La Patrulla de Carreteras de Nevada detuvo a Stephen Lara, un ex marine de 39 años, para "educarlo sobre violaciones que los conductores no se dan cuenta", porque supuestamente había estado manejando su auto demasiado cerca de un camión de transporte de combustible. Pero el agente terminó admitiendo la verdad: sospechaba que Lara podía ser un traficante de drogas o armas.
Lara se dirigía, según relató, a visitar a sus hijas al Norte de California, y negó ser un criminal. La policía registró su vehículo con ayuda de un perro entrenado y no encontró ni drogas ni armas, pero sí una bolsa con casi 87,000 dólares, según informa el diario The Washington Post.
Sin pruebas de ningún delito, Lara, que ha servido en Irak y Afganistán, no fue detenido. Pero los agentes se quedaron su dinero.
"Salí de allí confundido. Salí de allí enojado", dijo Lara en una entrevista con el citado periódico, "no podía creer que acababa de ser literalmente robado a un lado de la carretera por gente con placas y armas", subrayó. Los agentes retuvieron a Lara durante más de una hora y se fueron con los ahorros de toda su vida, según la demanda presentada por sus abogados.
La política de confiscación civil de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) permite a las autoridades federales incautarse de dinero en efectivo o bienes sospechosos de estar relacionados con actividades delictivas sin acusar a su propietario de ningún delito
Luego de que Lara demandara a la policía y hablara con el medio citado, la portavoz de la DEA, Anne Edgecomb, aseguró que le devolverían el dinero. Por su parte, el portavoz del Departamento de Justicia, Joshua Stueve, dijo que el Gobierno federal "está revisando la política existente sobre las confiscaciones adoptivas".
Según los abogados de Lara, la confiscación civil invierte el principio de "inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad" y obliga a los propietarios a contratar a un abogado y demostrar su inocencia en los tribunales para recuperar sus bienes.
"Llevar dinero en efectivo no es un delito", dijo Wesley Hottot, abogado del Instituto de Justicia, que representa a Lara. "Stephen no hizo nada malo. No está acusado de ningún delito y el Gobierno ni siquiera está dispuesto a defender esta incautación en los tribunales. Las personas inocentes no deberían perder sus propiedades de esta manera. Debe quedar claro que el decomiso civil es intrínsecamente abusivo, y con esta demanda, esperamos poner fin a los robos en la carretera por motivos legales", enfatizó.
Para las autoridades, Lara encajaba en el perfil de un narcotraficante, ya que además de llevar dinero en efectivo, tenía un montón de recibos que mostraban retiros en cajeros automáticas por más de 130,000 dólares durante tres años. Aunque él asegura que prefiere mantener sus ahorros en efectivo para comprar una casa para él y sus hijas.
Una búsqueda en los registros públicos disponibles realizada por The Washington Post no revela ningún antecedente penal significativo de Lara.
Según el Instituto de Justicia, Lara es solo uno de los miles de ciudadanos en Estados Unidos cuyos bienes han sido confiscados mediante el decomiso civil. Solo en 2018, 42 estados, el Distrito de Columbia y los Departamentos de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos decomisaron más de 3,000 millones de dólares.