El gobernador de Idaho, el republicano Brad Little, aprobó una ley que permite ejecutar a los condenados a muerte mediante pelotón de fusilamiento, convirtiéndose en el último estado en recurrir a viejos métodos para aplicar la pena capital ante la escasez de fármacos para las inyecciones letales que hay en todo el país.
La legislatura aprobó la medida el 20 de marzo por una mayoría a prueba de veto. La ley prevé recurrir al pelotón solamente si el estado no consigue las sustancias necesarias para la inyección letal.
El número de empresas farmacéuticas que prohíben el uso de sus productos para ejecuciones ha ido en aumento en los últimos años, con el argumento de que su intención es salvar vidas. La ejecución de un condenado en Idaho ha sido aplazada reiteradamente debido a la falta de drogas.
Otros estados en años recientes han recurrido a métodos antiguos de ejecución. Mississippi, Utah, Oklahoma y Carolina del Sur han adoptado el fusilamiento si no hay otros métodos disponibles, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. La ley de Carolina del Sur está en suspenso por un recurso legal.
Algunos estados han refaccionado sus sillas eléctricas por si no se consiguen fármacos. Otros han estudiado —y en algunos casos utilizado— métodos de ejecución que no habían sido ensayados. En 2018, Nevada ejecutó al reo Carey Dean Moore con una combinación inédita que incluía el poderoso opioide sintético fentanilo. Alabama ha construido un dispositivo para ejecutar a gente por medio de gas nitrógeno para provocar hipoxia (falta de oxígeno en el organismo), pero aún no ha sido usado.
“Al firmar esta ley, es importante señalar que se puede y debe hacer justicia minimizando el estrés sobre el personal penitenciario”, dijo el gobernador de Idaho en una carta. “Para los condenados a muerte, un jurado los declaró culpables de crímenes y se los sentenció legalmente a muerte. Es responsabilidad del estado de Idaho aplicar la ley y asegurar que las condenas penales legítimas se cumplan”, señaló.
Durante una serie histórica de 13 ejecuciones llevadas a cabo en los últimos meses de la presidencia de Donald Trump, el Gobierno federal optó por el sedante pentobarbital como reemplazo de las drogas letales utilizadas en la década de 2000. Entonces emitió un protocolo que permitía los pelotones de fusilamiento para las ejecuciones federales en caso necesario, pero ese método no fue utilizado.
Algunos abogados de reclusos federales que finalmente fueron ejecutados argumentaron ante las cortes que los pelotones de fusilamiento, en realidad, serían más rápidos y menos dolorosos que el pentobarbital, que según ellos causa una sensación parecida al ahogamiento.
Sin embargo, en una presentación de 2019, los abogados del Gobierno federal citaron a un experto diciendo que alguien fusilado puede permanecer consciente durante 10 segundos y que sería “severamente doloroso, especialmente relacionado con la rotura del hueso y el daño a la médula espinal".
El fiscal general del presidente Joe Biden, Merrick Garland, ordenó pausar temporalmente las ejecuciones federales en 2021 mientras el Departamento de Justicia revisaba los protocolos. Garland no dijo cuánto durará la moratoria.