restaurante de Independence, Oregon, según la agencia de noticias AP. El hombre identificado como Delmiro Trevino era un ciudadano estadounidense nacido en Texas.
“Me sentí avergonzado. No estaba bien lo que hacían”, dijo Treviño, de 67 años y con el cabello entrecano, en reciente entrevista con la agencia.
El incidente de discriminación por perfil racial llevó a Oregon a convertirse en el primero estado santuario de los Estados Unidos. Mientras otros estados como Vermont adoptan esta política y otros como Texas prohíben a ciertas ciudades de aprobarla, Oregon podría revocarla.
El representante Sal Esquivel, uno de los tres legisladores republicanos del estado que patrocinó la iniciativa, dijo que los estados deberían ayudar a aplicar la ley federal.
“Nuestro país no puede permanecer soberano sin leyes que regulen qué extranjeros vienen aquí, cuándo y en qué cantidad”, escribió Esquivel en el folleto para los votantes.
Los agentes que se oponen a su derogación, como el jefe policial Pat Garrett del condado Washington cerca de Portland, dicen que necesitan dirigir sus recursos a otras partes en lugar de ir tras migrantes y que, de eliminarse la ley santuario, los migrantes tendrán miedo de reportar crímenes cuando sean víctimas o testigos.
Control de la renta en California
Los proponentes del control de la renta sufrieron una derrota este martes, cuando la Proposición 10 en California fue rechazada. La iniciativa buscaba otorgarles más poder a las autoridades municipales para fijar un techo al monto que se puede cobrar por una renta.
Los que respaldaban la medida aducían que con ella se evitarían incrementos desmedidos que podrían poner el peligro de evicción a cientos de familias, en un momento en el que el estado enfrenta una crisis de vivienda. Para ello, tendrían que haber derogado la ley Costa-Hawkins de la renta de hogares, que limita seriamente los poderes de la autoridad para controlar los precios que los propietarios fijan.
Con 60% en contra y 40% a favor, la propuesta fracasó y la ley Costa-Hawkins permanecerá vigente. La ley no permite que el control de la renta sea aplicado para hogares de una sola familia, condominios o cualquier unidad habitacional construida después de 1995. Y cuando un inquilino abandona una propiedad de renta congelada, el propietario puede subir el precio de la renta según su consideración.
Según reportes del medio local The Tribune, las agencias de bienes raíces del estado invirtieron 100 millones de dólares en la campaña para combatir la Proposición 10. Tres veces el monto que invirtieron los organizadores de la propuesta, reportó The Tribune.
Los opositores argumentaron que la medida tendría efectos muy graves sobre la industria de la construcción y los precios de los bienes inmuebles.
El virtual ganador de la elección a la gubernatura, Gavin Newsom dijo que estaba a favor de controlar las rentas, pero que la medida tenía que ser un punto intermedio que logre conciliar las preocupaciones de todas las partes involucradas.