"Estamos trabajando tan duro como podemos", asegura el sheriff del condado de Kinney, un pequeño territorio texano junto a la frontera con México con apenas 3,700 habitantes (la mayoría latinos).
Allí las autoridades patrullan 12 horas al día para hacer cumplir la orden del gobernador, Greg Abbot, y detener al mayor número posible de inmigrantes indocumentados bajo la acusación de allanamiento, cubriendo así lo que, en opinión del político republicano, ha dejado de hacer como debería el Gobierno federal que preside el demócrata Joe Biden.
De los 630 inmigrantes que permanecía detenidos por las autoridades texanas en este esfuerzo la semana pasada, 440 correspondieron a Kinney pese a que tener sólo 16 millas de frontera y un minúsculo sistema de justicia penal.
"Con la gente corriendo y ahuyentando a los animales, estos no aparecen donde se supone que deben estar y la gente no está ganando el dinero que podría estar haciendo", justificó el sheriff su cruzada contra los inmigrantes, que considera un peligro para la economía del condado (basada en parte en la caza de animales exóticos).
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¿Por qué Kinney? Por allá pasa un tren de carga, que atraviesa ciudades fantasma de aparente placidez donde los rangers de Texas se apostan para detener a los inmigrantes que, tras cruzar la frontera, saltan en los vagones para alejarse dentro del territorio estadounidense.
Se les acusa de allanamiento de propiedad de la compañía ferroviaria, según explica el diario Texas Tribune, y se les traslada a una prisión estatal vaciada recientemente por el gobernador para ocuparla con indocumentados.
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"Es sencillamente una invasión", indicó el sheriff del condado, Brad Coe, al diario, haciéndose eco de la retórica conservadora en contra de los inmigrantes. "El miedo es que no sabemos quiénes son estas personas", añade, "no sabemos si tienen antecedentes criminales".
TVerifica, la unidad de verificación de datos de Noticias Telemundo, desmintió que existiera una relación entre crimen e inmigración citando estudios que demuestran, por ejemplo, que la tasa de criminalidad entre personas que han nacido en otros países y llegan a Estados Unidos es "significativamente más baja" que la tasa general de delincuencia de estadounidenses, y de inmigrantes de segunda generación.
Al menos 155 inmigrantes han pasado así semanas encerrados en la cárcel estatal de Briscoe, sin acceso a abogados, acusados en su mayoría de allanamiento. En opinión del sheriff, eso les hará pensarse dos veces entrar al país ilegalmente. Sin embargo, activistas y políticos demócratas denuncian que estos arrestos no responden a un problema de seguridad público sino a políticas xenófobas y racistas contra los inmigrantes hispanos.
Al ser dejados en libertad, tras cumplir su condena, estos inmigrantes se encuentran en el limbo, pues en la mayoría de las ocasiones el Servicio de Aduanas y Control de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés) no se hace cargo de ellos porque no han cometido un delito grave, y tampoco pueden acudir a la Patrulla Fronteriza para iniciar sus trámites de asilo y poder legalizar su estatus en el país.
Con información de The Texas Tribune, CBSN Dallas y AP