La jueza Dabney Friedrich de la Corte federal del Distrito de Columbia rechazó este viernes la petición presentada por propietarios de viviendas para anular la moratoria aprobada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) para impedir los desalojos de inquilinos que no pudieron pagar el alquiler de sus viviendas por la pandemia de coronavirus.
Friedrich dijo el viernes que sus "manos están atadas" por un fallo de la corte apelación emitido la última vez que los tribunales analizaron la moratoria de desalojos en primavera. En su opinión, la nueva orden de los CDC es sustancialmente similar a la versión que ella dictaminó que era ilegal en mayo, lo que abre el camino a que los propietarios puedan volver a apelar y la decisión quede en manos de la Corte Suprema de nuevo.
Los CDC emitieron la moratoria el martes, con fecha de finalización prevista para el 3 de octubre, como “una medida efectiva de salud pública”, tan necesaria como las vacunas y las mascarillas para combatir la pandemia, alegando que “los desalojos masivos tendrían consecuencias difíciles de revertir” en la batalla contra la variante delta del coronavirus, y podrían propiciar nuevos picos de transmisión.
Al inicio de la pandemia, el Congreso impuso una prohibición temporal de los desalojos, que expiró en julio de 2020. Con Donald Trump en la Casa Blanca, los CDC emitieran entonces una orden para prohibir los desalojos hasta marzo, que luego Biden fue extendiendo.
Sin embargo, Friedrich anuló esa moratoria en mayo, precisamente a requerimiento de esos mismos grupos de propietarios. El caso llegó hasta la Corte Suprema, que decidió mantenerla en vigor finalmente hasta la fecha en la que tenía que concluir, el 31 de julio. El juez Brett Kavanaugh, que votó con la mayoría, escribió una opinión concurrente argumentando que se requeriría la acción del Congreso para extenderla más.
La moratoria expiró así el 31 de julio, pero la presión de congresistas demócratas llevó al Gobierno a aprobar una nueva extensión, pese a indicar anteriormente que no lo haría precisamente por la decisión de la Corte Suprema. Para soslayar este impedimento, los CDC no ampliaron la moratoria tal y como había estado en vigor hasta entonces sino que dictaron una nueva, según explicaron, que sólo se aplicaría en las zonas con mayor tasa de contagios y no en todo el país, como la anterior.
Ese fue precisamente el argumento del Departamento de Justicia este viernes cuando hubo de defender la medida ante la juez. Además, recordó que, desde el fallo de la Corte Suprema, “la trayectoria de la pandemia ha cambiado dramáticamente como resultado de la altamente contagiosa variante delta”. “Enfrentados con este creciente número de casos, y en vez de extender la moratoria nacional previa”, agregó, “los CDC emitieron una nueva moratoria que aplica sólo a las zonas de transmisión alta o sustancial, ejerciendo así su autoridad para definir las acciones necesarias para reducir la transmisión de la enfermedad entre estados”.
Una moratoria para frenar la pandemia
Para que una persona pudiera aplicar a la moratoria, debía demostrar que trató de pagar su alquiler, que no cumplió con el pago por “la pérdida de ingresos, horas de trabajo, despidos o gastos médicos extraordinarios” y que intentó abonar a su deuda. Además, debía indicar que vivía en una ciudad que experimentaba “tasas elevadas o sustanciales de transmisión de COVID-19”.
“La moratoria de desalojo facilita el aislamiento y la auto cuarentena de las personas que se enferman o que corren el riesgo de transmitir COVID-19 al mantenerlas fuera de los entornos de congregación y en sus propios hogares”, defendían los CDC.
Un estudio del Diario de Epidemiología lo confirmaba: “Los desalojos pueden haber acelerado la transmisión de COVID-19 al disminuir la capacidad de la gente para distanciarse socialmente”, señaló Frederick Zimmerman, profesor de política y gestión de salud en la Escuela de Salud Pública Fielding de UCLA. “El estudio incluyó a 44 estados de Estados Unidos que aplicaron moratorias de desalojo, seguidas del 13 de marzo al 3 de septiembre de 2020”, ahonda el texto.
¿Qué puedo hacer ahora?
Si ya recibió un aviso de desalojo o su casero le comunicó su intención de desalojarle, “dependiendo de la ley estatal y local, es posible que tenga derecho a abordar cualquier problema citado en el aviso y evitar un caso de desalojo. A esto se le llama derecho a curar”, explica el Laboratorio de Desalojos de la Universidad de Princeton.
El arrendador, después, podría presentar el caso ante la corte y que sea citado a una audiencia en la que, como inquilino, puede defenderse.
“Si el juez decide a favor del propietario, el juez puede emitir una orden de posesión. Los inquilinos pueden apelar la decisión, abandonar la propiedad o esperar hasta que el alguacil u otra parte ejecute la orden judicial”, plantea el sitio web.
Si su desalojo había sido frenado por la moratoria, este podría reiniciar. En ese caso debe “solicitar asistencia para el alquiler en el programa de su ciudad, condado o estado”.
Mientras a algunos inquilinos les preocupa cómo esto podría afectar su récord crediticio y sus posibilidades de adquirir una casa en el futuro, hay quienes temen ser detenidos en corte por no tener un estatus legal.
Ante esta inquietud, el Laboratorio de Desalojos asegura que “de acuerdo con las nuevas reglas emitidas durante la administración de Biden, los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no pueden detener a personas en un juzgado” y que solicitar ayuda legal gratuita y aplicar a programas de asistencia para el alquiler, también son una opción para las personas que no cuenten con un estatus legal en los Estados Unidos.
Sin embargo, el análisis de los datos demuestra que los desalojos perjudican más a personas latinas y negras. Expertos temen que el fin de la moratoria podría agravar la situación de vulnerabilidad a la que estos grupos se enfrentaban antes de la pandemia, sumado a que en estados como Louisiana, Alabama, Florida y Texas, donde menos opciones encuentran, es donde los casos de COVID-19 se multiplican y donde se registran las tasas más bajas de vacunación.
Con información de AP