A las afueras de Nashville, Tennessee, se construyeron hace 15 años un conjunto de modestas casas que para muchas familias representaban su primera oportunidad de compra: sin mucho lujo, no muy grandes y por menos de 200,000 dólares. Hasta que apareció una empresa multimillonaria llamada Progress Residential.
Esta compañía ha adquirido más de la mitad de las viviendas (19 de 32) en la calle Tammy Sue Lane, en el barrio de La Vergne. En total, más de 1,500 casas del condado de Rutherford son de su propiedad.
Compró hasta 2,000 casas al mes usando un algoritmo informático, según revelan los Pandora Papers, un conjunto de registros financieros en el extranjero obtenido por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y publicados por el periódico The Washington Post.
Según estos documentos, la empresa obtuvo así beneficios para inversores ricos de todo el mundo, mientras obligaba a los compradores de clase media a pagar más caro y sometía a los inquilinos a aumentos excesivos del alquiler.
Detrás de Progress Residential está Pretium Partners, una firma de inversiones con sede en Nueva York cuyo plan de negocios buscó aprovecharse de la crisis inmobiliaria de 2008, que obligó a millones a vender sus casas muy barato al no poder pagar sus hipotecas.
Su plan consistió en comprar decenas de miles de estas propiedades a precios bajos y rentarlas a familias que habían perdido sus casas o que ya no podían optar a una hipoteca debido a las reglas de préstamo más estrictas.
Pretium Partner invitó a personas que pudieran invertir al menos dos millones de dólares para financiar el proyecto. En total, recaudó más de 1,000 millones de dólares y así fundó Progress Residential.
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Entre quienes se beneficiaron de la caída de los precios de la vivienda había un político poderoso de Canadá o el cofundador de una empresa de juegos de azar. En 2019, la empresa casi había duplicado el capital de inversores, según dijo en un comunicado.
Rob Mitchell, asesor de la propiedad del condado, señaló que casi una de cada diez viviendas de la zona es ahora propiedad de un fondo de inversión inmobiliaria, y señaló que estas inversiones están disparando sus precios.
Más de 3,000 personas en todo el país se han unido a un grupo de Facebook llamado Víctimas de Progress Residential, en el que denuncian desalojos, depósitos perdidos o problemas de mantenimiento.
La compañía también ha sido acusada de desalojar injustamente a familias cuando el Gobierno estableció una moratoria de desahucios durante la pandemia.
"Les pagamos como pudimos pero nos trataron como escoria", denunció Valeri Gitt, una mujer de 54 años discapacitada por una dolencia en la columna que fue desalojada hace un año junto con su pareja, quien fue despedido del trabajo, y su madre de 82 años, quien fue diagnosticada de un cáncer de pulmón.