Teresa Flores dice que el día 12 de cada mes es un recordatorio de la injusticia. En esa fecha siempre debe pagar 300 dólares por un departamento en el que no vive, mientras se queda en casa de su hijo y sus pertenencias están en un depósito.
“Viví en ese departamento por tres años. El primer año todo estuvo bien, pero durante el segundo se empezó a mojar mucho por las lluvias, la alfombra, las paredes, todo. Avisé a las oficinas y no hacían nada”, explica Flores, de 60 años y oriunda de Guadalajara, México.
Al año siguiente, Flores se lamentaba por la paradoja de que parecía que adentro de su casa llovía tanto, o más que en las calles, al punto de que sus enseres se vieron muy afectados.
“Tuve que tirar mis camas. Duré casi todo un año durmiendo en un sillón y sin muebles, nada más pagando renta (...) Mi mamá se enfermó de sus pulmones, por lo mismo de la humedad y de que todo estaba lleno de unas cosas blancas por todas las ventanas”, explica con desaliento.
Cada año, más de 2.7 millones de familias en Estados Unidos se ven forzadas a dejar su hogar por desalojos. Esto ha aumentado considerablemente tras el fin de la pandemia, cuando el Gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales ofrecieron ayudas para que la gente pudiera pagar sus rentas. Los caseros han iniciado al menos 1 millón de procesos desalojo, un aumento del 79% desde el 2021, según datos del Eviction Lab, un centro de estudio sobre los desalojos y la vivienda de la Universidad de Princeton.
Desde hace más de 40 años, Flores vive en California pero aún no tiene la residencia legal en Estados Unidos. Dice que su estatus como inmigrante indocumentada sumado a las dificultades económicas, le impidieron exigir sus derechos. “Por falta de dinero, no pudieron ayudarme los abogados. Me mandaron a la corte, porque las personas de esos departamentos nos humillan porque ellos sí tienen buenos abogados. Está muy cruel eso de que no tenemos derecho de hablar, de decir que nos arreglen nuestras casas, que estamos pagando”, afirma.
La comunidad indocumentada es más vulnerable al abuso, destaca Juan Pablo Garnham, jefe de comunicaciones y políticas del Eviction Lab, pues muchas veces temen disputar un caso en la corte por miedo a ser deportados. En el Eviction Lab conocen múltiples casos de caseros que han discriminado a inquilinos por su estatus migratorio.
También es difícil entender qué tanto más grave es el problema de los desalojos y el abuso para los inmigrantes indocumentados, explica Garnham, pues no hay estadísticas oficiales al respecto. El Eviction Lab estima que los números de desalojos informales (es decir, que no pasan por el proceso legal) podrían ser hasta el doble; y estiman también que los desalojos informales deben ser bastante comunes entre los indocumentados.
Flores llegó a un acuerdo con su arrendador y luego de acumular una deuda de 5,000 dólares, ahora debe pagar la cuota de 300 mensuales. “Todavía me falta mucho”, dice con tristeza.
Según estimaciones del National Equity Atlas, un informe realizado por PolicyLink y el Instituto de Investigación sobre la Equidad de la Universidad del Sur de California, la deuda total por alquileres asciende a 15,000 millones de dólares en todo el país. Los investigadores del informe señalan que, en promedio, los inquilinos se retrasan tres meses en el pago del alquiler y deben unos 2,550 dólares. Sin embargo, advierten que esas cifras “ocultan deudas y niveles de necesidad mucho más elevados para muchos inquilinos, especialmente los que tienen los ingresos más bajos”.
Es el caso de Flores, quien se dedica a las labores del campo y durante esta temporada trabaja en la recolección de uva. Este oficio se ha visto muy afectado por las altas temperaturas, de más de 100 grados Fahrenheit, por lo que ahora trabaja menos horas. “Nosotros sacamos unos 500-520 dólares en el valle (...) Nos paran por el calor, entonces solo nos dan cuatro horas de trabajo diario. Cuatro horas no es nada”, comenta.
El atlas señala que aproximadamente 768,000 hogares en California deben un total de 2,494,300,000 dólares. Casi la mitad (46%) de esos hogares son hispanos y muchos se han visto afectados por la finalización de programas y ayudas estatales que durante la pandemia ayudaban a las personas más vulnerables con el tema de la vivienda.
“Decidieron que ya no hay pandemia y eso tiene repercusiones muy reales e inmediatas para las personas”, explica Unai Montes-Irueste, director de comunicaciones de Housing California, una organización de defensa. “Hemos visto un aumento de desalojos y de amenazas de desalojos, también están subiendo las rentas por todo el estado, por lo menos en un 10%”.
"Me van a desalojar, me van a llevar a corte"
Montes-Irueste explica que la actual crisis de la vivienda impacta en gran medida a los hispanos y, especialmente, a las personas indocumentadas de la tercera edad que ya vivían en condiciones de hacinamiento y con poco acceso a los servicios públicos.
“Cuando ya tienes más de 50 años de edad, no puedes manejar cuatro chambas, ya no puedes trabajar tanto, y tienes más problemas de salud (...) Dentro de la población de las personas que están viviendo sin hogar aquí en California, el aumento más grande y más severo que hemos visto es en la gente que tiene más de 50 años y no tiene adonde ir”, explica.
El aumento (en los desalojos) más grande y más severo que hemos visto es en la gente que tiene más de 50 años y no tiene adonde ir”
Unai Montes-Irueste DIRector HOUSING CA
La falta de vivienda es una crisis nacional, y se ha generalizado en California, donde se calcula que 171,000 personas -el 30% de todas las personas sin techo de Estados Unidos- carecen de hogar. Según un estudio de Home Bay, una empresa de bienes raíces, las seis ciudades más grandes de California tienen tasas de personas sin hogar 2.3 veces superiores a la media nacional, y el costo de la vivienda es casi tres veces superior a la media nacional.
“Me han puesto varios avisos de que me van a desalojar, que me van a llevar a corte, que me dan unos días. Yo he ido a hablar con ellos para hacer pequeños pagos, porque también tengo que pagar la luz, el gas y la comida también, que está bien cara. Y con todo eso, la verdad no queda mucho del cheque”, explica Marta, una migrante mexicana indocumentada y madre de seis hijos que vive en California y se ha atrasado en los pagos.
“Llevo ya casi más de ocho años viviendo ahí y nunca me había atrasado. He hablado para que me esperen mientras busco ayuda y todo eso, pero ahorita con la pandemia se atrasó todo”, explica Marta, quien prefiere no dar su apellido por motivos de seguridad.
A diferencia de Flores, Marta acudió al Leadership Counsel, una organización de defensa que se enfoca en ayudar a las comunidades de las regiones rurales de bajos ingresos de California.
“Hemos visto a muchas personas que buscan ayuda. Técnicamente dicen que ya se acabó la pandemia, pero los precios siguen subiendo”, explica Sandra Plascencia-Rodriguez, miembro de esa organización que trabaja en el condado de Kern.
“La renta está aproximadamente a 1,775 dólares y las personas que trabajan por un sueldo mínimo les están pagando 15 dólares por hora, lo que significa que ganan unos 2,000 dólares al mes. Entonces le sobran 200 y algo después de pagar su renta, pero eso no es sostenible. Sabemos que hay muchas personas en la posición que está Marta, que tienen muchos hijos y los quieren desalojar”, explica Plascencia-Rodriguez.
"Un gran aumento en los desalojos"
Tanto ella como otros activistas consultados por Noticias Telemundo coinciden en que el estado de California enfrenta una crisis porque no hay suficientes viviendas de bajos ingresos, por lo que las personas deciden quedarse viviendo en sitios que no son aptos porque los arrendadores no hacen los arreglos necesarios.
“Hay personas que están viviendo con moho negro adentro de sus casas, que no les funciona la estufa, que no sirve el refrigerador, cosas que son necesarias en el día a día y pues el propietario no las quiere arreglar. Ni el estado ni el gobierno local están haciendo nada para ayudarlos”, comenta.
Ni el estado ni el gobierno local está haciendo nada para ayudarlos"
Sandra Plascencia-Rodriguez, Leadership Counsel
Reina González dice que ha experimentado esa situación de indefensión porque donde vive ha sido maltratada por una familiar de la administradora del edificio.
"Esta señora nos está oprimiendo, nos pone papeles en la puerta para que nos vayamos y dice que no quiere ruido a ninguna hora del día, no quiere música, no quiere nada. ¿Qué otra cosa puedo hacer?", dice con desesperación.
González, de 56 años, lleva más de dos décadas viviendo en California pero aún no ha conseguido sus papeles de residencia. Solía trabajar limpiando oficinas y casas, pero tiene un nieto con síndrome de Down y se dedica a criarlo.
"Yo tengo un nieto discapacitado, pero no he podido llevarlo a sus terapias desde 2020. Primero fue por la pandemia y luego porque esa mujer nos mandó una carta para que nos fuéramos. Un trabajador del dueño me dijo que me saliera, pero no tengo adónde ir", comenta.
Nady Peralta, abogada del Legal Aid Justice Center, en Richmond, Virginia, dice que suele atender muchos casos como los de Flores y González porque durante la pandemia había más recursos para los inquilinos por los fondos federales y estatales que ya no están disponibles.
"Hemos visto un gran aumento en el número de casos de desalojo. Todos los que no cobraban la renta, o no cobraban el alquiler completo durante el COVID, ahora están desalojando y están menos interesados en planes de pago. Les interesa más echar a la gente que no paga y traer a gente nueva. En mi jurisdicción se producen cientos y cientos de casos de desahucio cada semana", explica.
Peralta dice que el desalojo es un proceso complicado para cualquier persona, pero si se está en medio de un proceso migratorio o si se trata de una persona indocumentada es mucho más grave.
"Si estás en un caso de inmigración no quieres estar sin una dirección. No quieres estarte moviendo mucho y no quieres ser indetectable, al contrario, te interesa estar en contacto con el tribunal. Pero, si eres indocumentado y no tienes un proceso judicial pendiente, quizá no quieres estar en los tribunales todo el tiempo. Es incómodo porque no quieres llamar la atención", asevera.
Para inmigrantes como Teresa Flores, los problemas ocasionados por el desalojo y las dificultades económicas se suman a otras tragedias. En su caso, se trata de la desaparición de su hijo hace seis años en la ciudad de McFarland, California.
"Los investigadores les pregunto y no dicen nada. No me han tenido ninguna solución (...) Yo pienso que a mi hijo le hicieron algo", dice con desaliento.
¿Qué debe hacer si recibe una notificación de desalojo?
Aunque las leyes que rigen el alquiler varían mucho de estado a estado, explica Juan Pablo Garnham, jefe de Comunicaciones y políticas del Eviction Lab, estas son tres cosas que debe saber al enfrentar un desalojo:
- Incluso si no tiene papeles, tiene derechos en EE.UU. y no puede ser discriminado por su origen o idioma.
- No tiene que dejar su hogar hasta que un juez lo ordene.
- Busque ayuda. En algunas ciudades hay abogados gratuitos. En otras, hay grupos comunitarios que le pueden orientar.
También es importante entender cómo funciona el proceso de desalojo. Así lo explica el Eviction Lab:
Si vive en Los Ángeles, la ciudad recomienda que, primero, conteste en menos de cinco días, y segundo, pida cita con la ciudad para que un trabajador social le diga qué opciones hay.
"Lo primero que yo digo es que se informen", dice Garnham. "Que vayan, que busquen, que conversen con sus gobiernos, que llamen a los teléfonos del 311".
En el caso de Los Ángeles, Garnham recomienda visitar la página web de Stay Housed LA en español donde lo guían durante todo el proceso de desalojo.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, le ha pedido a los inquilinos que estén en esta situación que "no se autodesalojen" y por ello han creado varios programas de asistencia, uno para pagar hasta seis meses de alquiler, otro para encontrar abogados, y otro incluso para defenderse del acoso de los propietarios.
Los inquilinos tienen derechos
Tanto en Los Ángeles como en el resto del país, quienes rentan tienen derechos que deben conocer y hacer respetar.
1️⃣ El propietario no puede sacarle de casa así como así
"Uno no tiene que dejar su casa sino hasta que un juez lo ordene", explica Garnham.
Antes de que ocurra un desalojo, los expertos dicen que hay medidas que puede ir tomando.
Garnham insta a los inquilinos a siempre “estar muy atento, guardar todos los papeles, guardar todas las conversaciones, que sea todo en mensaje de texto, por email”.
2️⃣ No lo pueden discriminar en temas de vivienda por su origen o idioma
El Gobierno federal tiene un número de teléfono gratuito para denunciar este tipo de discriminación, el 1-800-669-9777.
También un website en español y en inglés: hud.gov/fairhousing
Además, puede denunciar esto y pedir más información al Eviction Lab a este número de WhatsApp: 1-971-401-2210.
Ya que hay tan poca información sobre cómo los desalojos afectan a los indocumentados en EE.UU. el Eviction Lab busca que más personas sepan sus derechos y sepan dónde buscar ayuda, que más políticos entiendan la situación y ofrezcan soluciones. Para esto estamos buscando personas dispuestas a contarnos sus experiencias sobre cómo perdieron sus hogares o fueron desalojados.
Si usted ha perdido su hogar o ha sido desalojado y quiere contar su experiencia puede escribirles a desalojos@evictionlab.org o mandar un mensaje por WhatsApp al +1-971-401-2210.
Damià Bonmatí contribuyó con este reportaje.
