WASHINGTON.— El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó este martes una demanda ante la Corte Suprema para anular los resultados electorales en cuatro estados clave que dieron la victoria y convertirán en presidenteen enero al demócrata Joe Biden
La demanda, de 154 páginas, es la primera de este tipo, y fue presentada contra los estados de Georgia, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, en el marco de una prolongada batalla legal con la que el aún presidente, Donald Trump, y sus aliados, intentan revertir los resultados en las urnas.
Paxton pide que la Corte Suprema postergue la reunión del Colegio Electoral prevista para el 14 de diciembre, en la que se certificarán los resultados de los comicios del pasado 3 de noviembre.
Biden derrotó a Trump tanto en los votos del Colegio Electoral, 306-232, como en voto popular, con más de siete millones de votos de ventaja.
La reunión del Colegio Electoral, argumentó la demanda, “no debería cimentar un resultado electoral potencialmente ilegítimo en medio de esta tormenta”.
Paxton alega, sin mostrar evidencias, de que los cuatro estados aprovecharon la pandemia del COVID-19 para adoptar cambios en las leyes electorales estatales de forma ilegal, para de esa forma afectar los resultados a favor de Biden.
Según Paxton, las autoridades electorales en esos cuatro estados inundaron los buzones de la gente con solicitudes para papeletas de votación “ilegales”, y así “destruyeron” la confianza del público en la integridad del proceso electoral.
Por tanto, argumentó, la Corte Suprema tiene que intervenir para “corregir este grave error” y anular los resultados en esos cuatros estados, que juntos suman 62 votos del Colegio Electoral.
En la actualidad, las cortes estatales han desechado la mayoría de las decenas de demandas presentadas por Trump y sus aliados políticos, en las que no se han presentado evidencias de fraude masivo en las urnas.
El propio fiscal general, Bill Barr, afirmó la semana pasada que el Departamento de Justicia ha dado seguimiento a las quejas y no ha encontrado pruebas que apunten a fraude electoral a gran escala o que pudiese alterar los resultados.
Además, debido a la pandemia, muchos estados ampliaron el voto por correo para evitar la propagación del coronavirus. Más de 100 millones de estadounidenses votaron por correo o por adelantado.
En declaraciones a Noticias Telemundo, Kira Lerner, directora editorial del grupo VoteBeat, afirmó hoy que la demanda de Paxton “es otro esfuerzo por sembrar dudas en el proceso electoral”.
“Los expertos legales dicen que esta demanda es la más ridícula que se haya presentado en la Corte Suprema, y aunque posiblemente no prospere, lo que busca es promover políticas para dificultar el voto futuro y enjuiciar a la gente por fraude electoral”, enfatizó.
Lerner ironizó que mientras muchos estados quieren ampliar el voto por correo, que incentivó una participación histórica en las urnas, Paxton busca “reforzar los esfuerzos de Trump y sus aliados por hacer daño permanente a la administración de las elecciones”.
A su juicio, las demandas de Trump están dirigidas a desvirtuar el voto de los afroamericanos y latinos, pues se han presentado en estados con alta participación electoral de las minorías.
La demanda de Texas coincidió con el llamado “Día de Refugio Seguro” (“Safe Harbor Day”), un plazo en el calendario electoral en el que los estados, en cumplimiento de meros trámites, deben certificar los resultados electorales.
El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, quien fue presionado por la campaña de Trump a realizar un recuento, certificó hoy, por tercera vez, los resultados en ese estado, que le dieron a Biden los 16 votos del Colegio Electoral.
La Corte Suprema tiene ahora mayoría conservadora, de 6-3, gracias a la instalación de tres jueces nombrados por Trump, pero la máxima corte no suele intervenir en este tipo de demandas.
La mayoría de expertos legales considera que la demanda de Texas no tiene peso, porque Texas no ha sufrido un daño directo por cómo otros estados manejaron sus comicios, y solo es una estrategia publicitaria para postergar la inevitable investidura de Biden el próximo 20 de enero.