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“Desafía abiertamente la Constitución”. El Gobierno urge a un juez que bloquee la restrictiva ley antiaborto de Texas

Los letrados de la Oficina del Fiscal General del estado sostienen que la ley, la más restrictiva del país, es constitucional. El juez federal no aclaró cuándo emitirá su fallo.

Por Dareh Gregorian - NBC News

Los abogados del Departamento de Justicia comparecieron el viernes en un tribunal federal de Texas para pedir a un juez que bloquee la restrictiva ley de aborto del estado, argumentando que “desafía abiertamente la Constitución".

“La ley prohíbe la mayoría de los abortos antes de la viabilidad, incluso en casos de violación, abuso sexual o incesto. También prohíbe cualquier esfuerzo para ayudar -o, de hecho, cualquier intento de ayudar- a los médicos que proporcionan abortos antes de la viabilidad o a las mujeres que ejercen su derecho a buscar uno”, y debe ser inmediatamente bloqueada, sostuvieron los abogados del Departamento de Justicia en los documentos judiciales.

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Los letrados de la Oficina del Fiscal General de Texas sostienen que la ley es constitucional, y pidieron al juez que preside la audiencia en Austin, Robert Pitman, nombrado por el expresidente Barack Obama, que deniegue la solicitud de una orden judicial preliminar.

Sostienen que un aspecto inusual y controvertido de la ley, que pone la aplicación de la misma en manos de ciudadanos privados en lugar de funcionarios estatales, plantea obstáculos legales adicionales que los federales no han superado en sus presentaciones ante el tribunal.

“La queja del Gobierno federal es que la Ley de latidos del corazón [que hace que los abortos sean ilegales tan pronto como se pueda detectar el latido del corazón embrionario o fetal] es difícil de prohibir”, según los archivos judiciales del estado. “Pero no hay ningún requisito de que un estado redacte sus leyes para que sean fáciles de prohibir”.

Tras escuchar horas de argumentos en el caso el viernes, Pitman dijo que emitiría una decisión más delante.

“Tomaré esto en consideración” y “me pondré a trabajar en la orden apropiada en este caso”, dijo el juez.

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Durante la audiencia, Pitman hizo repetidas preguntas sobre cómo debería estructurarse una orden judicial, dada la naturaleza inusual de la ley de Texas, conocida como S.B.8., y que ha forzado a las mujeres a acudir a otros estados para recibir atención.


Manifestantes contra el aborto rezan y protestan fuera de un Whole Women's Health of North Texas, el viernes 1 de octubre de 2021, en McKinney, Texas.Brandon Wade / AP

La ley prohíbe los abortos a partir de las seis semanas de embarazo, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Funciona a través de demandas de ciudadanos privados contra las clínicas de abortos, en lugar de hacerlo a través del Gobierno estatal.

La primera redacción de este tipo permite a cualquier persona, incluso fuera del estado, demandar a las clínicas de abortos o a otros que ayuden a las mujeres a abortar después del límite de las seis semanas y pedir 10,000 dólares por acusado.

Al preguntarle qué estaría obligado a hacer el estado en caso de que hubiera una orden judicial, Will Thompson, de la oficina del fiscal general, dijo al juez: “Sinceramente, no estoy seguro”.

El abogado del Departamento de Justicia, Brian Netter, dijo al juez: “No hace falta leer mucho entre líneas para ver cuáles eran los objetivos del estado".

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“Texas buscaba una manera de oponerse a la forma en que el Tribunal Supremo ha interpretado la Constitución y de llevar a cabo una política inconstitucional sin necesidad de responder ante los tribunales”, argumentó.

Como prueba del impacto de la ley, el Departamento de Justicia incluyó una declaración de Amy Miller, la presidenta y directora ejecutiva de Whole Woman’s Health, LLC y Whole Woman’s Health Alliance, que dijo: “Cada día que pasa con la S.B. 8 en vigor rechazamos pacientes en masa”.

“La mayoría de los pacientes que llaman para pedir cita ya han superado el límite establecido por la nueva ley y no podemos ayudarlos, y los rechazamos incluso antes de que entren en la clínica”, explicó.

El Departamento de Justicia presentó el caso, Estados Unidos de América contra el estado de Texas, el mes pasado, después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. denegara una solicitud para bloquear la entrada en vigor de la ley.

La decisión del tribunal, de 5 a 4, alegó que las clínicas de abortos que habían impugnado la ley “han planteado serias dudas sobre la constitucionalidad de la ley de Texas”, pero esos argumentos no abordaban adecuadamente las cuestiones de procedimiento “complejas y novedosas” que presentaba el caso.