Por Mike Schneider - AP
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó el miércoles una orden que permite que el Censo 2020 continúe hasta el 31 de octubre. Sin embargo, el panel anuló una disposición que había suspendido la fecha límite de fin de año para presentar las cifras utilizadas a la hora de decidir cuántos escaños obtiene cada estado en el Congreso.
La orden preliminar de la jueza de distrito Lucy Koh suspendió el plazo del 30 de septiembre para terminar el censo de 2020 y el del 31 de diciembre para presentar los números usados para determinar cuántos escaños del Congreso obtiene cada estado, un proceso conocido como reparto.
El censo determina cuántos escaños del Congreso y votos del Colegio Electoral obtiene cada estado y cómo se distribuyen 1.5 billones de dólares de fondos federales cada año.
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Debido a esas acciones, las fechas límite volvieron al plan anterior de la Oficina del Censo cuyo plazo es el 31 de octubre y el informe de las cifras de reparto a finales de abril.
Con ello, Koh se puso del lado de una coalición de grupos defensores de los derechos civiles y gobiernos locales que habían demandado a la Administración Trump, argumentando que las minorías y miembros de comunidades difíciles de contar no serían tomadas en cuenta si el conteo terminaba en septiembre en lugar de octubre.
Los abogados de la Administración habían argumentado que la Oficina del Censo estaba obligada a cumplir con el requisito ordenado por el Congreso de entregar los números de reparto antes del 31 de diciembre.
Koh anuló también la fecha límite del 5 de octubre que el Departamento de Comercio, que supervisa la Oficina del Censo, había promovido después de la orden, argumentando que violaba su propia decisión.
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Horas después del fallo del miércoles, el Gobierno pidió a la Corte Suprema que suspendiera inmediatamente la orden mientras apela.
El procurador general en funciones Jeffrey Wall escribió en una solicitud a la Corte Suprema que el fallo de la corte de apelaciones obligará a la Oficina del Censo a violar el plazo del 31 de diciembre.
Añadió que la decisión representa para él "una intrusión sin precedentes" en la capacidad de la Administración para llevar a cabo el censo.
"Los tribunales siguen hablando aunque la Administración Trump no escuche", dijo Julie Menin, encargada del censo en la ciudad de Nueva York.
"La Administración Trump ha perdido una y otra vez en sus intentos de interferir con el Censo 2020, y acogemos con satisfacción la decisión del Noveno Circuito, que preserva un calendario de censo justo y preciso", añadió.
En respuesta a la pandemia, la Oficina del Censo propuso en abril extender el plazo para terminar el conteo desde finales de julio hasta finales de octubre y mover el de reparto desde el 31 de diciembre hasta el próximo abril.
La propuesta de extender la fecha límite de reparto fue aprobada por la Cámara controlada por los demócratas, pero el Senado controlado por los republicanos no aceptó la petición. Entonces, durante el verano, los funcionarios de la oficina acortaron el calendario de conteo por un mes para que terminara a finales de septiembre.
La inacción de los republicanos coincidió con un memorando que emitió el presidente, Donald Trump, que más tarde fue declarado ilegal por un panel de tres jueces de distrito de Nueva York, en el que se ordenaba a la Oficina del Censo que excluyera del recuento de la distribución a los indocumentados. La Administración Trump está apelando ese caso ante la Corte Suprema.
Si se cumple el plazo del 31 de diciembre, el recuento de reparto estará bajo el control de la Administración Trump, sin importar quién gane las elecciones presidenciales el mes que viene.
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Aunque permitir que el recuento continúe hasta octubre deja menos tiempo para hacer los cálculos antes de la fecha límite del 31 de diciembre, los funcionarios de la Administración y los grupos asesores externos han dicho que la Oficina del Censo no podrá cumplir con esa fecha límite "bajo ninguna condición", aseguraron los jueces de la apelación.
Los jueces de apelación también señalaron que solo porque el plazo del 31 de diciembre no se pueda cumplir prácticamente no significa que el tribunal deba exigir a la Oficina del Censo que no lo cumpla.
"Tal vez la Oficina encuentre que con un esfuerzo extraordinario o cambios en la capacidad de procesamiento, es capaz de cumplir con su plazo", dijeron los jueces.
Hasta el martes, el 99,7% de los hogares de todo el país habían sido contados, una cifra que superó la tasa de finalización en 2010, según la Oficina del Censo.