Por Mary C. Carter - NBC News
El Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó a última hora del martes una orden judicial inmediata para bloquear la restrictiva ley antiaborto de Texas, que prohíbe efectivamente la mayoría de los abortos.
La solicitud, presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Texas, alega que la ley es un "plan sin precedentes" que pretende negar a las mujeres y a las clínicas de aborto la posibilidad de impugnar la norma en los tribunales federales y es inconstitucional.
El Departamento de Justicia solicitó una restricción temporal o una orden judicial preliminar para "proteger los derechos constitucionales de las mujeres de Texas", los intereses de EE.UU. de garantizar que los estados se adhieran a la Constitución, y las agencias y empleados federales cuyas acciones legales estarían prohibidas por ley.
Una demanda presentada la semana pasada cuestiona la prohibición estatal de todos los abortos después de que se detecte actividad cardíaca en el feto, lo que ocurre antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas, aproximadamente a las seis semanas.
No tiene excepciones para los casos de violación, abuso sexual o incesto. También permite a los ciudadanos demandar a los médicos que practiquen abortos prohibidos por la ley, a las mujeres que intenten abortar o a cualquiera que las ayude.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó a bloquear la ley, conocida como S.B. 8 y que entró en vigor el 1 de septiembre.
La semana pasada, el presidente Joe Biden prometió una respuesta de "todo el Gobierno" para intentar salvaguardar el acceso al aborto en Texas. Ordenó evaluar qué "herramientas legales tenemos para aislar a las mujeres y a las clínicas del impacto del extraño esquema de Texas de externalizar la aplicación de la ley a manos privadas".
El lunes, una jueza de distrito del estado emitió una orden que bloquea temporalmente la posibilidad de que Texas Right to Life demande a Planned Parenthood de Texas y a sus proveedores de abortos en virtud de la ley S.B. 8.
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La jueza Karin Crump, del Tribunal de Distrito 250, dictaminó que el grupo antiabortista no puede presentar una demanda contra Planned Parenthood hasta que se dicte una sentencia definitiva en la demanda del Departamento de Justicia.
Crump consideró que Planned Parenthood podría sufrir un daño irreparable sin la orden judicial y que es probable que el Departamento de Justicia prevalezca en su demanda, que bloquearía la ley de forma permanente.
La magistrada fijó el juicio para el 4 de abril de 2022.