Miami.- Garland Creedle es estadounidense, tiene 18 años, vive en el condado de Miami-Dade, y pasó el pasado mes de marzo una noche en prisión por orden de las autoridades migratorias, que pensaban deportarle. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha llevado su caso ante la justicia este miércoles para intentar bloquear así la ofensiva del presidente Donald Trump contra las ciudades santuario.
Miami lo fue durante tres años, hasta enero, cuando el alcalde, Carlos Giménez, ordenó empezar a detener de nuevo a los inmigrantes irregulares. Hace una semana, la Cámara de los Representantes aprobó una ley para retirar fondos federales a las ciudades que no sigan su ejemplo (entre otras, Nueva York, Chicago, San Francisco o Los Ángeles).
Creedle fue arrestado por un incidente de violencia doméstica el 12 de marzo en Miami, y pasó la noche en la cárcel; habría sido liberado al día siguiente, puesto que no se presentaron cargos contra él, si no fuera porque sobre él pesaba un orden de detención de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, según afirman sus abogados.
La orden le calificaba de inmigrante deportable e instaba a retenerlo 48 horas más. Creedle nació en Honduras de padre estadounidense, lo que le da la nacionalidad de forma automática. Así se lo dijo a la policía, pero no fue liberado hasta el 14 de marzo, tras ser interrogado en prisión por las autoridades migratorias.
ACLU considera en su demanda contra el alcalde de Miami que, cuando la policía detiene o mantiene detenida a una persona por orden de las autoridades migratorias federales, está violando la Cuarta y la Decimocuarta enmiendas de la Constitución.
Según su relato, cuando una persona es arrestada y encarcelada, se le toman las huellas dactilares y se envían al FBI y al Departamento de Seguridad Nacional para ver si hay procesos judiciales en su contra. Esto puede provocar además que las autoridades migratorias pidan que se retenga a esta persona más allá de lo que se debería por los motivos de su detención; no tiene derecho a libertad bajo fianza, o a arresto domiciliario, pese a que la orden no proviene de un juez.
Estas órdenes en realidad no son órdenes sino peticiones: el 13 de diciembre de 2013, Miami decidió que no las obedecería a menos que los detenidos estuvieran acusados o detenidos de determinados delitos, y que, además, el Gobierno federal pagara los gastos de mantenerlos bajo arresto. El Gobierno se negó, y Miami dejó de obedecer las peticiones de las autoridades migratorias. Pero el pasado 26 de enero, el alcalde ordenó obedecerlas de nuevo como si fueran órdenes.
Una portavoz municipal ha asegurado al New York Times que las autoridades migratorias han emitido 376 órdenes en Miami-Dade desde que dejó de ser ciudad santuaria; 143 personas pasaron a su disposición desde enero a consecuencia de esas órdenes.
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