El Departamento de Justicia publicó este viernes la declaración jurada (editada para ocultar información que pondría en peligro la investigación) que justificó la orden judicial de registro a principios de mes de la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago (Florida), donde agentes del FBI se incautaron de documentos altamente secretos que se llevó de la Casa Blanca en enero de 2021.
El documento, de 13 páginas, está en gran parte censurado para "proteger la seguridad y privacidad de un número significativo de civiles testigos, además de agentes de las fuerzas del orden", según indica, apuntando a que los motivos del registro se basan en numerosos testimonios de fuentes confidenciales.
El agente especial del FBI que redactó el documento indica que el registro se pidió en el marco de una investigación criminal que se inició como resultado de una petición de los Archivos Nacionales (NARA, en inglés) el 9 de febrero para recuperar archivos altamente clasificados que Trump se había llevado a Mar-a-Lago.
Apunta además a la falta de "cooperación" en la entrega de los documentos almacenados en la propiedad del expresidente, señalando las salas de la mansión donde estaban los papeles y como éstos no son lugar apropiado para guardar información secreta.
La mayor parte de los motivos que justificaron el registro aparecen ocultados por el Departamento de Justicia para que sigan siendo secretos y no dañar así la investigación, aunque se menciona una información periodística del traslado de documentos a Mar-a-Lago.
Se menciona también las 15 cajas de documentos secretos recuperados anteriormente, en enero, de Mar-a-Lago. En 14 de ellas había 184 papeles clasificados y 25 marcados como "TOP SECRET" (ultra secreto). El registro de agosto se produjo, presumiblemente, porque el Departamento de Justicia pensó que esos documentos recuperados antes no eran todos los que había en Mar-a-Lago.
La "causa probable" del registro del FBI
“Soy un agente especial con el FBI asignado a la oficina de campo de Washington”, afirma el autor de la declaración jurada. “He recibido entrenamiento en la academia del FBI en Quantico, Virginia, en misiones de contrainteligencia y espionaje”, agrega. “Basado en mi experiencia y entrenamiento, estoy familiarizado con los esfuerzos que se hacen para recolectar, almacenar y diseminar ilegalmente información sensible del Gobierno, incluida información clasificada de la defensa nacional”, se lee en un apartado del documento.
Concluye que hay una “causa probable” para creer que hay elementos cuya posesión ilegal viola varias normas federales. E indica que la ley federal prevé una pena de hasta 10 años de prisión a quien posee o comparte información clasificada de manera ilegal.
Una declaración jurada generalmente contiene información vital sobre una investigación, que explica al juez la justificación para registrar una propiedad en particular y qué evidencia de un posible delito se puede encontrar. Pero habitualmente permanecen secretas durante las investigaciones en curso, por lo que la decisión de un juez de revelar una parta de esta es aún más sorprendente.
En un reconocimiento del interés público en la investigación, el juez Bruce Reinhart ordenó el jueves al Departamento de Justicia que hiciera pública la versión editada de la declaración jurada que le había entregado ya editada para ocultar información sensible.
Aunque las ediciones que propuso el Departamento de Justicia impiden conocer la visión íntegra, el documento ayuda a explicar por qué los agentes federales se sintieron obligados a registrar la mansión de Trump, después de meses de intentar obtener los registros por otros métodos (incluido requiriéndoselos a él).
El FBI recuperó 11 conjuntos de documentos clasificados, incluida información marcada como ultrasecreta. La orden judicial revela que los agentes federales investigan posibles violaciones de la ley de espionaje por haber recopilado, transmitido o perdido información clasificada; así como otros estatutos sobre la ocultación, mutilación o eliminación de registros y la destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales.
Una carta publicada esta semana reveló que la Administración Nacional de Archivos y Registros recuperó más de 100 documentos marcados como clasificados, con un total de más de 700 páginas, en un lote de 15 cajas que los abogados del presidente le entregaron a principios de año (es decir, un año después de abandonar la Casa Blanca, llevándoselos consigo pese a que la ley federal lo prohíbe).