Por Jorge Carrasco
El mayor miedo de Cinthya Ramírez es contagiar de coronavirus a sus padres y su hermano menor cuando regresa de trabajar como enfermera en el Vanderbilt University Medical Center, el hospital más grande en el área de Nashville, Tennessee.
“Tomo todas las precauciones antes de entrar a la casa. Me quito la ropa, limpio mi teléfono y voy directo a la ducha. Lo demás está en manos de dios”, dice a Noticias Telemundo la joven inmigrante mexicana de 24 años.
Ramírez, quien llegó a Estados Unidos a los 4 años y se graduó de Enfermería hace apenas tres, asegura que su hospital se está preparando para lo peor en las próximas semanas. La pandemia de COVID-19 está llenando rápidamente las salas de cuidados, mientras más de 80 de sus compañeros de trabajo se han contagiado con el virus, comenzando a causar una falta de personal por la que muchos hospitales del país ya atraviesan.
La curva de nuevos contagios y muertes en Estados Unidos solo continúa escalando y las principales autoridades sanitarias han advertido que lo peor está por venir, por lo que todo el personal de salud disponible será poco. Sin embargo, unos 27,000 inmigrantes profesionales de la rama —médicos, paramédicos, enfermeros, técnicos de laboratorio— enfrentan la incertidumbre de la pandemia en clínicas y hospitales, con una preocupación extra: la posibilidad de ser deportados.
En junio, la Corte Suprema decidirá si cumple el viejo deseo del presidente Donald Trump de poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), del que la enfermera Cinthya Ramírez y casi 700,000 otros indocumentados son beneficiarios. El programa, impulsado por el demócrata Barack Obama en 2012, ofrece beneficios como un permiso de trabajo renovable cada dos años, aunque no un camino hacia la ciudadanía.
En la misma amarga situación migratoria que Ramírez está Aldo Martínez, un paramédico de Fort Myers, Florida, quien trabaja turnos de casi 50 horas seguidas respondiendo a llamadas de emergencia de pacientes con síntomas del virus. Y Ana Cuevas, una enfermera en el norte de California, quien trabaja turnos de 12 horas durante la noche y la madrugada en un hospital comunitario que hace tres semanas solo atendía a dos pacientes de coronavirus, pero ahora tiene un piso entero lleno de sospechosos de contagio. Y Denisse Rojas, quien aún no se ha graduado de Medicina, pero se levanta a las seis de la mañana, de lunes a lunes, para trabajar como voluntaria coordinando con proveedores las mascarillas, respiradores, batas, guantes y otros implementos que su hospital en Nueva York necesita para atender a los enfermos.
En una carta a la Corte Suprema la semana pasada, un grupo de abogados de la Facultad de Derecho de Yale advirtió a los magistrados —de mayoría conservadora— que reconsideren la idoneidad de eliminar DACA en el contexto actual. Estos inmigrantes, dijeron, “son esenciales para proteger a las comunidades en todo el país en peligro por el COVID-19. La terminación del programa durante esta emergencia nacional sería catastrófica”.
Trump se ha referido a los beneficiarios de DACA como “criminales duros y reincidentes" que “están lejos de ser ángeles”. Sin embargo, las cifras apuntan en otra dirección: los dreamers pagan US$5,700 millones en impuestos federales y US$3,100 millones en impuestos locales. Además de los 27,000 que ahora responden a la crisis sanitaria del COVID-19, otras decenas de miles aportan al país desde la industria de la preparación de alimentos, las ventas, la educación, la gerencia y administración de empresas, y otras muchas áreas.
Noticias Telemundo conversó con algunos de estos profesionales de la salud que todos los días afrontan el riesgo de enfermarse (y enfermar a sus familias) y que, aunque enfrentan un futuro incierto en Estados Unidos, ponen el servicio público por delante y tratan de no pensar en su estatus migratorio sino en responder a la emergencia que ya deja unos 235,000 contagios y al menos 5,700 muertos en el país.
“Estoy poniendo mi vida en riesgo. Que nos amenacen con lo mismo deja mucho que desear”: Ana Cueva, enfermera en California
Desde el pequeño hospital comunitario en las cercanías de Sacramento en el que trabaja como enfermera de cuidados intensivos, esta inmigrante mexicana de 27 años dice que la cantidad de pacientes con síntomas de COVID-19 allí se ha disparado en cuestión de días.
“Algunos de ellos se están poniendo peor, no están respondiendo a tratamientos. En cuidados intensivos ya tenemos pacientes que requieren ventiladores. En este punto de la pandemia, el que no esté preocupado es porque no entiende lo que está pasando”, cuenta luego de haber terminado un turno de 12 horas, durante la noche y la madrugada.
Cueva, quien llegó a Estados Unidos desde Jalisco, México, a los 5 años de edad, dice estar preocupada porque ha visto que el país no estaba preparado para una emergencia sanitaria de esta envergadura. Su clínica se prepara para un faltante de implementos como máscaras protectoras, ya hay un piso lleno de pacientes sospechosos y ella y sus compañeros están teniendo que reutilizar material estéril, lo cual los deja expuestos a un mayor riesgo.
Esta inmigrante ha sido enfermera en Estados Unidos por casi cinco años, dos de ellos en cuidados intensivos. Hay ciertas cosas a las que está acostumbrada por la naturaleza de su trabajo, dice, como ver personas morir. La diferencia es que “ahora muchos no podrán los restos de sus familiares o enterrarlos, al menos no por un buen tiempo. Eso me mantiene despierta todas las noches”.
Ella renovó su DACA en febrero, por lo que su permiso de trabajo aún estará vigente por dos años. Pero la decisión que tome la Corte Suprema en junio podría cambiarle la vida para mal.
“No hay un momento del día en que no piense que quizás esta fue la última vez que pude renovar mi DACA. Estoy aquí, pongo mi vida en riesgo voluntariamente y voy a trabajar feliz. Que nos vengan a amenazar con lo mismo deja mucho que desear”, lamenta. “Con esta pandemia todos nos estamos enfermando. Además de la carencia de personal e implementos, perder más empleados causaría grandes fallas al sistema de salud”.
A pesar del miedo constante a enfermarse, dice que no dejará de ayudar a quien lo necesite: “No soy alguien que va a abandonar su vocación por miedo. Yo he querido ser enfermera desde los 9 años y no voy a abandonar el juramento que tomé de cuidar a mis pacientes”.
“No puedo imaginar lo que causaría inhabilitar 27,000 trabajadores de la salud”: Aldo Martínez, paramédico en Florida
En los últimos días, este paramédico de Fort Myers, Florida, asegura que una de tres llamadas al 911 a la que ha respondido en las ambulancias de su agencia ha estado relacionada con pacientes que dicen presentar algún tipo de síntoma de síndrome viral.
“Esto incluye dolor de pecho, falta de aire, mucha tos y fiebre”, explica en su día de descanso, luego de haber trabajado un turno de 36 horas atendiendo emergencias. A veces sus turnos se extienden por dos días seguidos sin descanso, en maratónicas jornadas de casi 50 horas.
El joven dice que la pandemia ha causado mucho pánico e incertidumbre entre la comunidad y que su trabajo muchas veces consiste en calmar a las personas que llaman al 911 y, luego de examinarlas, determinar si sus síntomas son suficientemente graves como para ser transferidos al hospital. Lo mejor, aconseja, es pasar la infección en casa si no hay dolor en el pecho o una fiebre muy alta.
Martínez nació en Ciudad de México y vino con sus padres a Estados Unidos a los 12 años. En 2016 se graduó como paramédico en el Miami Dade College, donde tuvo que pagar por su carrera casi el doble de lo que pagan los estadounidenses, debido a su condición de indocumentado.
Actualmente, unos 20 paramédicos de su agencia no están trabajando, pues han sido puestos en cuarentena por sospechas de contagio. Ese faltante ya ha causado daños a la capacidad de respuesta, por lo que él considera que su comunidad se vería más afectada aún si la Corte Suprema suspende DACA.
“Si con 20 personas estamos creando una presión grande en el personal disponible para atender emergencias. No puedo imaginar lo que causaría inhabilitar 27,000 trabajadores de la salud. Eso sin contar a los que ponen la comida en los mercados, los que cocinan alimentos en restaurantes, los que limpian en los hospitales, los que trabajan en el servicio postal. Miles de personas no estarían disponibles para salir de esta crisis”, explica.
Sus años formativos, “esos donde te encuentras a ti mismo y decides lo que quieres hacer en la vida”, transcurrieron en Estados Unidos, por lo que no imagina el escenario de tener que regresar a México. En ocho años que DACA lleva en vigor, su idea siempre fue que las cosas se iban a arreglar en el camino. A fin de cuentas, dice, los “beneficiarios del programa no causamos daño, sino bienestar”.
“Es doloroso no poder tener algo más permanente, porque al final del día lo que yo quiero hacer es ayudar a las personas”, dice. “Intento no pensar en eso todos los días, porque puede afectar mis relaciones interpersonales y mi capacidad de ayudar los pacientes, que son mi prioridad”.
“Temo contagiar a mis padres y a mi hermano menor”: Cinthya Ramírez, enfermera en Tennessee
Todas las rutinas en el Vanderbilt University Medical Center de Nashville, Tennessee, han sido alteradas por la propagación del coronavirus. Los pacientes que esperan por cirugías de corazón, a los que Ramírez mayormente asiste como enfermera, han visto sus tratamientos postergados. Otros han dejado de ir al hospital por miedo a contagiarse
“Estamos en la calma antes de la tormenta. Nos preparamos para lo peor”, dice la joven inmigrante de 24 años, quien vino con sus padres de México cuando tenía solo 4.
El Vanderbilt ha habilitado tres unidades para pacientes de coronavirus, que aún no han llegado a su capacidad total. Desde los médicos más experimentados hasta los más jóvenes, asegura Ramírez, temen al virus. “Nadie sabe qué esperar exactamente. Es algo nuevo”.
Ella vive con su madre, su padre y su hermano menor, de 48, 45 y 21 años, respectivamente. Una de sus preocupaciones más fuertes es contagiarlos al llegar de trabajar. Más de 80 de sus propios compañeros de trabajo ya han contraído la enfermedad, según un comunicado reciente del hospital, que se mantiene monitoreando la temperatura de todos los trabajadores, enviándolos a la casa si presentan más de 100 grados.
Además del virus, la preocupación de que en junio DACA llegue a su fin se suma al estrés de estas semanas.
“No tiene ningún sentido para mí remover 27,000 personas que necesitamos en este momento”, opina”. Ahora es cuando se requiere la mayor cantidad de personas para ayudar con esta pandemia, pues ya hay hospitales que necesitan médicos, enfermeras y personal”.
Para sobrellevar la ansiedad, Ramírez se refugia en la religión: “Soy una persona muy espiritual y rezo mucho. Me recuerdo que este es el trabajo que yo estaba destinada a tener. Si llega el momento de que los pacientes mueran y no puedan tener a sus familiares con ellos, tenemos que estar ahí para acompañarlos”.
“Seguiré ayudando, independientemente de lo que suceda con DACA”: Denisse Rojas, voluntaria en Nueva York
Algunos de los miles de beneficiarios de DACA que se encuentran respondiendo al coronavirus en el país, lo hacen desde el voluntariado. Denisse Rojas, quien tiene 30 años y estudia el cuarto año de Medicina, se levanta a las 6:30 de la mañana de lunes a lunes para ayudar a su hospital a conseguir los implementos especiales que luego serán usados en pacientes.
Rojas, quien está a solo un año de graduarse, trabaja unas cuatro horas al día en el Ichan School of Medicine at Mount Sinai, en Nueva York, el epicentro del virus en Estados Unidos. Su tarea es responder cientos de correos electrónicos de vendedores de mascarillas, respiradores, batas y guantes, para cubrir las necesidades del hospital.
“Los estudiantes de medicina sabemos lo importantes que son estos implementos para trabajar”, dice. “Saber que estoy ayudando a la gente me ayuda a levantarme de madrugada a responder correos”.
Ella nació en México, pero sus padres la trajeron a Estados Unidos a los pocos meses de nacida.
El año próximo, cuando termine sus estudios, calcula que habrá gastado un cuarto de millón de dólares en su carrera. Sin embargo, dada su situación migratoria es posible que no pueda ejercer en el país donde estudió y el único que conoce.
“Estoy ayudando, independientemente de lo que se decida con DACA. Pero se siente surreal saber que estoy a punto de graduarme, que mis compañeros podrán empezar a practicar y que existe la posibilidad de que yo no pueda”, lamenta.
“Los beneficiarios del programa necesitamos estabilidad, certeza. Y la gente se dará cuenta de que debemos estar aquí porque tenemos mucho que contribuir”.
La periodista Marta Planells contribuyó con este reporte.
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