El gobierno de Estados Unidos llevó a cabo este martes la primera ejecución federal en 17 años. Daniel Lewis Lee, de 47 años, de Yukon, Oklahoma, fue ejecutado con una inyección letal en la prisión federal de Terre Haute, Indiana, tras ser condenado por el asesinato de una familia de Arkansas en 1996. La sentencia se ha llevado a cabo tras varios reveses judiciales en los que estuvieron involucrados varios familiares de las víctimas, jueces y el Departamento de Justicia de el país.
La Corte Suprema. el tribunal de mayor rango del país, dio luz verde este martes a la primera ejecución federal desde 2003, anulando un bloqueo impuesto horas antes por una jueza de primera instancia, en un caso que se había convertido en una batalla legal.
Se había programado que Daniel Lewis Lee recibiera una dosis letal del sedante pentobarbital a las 4 pm del lunes. Pero la jueza de distrito Tanya Chutkan emitió el mismo día por la mañana una orden para paralizar el proceso, argumentando que antes había que decidir si la inyección letal causaría dolor al reo.
La Corte Suprema anuló así este mandato judicial preliminar del Tribunal de Distrito con una votación 5-4, "para que las ejecuciones de los demandantes puedan proceder según lo planeado".
La ejecución de Lee resultaba programada para las 4 am ET de este martes, de acuerdo con documentos judiciales citados por la agencia de noticias The Associated Press.
La corte federal de apelaciones en Washington rechazó la petición de la administración Trump de intervenir, antes de que la Corte Suprema actuara. Aún así, los abogados de Lee alegaron que la ejecución no podría llevarse a cabo después de la medianoche bajo las regulaciones federales.
Esta semana están programadas dos ejecuciones más: la de Wesley Ira Purkey, el miércoles , y la de Dustin Lee Honken, el viernes. Está previsto que un cuarto hombre, Keith Dwayne Nelson, sea ejecutado en agosto.
Con estas ejecuciones, Estados Unidos retoma este castigo después de que la administración Trump pusiera fin hace casi un año a una moratoria informal decretada en el país en el año 2003. La pena de muerte federal se había reinstaurado en 1988, pero solo se ha aplicado en tres ocasiones.
Lee, que ha estado bajo supervisión constante, ha tenido permitidas las visitas, ha acudido a su asesor espiritual y se le ha concedido también recibir correos, según funcionarios de la prisión. Se espera que los testigos del condenado incluyan a tres familiares, sus abogados y su asesor espiritual.
Lee fue declarado culpable en Arkansas de los asesinatos en 1996 de un hombre que poseía varias armas, William Mueller, su esposa, Nancy, y su hija de 8 años, Sarah Powell.
La corte federal de apelaciones de Chicago había anulado el domingo una orden que se había impuesto la semana pasada tras una demanda de algunos familiares de las víctimas, que argumentaron que correrían un alto riesgo de contraer el coronavirus en caso asistir a la ejecución. La familia apeló el lunes ante la Corte Suprema, que también desoyó los reclamos de la familia.
La ejecución seguió adelante pese a la pandemia mundial de coronavirus, que ya ha matado a que a más de 135,000 estadounidenses y está haciendo estragos en las cárceles del país.
Los críticos con la decisión argumentan que el gobierno está creando una urgencia innecesaria de tintes políticos. Manifestantes contrarios a la pena de muerte comenzaron a reunirse en Terre Haute el lunes. Uno de los organizadores, Abraham Bonowitz, manejó una camioneta por la ciudad con un letrero estampado en el costado de un remolque que decía: "¡Alto a las ejecuciones!"
Debido la pandemia, Bonowitz aclaró que su organización, Death Penalty Action, no estaba alentando a otros a presentarse a protestar. No se esperaba que más de una docena de manifestantes se unieran a él. "Es simbólico", dijo Bonowitz sobre las protestas. "Estamos aquí para decir que esto está mal", agregó.
El sistema penitenciario federal ha luchado en los últimos meses para contener la propagación del coronavirus tras las rejas. Actualmente hay cuatro casos confirmados entre los reclusos de la prisión de Terre Haute, según las estadísticas federales, y un recluso allí ha muerto.
El fiscal general, William Barr, afirmó que cree que la Oficina de Prisiones podría "llevar a cabo estas ejecuciones sin poner en riesgo a nadie". La agencia ha implementado una serie de medidas adicionales, que incluyen controles de temperatura y requieren que los testigos usen máscaras.
Sin embargo, en un documento entregado a la corte el domingo, funcionarios del departamento confirmaron que un miembro del personal involucrado en la preparación para la ejecución había dado positivo por coronavirus.
El Departamento de Justicia aclaró que el suceso no significaría una demora adicional en el calendario del gobierno porque el trabajador no había estado en la cámara de ejecución y no había entrado en contacto con ningún integrante del equipo enviado a la cárcel para llevar a cabo la ejecución.
En las últimas décadas las ejecuciones federales han sido esporádicas y el gobierno ha ejecutado solo a tres acusados desde que restableció la pena de muerte federal en 1988. La última fue en 2003, cuando Louis Jones fue ejecutado por el secuestro, violación y asesinato de una joven soldado en 1995.
En 2014, tras una ejecución fallida en Oklahoma, el presidente Barack Obama ordenó al Departamento de Justicia que llevara a cabo una revisión de la pena capital y las inyecciones letales.
El fiscal general confirmó el julio pasado que la revisión de la era de Obama se había completado, dando vía libre para reanudar las ejecuciones.
Con información de AP.
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