Por Mark Sherman - The Associated Press
La Corte Suprema ha dictaminado este viernes que la ley estatal de Texas que prohíbe el aborto a partir de la sexta semana puede seguir en vigor, aunque ha permitido además que las clínicas puedan acudir ante la justicia en contra de la norma, que supone de hecho una prohibición casi total de este derecho de las mujeres.
Los magistrados (en su mayoría, conservadores) emitieron su fallo un mes después de escuchar los argumentos sobre la ley, que convierte en ilegal el aborto después de que se detecte actividad cardíaca en un embrión, lo que ocurre alrededor de la sexta semana, antes que la mayoría sepan que están embarazadas.
No hay excepciones en caso de violación o incesto.
Ahora la normal volverá a ser tramitada por las cortes federales. Es casi seguro que el mismo juez que ya bloqueó una vez la ley tenga que hacerlo de nuevo, pero luego su decisión será revisada por la Corte de Apelación del 5º Circuito, que ha votado en dos ocasiones a favor de la prohibición del aborto.
El caso podría volver así ante la Corte Suprema, donde una mayoría se ha negado en esta ocasión ha paralizar la norma pese a que una sentencia histórica de ese mismo tribunal protege desde hace décadas el derecho al aborto en Estados Unidos.
Además, parece probable que la mayoría conservadora de la Corte Suprema recortará este derecho en virtud a otro caso, en Mississippi, que se discutió la semana pasada y cuyo fallo se espera para la próxima primavera.
El dictamen de este viernes se conoció un día después de que un juez de una corte estatal de Texas dictaminara que la aplicación de la ley, que premia además a ciudadanos individuales con 100,000 dólares por denunciar abortos, incluso aunque no tengan nada que ver o estén en otros estados, es inconstitucional.
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La lucha judicial en torno a la ley de Texas se centra en su inusual estructura, que limita el modo en que la ley puede ser impugnada ante la Corte Suprema por los precedentes históricos. Los legisladores de Texas otorgan la responsabilidad de hacer cumplir la ley a los ciudadanos privados en vez de a los funcionarios estatales.
El caso planteó un complejo conjunto de cuestiones sobre quién, si es que hay alguien, puede demandar la ley ante una corte federal, la vía típica para impugnar las restricciones al aborto.
Las cortes federales, de hecho, suspenden habitualmente leyes similares, que dependen de la aplicación tradicional por parte de las autoridades estatales y locales.
La Corte se dividió 5-4, con los conservadores en la mayoría, en otro tema espinoso: a quién dirigir una orden judicial que aparentemente intenta bloquear la ley.
La Corte dictaminó que se puede demandar a los funcionarios de licencias de Texas, pero desestimó las demandas contra los jueces de las cortes estatales, los secretarios judiciales y el fiscal general Ken Paxton.
John Roberts, presidente de la Corte, y los tres jueces liberales disintieron de esa parte de la decisión en una opinión que decía que el propósito de la ley de Texas era “anular las sentencias de esta corte” sobre el aborto.
"La naturaleza del derecho federal infringido no importa; lo que está en juego es el papel de la Corte Suprema en nuestro sistema constitucional", escribió Roberts.
En una opinión aparte, la jueza Sonia Sotomayor reprendió a sus colegas por lo que, según ella, fue un "retraso" en el caso que ha tenido "consecuencias catastróficas para las mujeres que buscan ejercer su derecho constitucional al aborto en Texas".
Sotomayor agregó que la decisión de la Corte cerraba la vía más directa para impugnar la ley y "despejaría el camino" para que otros estados "repitan y perfeccionen el esquema de Texas en el futuro para atacar el ejercicio de cualquier derecho reconocido por esta Corte con el que no estén de acuerdo".
Desde que entró en vigor en septiembre, la ley ha impuesto los límites más restrictivos al aborto en el país desde que la Corte Suprema declaró por primera vez el derecho de la mujer al aborto en su decisión de 1973 en el caso Roe contra Wade.