Por Chloe Atkins - NBC News
La mañana en que entró en vigor la nueva y restrictiva ley de aborto de Texas, la primera paciente de Marva Sadler presentó actividad fetal tras someterse a una ecografía, lo que hizo que la mujer no pudiera optar a un aborto legal.
Sadler, directora de servicios clínicos de Whole Woman's Health, explicó que la mujer era madre soltera de dos hijos y acababa de empezar en un nuevo trabajo. No tenía a nadie que cuidara a los menores y no podía ausentarse del trabajo para viajar a otro estado para abortar.
"Fue el primer golpe real de 'realmente no puedo arreglar esto'. ¿Cómo se responde a eso? Y esa conversación se trasladó rápidamente a la búsqueda de cómo conseguir su atención prenatal", señaló Sadler.
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En las 48 horas previas al 1 de septiembre, Whole Woman's Health de Fort Worth, Texas, practicó una media de 66 abortos al día. Pero durante los tres primeros días de vigencia de la ley, la clínica practicó una media de 11 abortos diarios.
"A las mujeres que no solo viven en este estado, sino que trabajan, pagan impuestos, votan, rezan y están criando a los futuros líderes de esta comunidad, se les está negando su derecho básico a la atención sanitaria", señaló Sadler.
En Houston, Doris Dixon, directora de acceso a los pacientes en Planned Parenthood Gulf Coast, dijo que los centros de llamadas para servicios de aborto se han convertido en líneas de ayuda, donde el personal está "guiando a los pacientes a través de esta nueva ley" y ayudándoles "a navegar por donde pueden ir".
"Los pacientes y el personal están peleando", explicó Dixon.
Desde que la ley entró en vigor, Dixon dijo que la mayoría de los pacientes que ha observado que buscan atención en Planned Parenthood Center for Choice en Houston no son elegibles para un aborto.
"Algunas de ellas están fuera de nuestra capacidad de ayuda. No hay servicios de niñera para que la gente envíe a sus hijos mientras se van fuera del estado, y no hay garantía de que no vayan a perder sus trabajos porque se irían por dos o tres días. El problema es mucho mayor que el de encontrar recursos para que se vayan a otro sitio", explicó Dixon.
"La gente caerá en la trampa y acabará teniendo que llevar sus embarazos hasta el final", añadió.
La nueva ley prohíbe los abortos una vez que se detecta actividad fetal, normalmente alrededor de las seis semanas de embarazo, antes de que la mayoría de las personas sepan que están embarazadas. La ley no permite excepciones en caso de violación o incesto. Texas es el primer estado que logra prohibir el aborto en este punto del embarazo desde el caso Roe contra Wade de 1973.
Muchas no podrán abortar fuera de Texas debido a problemas económicos o circunstanciales, como el coste del viaje, la dificultad para ausentarse del trabajo o para conseguir una guardería.
Los defensores del derecho al aborto y los proveedores dicen que el Proyecto de Ley 8 del Senado, como se conoce la nueva ley, probablemente conducirá a un aumento de pacientes que dan a luz embarazos no deseados. En consecuencia, muchas sufrirán problemas económicos y de salud al ser rechazadas por una clínica en los próximos años.
La denegación del aborto provoca dificultades económicas
Aunque hay personas de todos los niveles socioeconómicos y étnicos que abortan, aproximadamente la mitad de las personas que lo hacen viven por debajo del nivel federal de pobreza. Cuando a una persona que ya tiene dificultades económicas se le deniega la atención, se ve en una situación económica aún más difícil, afirma Diana Greene Foster, profesora de obstetricia, ginecología y ciencias de la reproducción de la Universidad de California en San Francisco.
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Foster es la directora del Turnaway Study, un proyecto de ámbito nacional que examinó los efectos a largo plazo de someterse a un aborto o ser rechazado. El estudio descubrió que las personas a las que se les negó el aborto tenían casi cuatro veces más probabilidades de estar por debajo del nivel federal de pobreza.
Cuando se impide que las personas obtengan atención médica es más probable que tengan dificultades para pagar los gastos básicos de la vida, como la comida, la vivienda y el transporte.
Mientras tanto, las mujeres que llevaron hasta el final su embarazo no deseado experimentaron un aumento del 78% de deudas -con vencimiento de un mes o más- después del momento del parto y un aumento del 81% de quiebras, desahucios y embargos fiscales, en comparación con otras que tuvieron acceso a la atención del aborto. Las personas a las que se les niega el aborto también tienen tres veces más probabilidades de estar desempleadas que las que lo obtuvieron.
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"Las leyes que limitan el acceso al aborto tienen un enorme impacto económico", dijo Kate Bahn, directora de política del mercado laboral en el Centro de Washington para el Crecimiento Equitativo. "No se trata solo de las dificultades económicas anuales asociadas a tener hijos, sino que también afectan a las trayectorias profesionales de las personas", recordó.
"Si no se tiene seguridad sobre la planificación familiar, es mucho menos probable que se pase a una ocupación mejor pagada y se complete la educación", añadió Bahn.
Un probable aumento de las consecuencias para la salud mental y física
La denegación de un aborto puede aumentar significativamente los problemas de salud mental, como ansiedad, depresión y baja autoestima, en los meses posteriores a la denegación del aborto, y puede provocar consecuencias para la salud física que pongan en peligro la vida y duren años.
Antes de que la ley entrara en vigor, el doctor Bhavik Kumar, médico de plantilla del Planned Parenthood Center for Choice de Houston, solía atender a entre 20 y 30 pacientes de aborto al día. El 1 de septiembre, sólo atendió a seis, y la mitad superaba el nuevo límite legal y tuvo que ser rechazada.
Kumar advirtió que las pacientes a las que se les niegue la atención podrían sufrir "consecuencias de por vida".
"La gente que va a sufrir va a ser gente de bajos ingresos que ya tiene poco acceso a la atención sanitaria, y gente de color, especialmente mujeres negras", indicó.
Un análisis de los datos del Estudio Turnaway, en el que se examinó la salud física de quienes interrumpieron y no interrumpieron su embarazo cinco años después de solicitar atención al aborto, descubrió que las pacientes que dieron a luz tenían más probabilidades de describir su salud como "mala" e informaron de mayores tasas de dolor crónico.
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La carga física y mental del parto desempeña un papel en esos resultados adversos para la salud, según la doctora Nisha Verma, miembro de Physicians for Reproductive Health y ginecóloga-obstetra que presta servicios de aborto en la zona de Washington D.C. Las que dan a luz un embarazo no deseado pueden sufrir una hemorragia excesiva durante el parto, depresión posparto, diabetes gestacional e hipertensión.
"Cuando pensamos en la atención sanitaria de las personas, en sus embarazos y en sus vidas, cada persona es diferente, y ninguna ley como la [S.B. 8] puede tener en cuenta cada situación única", dijo Verma.
Dar a luz un embarazo no deseado es mucho más arriesgado para la salud física de una persona que abortar. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), cada año mueren en Estados Unidos unas 700 personas como consecuencia de complicaciones en el embarazo o el parto, y la tasa de mortalidad materna es de 20.1 muertes por cada 100,000 nacidos vivos.
Se calcula que la tasa de complicaciones relacionadas con el aborto seguro es de aproximadamente 2%, y la muerte se produce en menos de 1 de cada 100,000 abortos.
La violencia machista también es frecuente entre las mujeres que solicitan un aborto, ya que entre el 6% y el 22% declaran haber sufrido violencia reciente por parte de su pareja. Las mujeres a las que se les deniega el aborto tienen más probabilidades de seguir en contacto con una pareja violenta, y es más probable que críen al niño solas.
"Se trata de decisiones personales e íntimas, y si el Gobierno interfiere, cambia la capacidad de las personas de cuidar de sí mismas, de sus hijos e incluso para tener futuros hijos en mejores circunstancias", afirmó Foster. "No se trata de una simple maniobra política: se trata de la vida de personas reales", concluyó.