WASHINGTON.— El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, afirmó hoy en entrevista exclusiva con Noticias Telemundo que EEUU confía en que Guatemala sí terminará aceptando un acuerdo sobre “tercer país seguro” una vez que completen el debido proceso constitucional.
“No tenemos indicios de que Guatemala esté retirándose de un acuerdo de cooperación para manejar los casos de asilo en la región… pienso que nuestro mensaje es que necesitamos que nuestros socios en Guatemala cumplan con sus compromisos para completar su proceso, pero obviamente respetamos sus procesos gubernamentales internos”, aseguró McAleenan, en una entrevista al margen de la VIII reunión de ministros de Seguridad de Centroamérica.
El titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se refirió al proceso de la Corte de Constitucionalidad que impuso al gobierno del presidente, Jimmy Morales, una restricción temporal que requiere una serie de pasos antes de aprobar un posible acuerdo de “tercer país seguro”, incluyendo consultas con el Congreso guatemalteco.
Guatemala como “país seguro”
Aunque organizaciones humanitarias han destacado las altas tasas de homicidios y pobreza en Guatemala, que lo descalifican como “tercer país seguro”, McAleenan argumentó que el Alto Comisionado de Naciones Unidos para Refugiados ha alentado a todos los países a que incrementen su capacidad para el acopio y procesamiento de asilados y refugiados, “y Guatemala ha desarrollado esa capacidad para hacerlo”.
Hoy mismo, Morales presentó una revocatoria ante la Corte de Constitucionalidad para revertir el amparo que puso freno a las negociaciones con EEUU para un acuerdo de “tercer país seguro” para solicitantes de asilo centroamericanos que impediría su odisea hacia el Norte.
Esa traba provocó incluso que Morales cancelara su viaje a Washington para una reunión con el presidente Donald Trump el pasado 15 de julio.
Morales argumentó el amparo de la Corte, aprobado por presiones de varios excancilleres, no sólo atenta contra su autoridad presidencial sino que expone a Guatemala a posibles sanciones por parte de EEUU. Ayer, en su cuenta en Twitter, Trump reprochó a Guatemala el haber roto el acuerdo, y amenazó con aplicar aranceles, impuestos a remesas u otras medidas punitivas contra el país centroamericano.
Preguntado sobre las amenazas de Trump, McAleenan explicó que el mandatario “claramente está trasladando nuestro sentido de urgencia y nuestras expectativas para que nuestros socios en la región trabajen con nosotros frente a los retos migratorios, y ese es el mensaje para Guatemala”.
Asimismo, McAleenan elogió otro acuerdo suscrito con Guatemala para combatir a las organizaciones de tráfico de personas que “se ensañan con las familias y traen personas desde el hemisferio Oriental a nuestra frontera a través de Guatemala”. Esos esfuerzos, aseguró, han tenido “logros significativos”.
Por otra parte, McAleenan describió como “un gran avance” en esta reunión ministerial -la primera en EEUU- la inclusión de Costa Rica y Panamá, y la eventual invitación para que Colombia se sume a la respuesta regional a la crisis de la migración ilegal y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.
La invitación a Colombia ocurrirá en la reunión del mes próximo en Panamá, según las autoridades.
Panamá, por ejemplo, es el primer país de tránsito de migrantes de países como Brasil. En mayo pasado, las autoridades estadounidenses registraron el cruce de aproximadamente 16,000 personas procedentes de otras regiones del mundo, y esas cifras tienen impacto en cada uno de los países que sirven de puente a EEUU.
En el lucrativo contrabando de migrantes, ha habido casos de personas del hemisferio Oriental que han pagado entre $25,000 y $50,000 por persona para llegar hasta EEUU, y ese dinero va a forrar a organizaciones criminales que no se preocupan por su seguridad, señaló.
En el caso de Colombia, hay redes criminales que operan en ese país y trasladan migrantes de otras partes del mundo a través de países como Brasil y Ecuador hasta Panamá, por lo que EEUU quiere expandir el tipo de colaboración fronteriza que ahora tienen Guatemala y Honduras, para mejorar el combate a esas redes a través de más intercambio de información y patrullajes fronterizos, explicó McAleenan.
¿Discriminación racial?
Por otra parte, McAleenan rechazó críticas de que la ampliación a nivel nacional de las “deportaciones expeditas” de inmigrantes indocumentados que no puedan comprobar su estancia de al menos dos años en EEUU pueda provocar discriminación racial y atrapar incluso a ciudadanos y residentes legales.
La medida, anunciada el martes, permitirá que los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) puedan detener a inmigrantes indocumentados que no puedan comprobar que llevan al menos dos años en EEUU y someterlos a una deportación acelerada.
“Primero que todo, no habrá ningún cambio en los procedimientos de ICE… el proceso de deportación expedita no significa que no hay ningún proceso; un individuo (ciudadano o residente legal) tendrá la oportunidad de demostrar su presencia legal en EEUU”, explicó.
McAleenan evitó comentar el caso de Francisco Edwin Galicia, un joven ciudadano estadounidense que fue arrestado por ICE en Texas durante tres semanas y finalmente puesto en libertad el martes pasado. DHS prevé emitir un comunicado en las próximas horas.
Respecto a los $4.590 millones que el Congreso aprobó en fondos suplementarios para la frontera, McAleenan dijo que ese desembolso ya ha marcado una diferencia “drástica” en la atención y suministro de cuidado médico para migrantes en centros de detención en la frontera.
El 75% de esos fondos fue a parar al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), para el cuidado de niños no acompañados y, según McAleenan, los centenares de niños que aguardaban cupo con esa agencia ya han sido trasladados.
“Ahora tenemos aproximadamente 200 niños que llegan cada día y son trasladados a HHS en cuestión de unas 30 horas después de su llegada”, afirmó McAleenan.