Una semana después de que la Corte Suprema anulara la protección constitucional al derecho al aborto en el país, la confusión sobre dónde y cómo se puede acceder este servicio se hace presente en tres de los estados con las leyes más restrictivas.
Un juez de Florida bloqueó la restricción al aborto por considerar que viola la constitución estatal, impidiendo que entrara en vigencia la ley que firmó el gobernador, Ron DeSantis, que prohíbe los abortos después de las 15 semanas.
El jueves también se prohibió la entrada en vigor de otra ley que impide el aborto en Kentucky, que apenas había entrado en vigor el mismo viernes cuando la corte se pronunció.
Texas reanudó los abortos hasta las seis semanas luego de que un juez de Houston declarara que las pacientes seguían teniendo el derecho, sin embargo, el estado pidió bloquear la orden, dejando el vilo qué pasará con los abortos que ya se lograron agendar.
Las confusiones jurídicas que afectan a las pacientes y a las clínicas, que también puede ser penalizadas por brindar abortos, incluso si las mujeres viajan a otros estados tienen la noción de que serán perseguidas.
“Hay mucha confusión y preocupación de que los proveedores puedan estar en riesgo, y están tratando de limitar su responsabilidad para que puedan proporcionar atención a las personas que lo necesitan”, aseguró a la agencia de noticias The Associated Press el Dr. Daniel Grossman, que dirige el grupo de investigación Advancing New Standards in Reproductive Health en la Universidad de California San Francisco.
En un Planned Parenthood de Montana se detuvieron los abortos con medicamentos a pacientes que provienen de estados con prohibiciones para "minimizar" los riesgos al personal de salud.
El uso de las pastillas para abortar es el método más usado para este procedimiento desde los años 2000: su acceso es clave en la batalla que dará el presidente, Joe Biden, en contra de los estados que prohibieron al procedimiento de salud reproductiva.
“El propósito de estas leyes es asustar a la gente”, dijo Floren sobre las prohibiciones de los estados sobre los abortos y las consultas de telemedicina para los procedimientos con medicamentos para ponerle fin a un embarazo. “La logística para hacerlas cumplir es una pesadilla, pero se basan en el hecho de que la gente se va a asustar”, aseguró Kim Floren, que gestiona un fondo para el aborto en Dakota del Sur llamado Justice Empowerment Network.
En este estado entró en vigencia una ley que amenaza con castigar como delito grave a quien prescriba medicamentos para un aborto sin una licencia de la Junta de Examinadores Médicos y Osteopáticos de Dakota del Sur.
En Alabama, la oficina del Fiscal General Steve Marshall dijo que está revisando si las personas o grupos podrían ser procesados por ayudar a las mujeres a financiar y viajar a las citas de aborto fuera del estado
Yellowhammer Fund, un grupo con sede en Alabama que ayuda a las mujeres de bajos ingresos a cubrir los gastos de aborto y de viaje, dijo que está haciendo una pausa en su funcionamiento durante dos semanas debido a la falta de claridad de la ley estatal.
En Florida, mujeres han llegado conduciendo desde Texas y a aquellas que ya han superado las 15 semanas se les está diciendo que se les devolverá la llamada cuando haya claridad sobre la restricción que puso el juez, según dijo Laura Goodhue, directora ejecutiva de la Alianza de Afiliados de Planned Parenthood.
“Estamos muy nerviosos por lo que va a pasar”, agregó.
Con información de The Associated Press