Por Ryan J. Reilly - NBC News
El Departamento de Justicia dijo el martes por la noche que tenía pruebas de que los documentos clasificados en la finca Mar-a-Lago (Florida) del expresidente Donald Trump fueron "probablemente ocultados y retirados" antes del registro del FBI para recuperarlos.
En su presentación judicial de última hora, el departamento dijo que la solicitud de Trump de nombrar a un inspector especial para revisar los documentos "es innecesaria y perjudicaría significativamente los intereses gubernamentales importantes, incluidos los intereses de seguridad nacional".
Algunos de los documentos eran tan sensibles y clasificados que los agentes del FBI y los abogados del Departamento de Justicia necesitaban autorizaciones de seguridad adicionales para revisarlos.
El departamento también argumenta que reunió pruebas “de que probablemente se hicieron esfuerzos para obstruir la investigación del Gobierno”, con registros de la Administración “probablemente ocultados y eliminados” en los meses previos a la búsqueda.
El Departamento de Justicia intentó reforzar su caso ante el tribunal incluyendo una foto del FBI que muestra documentos y “portadas clasificadas recuperadas de un contenedor” en la “oficina 45” de Trump, en referencia a que es el cuadragésimo quinto presidente. La foto muestra documentos marcados como “secreto”, “alto secreto” y “SCI” — que significa “información sensible compartimentada” altamente clasificada.
La presentación se produjo en respuesta a la solicitud de Trump del 22 de agosto — dos semanas después del registro de Mar-a-Lago — para que un inspector especial del juez revise los documentos incautados en su finca de Florida.
Los funcionarios de Justicia señalaron que ese nombramiento obstaculizaría la investigación criminal del Gobierno.
Esa revisión de los documentos clasificados “impediría a la Comunidad de Inteligencia llevar a cabo su revisión en curso del riesgo para la seguridad nacional que el almacenamiento inadecuado de estos materiales altamente sensibles puede haber causado y de identificar las medidas para rectificar o mitigar cualquier daño que el almacenamiento inadecuado causó”, indica el documento del Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia señaló que no podía confiar en la información que provenía de la órbita de Trump antes del registro de Florida y que un representante del expresidente afirmó falsamente que se habían entregado documentos clasificados al Gobierno.
El hecho de que se hayan encontrado tantos documentos “arroja serias dudas” sobre la afirmación del equipo de Trump de que había habido “una búsqueda diligente” de documentos que respondían a la citación del gran jurado en mayo.
“Que el FBI, en cuestión de horas, haya recuperado el doble de documentos con marcas de clasificación que la ‘búsqueda diligente’ que el abogado del expresidente y otros representantes tuvieron semanas para realizar pone en grave duda las declaraciones hechas en la certificación del 3 de junio y arroja dudas sobre el alcance de la cooperación en este asunto”, señaló el Departamento de Justicia en la presentación.
La jueza de distrito Aileen Cannon, designada por Trump, señaló durante el fin de semana que se inclinaba por conceder la solicitud del expresidente y nombrar a un tercero para que revise los documentos y se asegure de que no incluyen información protegida por el privilegio abogado-cliente.
El Departamento de Justicia ha dicho que un equipo de filtrado del Gobierno que está separado de la investigación ya había identificado “un conjunto limitado de materiales” que potencialmente contienen información privilegiada.
En la presentación del martes por la noche, el Departamento de Justicia argumentó que un inspector especial del juez es innecesario porque los equipos de revisión del Gobierno ya han terminado su trabajo. “Haría poco o nada para proteger cualquier interés legítimo que el demandante pueda tener, mientras que obstaculiza la investigación criminal en curso del Gobierno”, dice la presentación.
El FBI registró Mar-a-Lago el 8 de agosto después de extensas discusiones con los Archivos Nacionales y funcionarios del Departamento de Justicia durante casi 18 meses.
Una copia redactada de la declaración jurada que establece la causa probable para el registro reveló que los Archivos Nacionales remitieron el asunto al FBI después de encontrar “muchos registros clasificados” en 15 cajas que Trump entregó a los Archivos Nacionales a principios de este año.
Una revisión posterior del FBI de las cajas en mayo mostró que 14 de las 15 cajas contenían documentos con marcas de clasificación. Se encontraron 184 documentos únicos con marcas de clasificación, incluyendo 25 marcados como “TOP SECRET”.
El FBI fue autorizado a incautar cualquier documento con marcas clasificadas, los contenedores en los que se encontraron los documentos clasificados, cualquier registro gubernamental o presidencial creado durante el tiempo de Trump en el cargo y cualquier “evidencia de alteración, destrucción u ocultación a sabiendas de cualquier registro gubernamental y/o presidencial, o cualquier documento con marcas de clasificación".
En la presentación del martes por la noche, el Departamento de Justicia declaró que se incautaron más de 100 documentos clasificados únicos en Mar-a-Lago este mes.
“También se incautaron tres documentos clasificados que no se encontraban en cajas, sino en los escritorios de la ‘Oficina 45’”, escribió el Departamento de Justicia.
El departamento dio el dramático paso de solicitar una orden de registro tras obtener pruebas de que la información clasificada permanecía en Mar-a-Lago, a pesar de las garantías del equipo de Trump de que todos los documentos clasificados habían sido entregados de acuerdo con una citación del gran jurado del 11 de mayo, según la presentación del martes.
“El Gobierno también desarrolló evidencia de que sus registros probablemente fueron ocultados y retirados de la Sala de Almacenamiento y que probablemente se hicieron esfuerzos para obstruir su investigación”, dice la presentación del Departamento de Justicia.
Entre los documentos recuperados de Mar-a-Lago se encontraban los trámites de clemencia de Roger Stone, información sobre el presidente de Francia y un conjunto de documentos confidenciales y clasificados, junto con registros presidenciales.
Los agentes del FBI se incautaron de 26 cajas, así como de una caja encuadernada en cuero con documentos que contenían información de alto secreto y sensible, según el recibo de propiedad de los artículos recuperados que se presentó previamente.
El Departamento de Justicia también argumentó en la presentación del martes que Trump no tiene derecho a los registros presidenciales, “porque esos registros no le pertenecen”. Según la Ley de Registros Presidenciales, los registros pertenecen a los Estados Unidos, afirma la presentación.
En caso de que el juez designe a un inspector especial, el Departamento de Justicia trató de limitar las funciones a las reclamaciones de privilegio abogado-cliente entre los materiales ya identificados por la revisión del Gobierno. Pidió que las decisiones finales sobre los materiales en disputa se tomaran antes del 30 de septiembre.
En una presentación separada el martes, varios exfiscales federales que sirvieron durante las Administraciones republicanas -Donald B. Ayer, Gregory A. Brower, John J. Farmer Jr., Stuart M. Gerson, Peter D. Keisler, William F. Weld y Christine Todd Whitman- escribieron que “independientemente de los puntos de vista políticos de cada uno, está claro que no hay apoyo legal para el alivio solicitado por el expresidente”.