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"Lo perderé todo": más de 3 millones de hogares en riesgo de desalojo tras el fin de la moratoria

“Tengo ansiedad. Estoy nerviosa. No puedo dormir”, dijo una residente de Rhode Island que debe $3,000 en renta atrasada. Este sábado venció la regla que ha evitado desde 2020 que millones de personas, muchas de ellas hispanas, fueran echadas a la calle en medio de la pandemia de COVID-19.
/ Source: Telemundo

Mientras acaricia a su perro, que duerme apaciblemente en la sala del departamento donde ha vivido durante los últimos cinco años, Roxanne Schaefer, residente de West Warwick, Rhode Island, cuenta la pesadumbre de prepararse para ser desalojada. 

“Tengo ansiedad. Estoy nerviosa. No puedo dormir”, dice a la agencia de noticias AP. "Si (el casero) lo hace, ya sabes, lo perderé todo y no tendré nada. Me quedaré sin hogar".

La mujer debe 3,000 dólares de renta atrasada y su casero está tratando de desalojarla desde enero. Ella cobra un cheque mensual de 800 dólares por ser discapacitada, pero esa cantidad no es suficiente para alquilarse en un apartamento nuevo. 

[No pude pagar la renta, ¿qué debo hacer ahora? Dudas sobre el fin de la moratoria]

Lo único que detenía al casero de echarla a la calle era la moratoria federal contra desahucios, adoptada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en septiembre de 2020 para proteger a quienes se atrasaron con su renta debido a la pandemia del COVID-19.

Pero la medida expiró este sábado a las 11:59 pm, luego de que el presidente Joe Biden y los congresistas demócratas no consiguieran una estrategia a corto plazo para prevenirlo.

Personas de una coalición por la justicia en las viviendas llevan carteles de protesta contra los desalojos durante una conferencia de prensa junto a la legislatura de Massachusetts, en Boston, el 30 de julio del 2021. AP

El viernes quedó claro que no habría una solución a la vista para el problema de los desalojos, luego de que la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, fracasara a la hora de acordar una nueva prórroga, como pidió el mandatario. Los congresistas, en su lugar, suspendieron la sesión para entrar en el receso de agosto sin haber aprobado la extensión.

La representante Cori Bush, demócrata por Missouri, durmió el viernes fuera del Capitolio en protesta contra sus colegas legisladores, a quienes urgió a regresar y llegar a un acuerdo de último minuto antes de medianoche.

“La Cámara (de Representantes) está en receso. La gente está de vacaciones. ¿Cómo podemos tomar vacaciones cuando tenemos millones de personas que podrían empezar a ser desalojadas esta noche?”, dijo Bush a la cadena CNN el sábado en la tarde. "Tenemos que regresar".

Pocas horas después, la congresista tuiteó una foto junto al presidente del Comité de Reglas de la Cámara Baja, el representante Jim McGovern, y dijo que este estaba dispuesto a "reconvenir de inmediato" para aprobar una prórroga, si los demás legistadores se dirigían al Congreso. Sin embargo, su empuje no tuvo éxito.  

 

Se estima que más de 3 millones de hogares en Estados Unidos se retrasaron en el pago de su alquiler, según cifras de marzo del Departamento de Vivienda, y ahora enfrentan lo inevitable: verse obligados a salir de sus casas. Hasta el 5 de julio, unos 3.6 millones de personas enfrentan un desahucio, de acuerdo con la Encuesta de Pulso de Hogares del Censo. Muchos son de familias latinas.

“Agosto va a ser un mes difícil porque muchas personas serán desplazadas de sus hogares”, dijo a AP, Jeffrey Hearne, director de litigios de la firma Servicios Legales de Greater Miami, Inc. “Será un número que no habíamos visto antes. Hay muchas personas que están protegidas por la moratoria”. 

En Grand Prairie, Texas, la jueza Sasha Moreno dijo al canal local de nuestra cadena hermana NBC que en su escritorio tiene alrededor de 100 casos de desalojo en espera y prevé que lleguen más después de que finalice la moratoria. “El lunes tendremos que comenzar a enviar avisos de audiencia para todos esos casos y tendremos que comenzar a escuchar esos casos, además de todas las nuevas solicitudes que estamos recibiendo", dijo Moreno.

 

 

Kaylah Johnson, residente de la ciudad de DeSoto explicó al canal 5 de NBC en Dallas que perdió su trabajo durante la pandemia y no pudo pagar la renta. Entretanto, ha tenido que encargarse de la educación de sus hijos en casa.

"Tener que mantener un techo sobre nuestras cabezas y no tener un trabajo fue muy difícil", dijo. 

Millones de latinos perjudicados 

El fin de la moratoria también perjudicará a millones de latinos en todo el país. Según un estudio de Eviction Lab de la Universidad de Princeton, “los códigos postales con más desalojos en cada ciudad tienden a estar en comunidades de color”, sonde viven sobre todo latinos y negros. 

"El Gobierno no puede imaginarse el daño que nos está haciendo", dijo al diario The New York Times Migreldi Lara, una madre hispana que con sus tres hijos enfrenta el desalojo de su apartamento en Reading, Pennsylvania, después de quedarse sin trabajo y terminar debiendo miles de dólares en alquiler.

Parte del campamento que montó frente al Capitolio, en Washington D.C. la resepresentante demócrata Cori Bush, quien pasó la noche del viernes 30 de julio afuera para pedir a los congresistas extender la moratoria de desalojos que finaliza este sábado 31. Joshua Roberts/Getty Images

La proporción de solicitudes presentadas contra inquilinos latinos durante la pandemia ha aumentado tanto en ciudades con poblaciones latinas grandes, como Houston y Fort Worth, Texas, y pequeñas, como Philadelphia y Columbus, Ohio, según datos del Eviction Lab.

Una reciente encuesta elaborada por la Oficina del Censo, cuyos datos revisó Noticias Telemundo, muestra que cerca de la tercera parte (26%) de los latinos que están atrasados con la renta ve muy probable que sean desalojados de sus casas en los próximos dos meses. Esa cifra duplica el porcentaje (13%) de personas blancas que creen que tendrán que salir de sus hogares. 

También se ve una diferencia cuando le preguntaron a las personas si confían en que podrán reunir el dinero de la renta el próximo mes: 20 de cada 100 hispanos tienen poca confianza o creen que puedan lograrlo, mientras que 14 de cada 100 personas blancas están en la misma situación.

 

 

“Sé personalmente que muchas de las personas que serán desalojadas son personas que trabajaron antes, que nunca tuvieron problemas”, dijo a AP Kristen Randall, agente del condado de Pima, Arizona, quien será responsable de llevar a cabo los desalojos a partir del lunes.

“Estas son personas que ya intentaron encontrar una nueva vivienda, un nuevo apartamento o mudarse con familias”, dijo. “Sé que algunos de ellos planean quedarse en sus autos o están tratando de hacer reservaciones en albergues locales. Pero debido a la pandemia, el espacio en los albergues ha sido más limitado", explicó Randall. 

Misha LaMarche, es otra persona que está corriendo para buscar asistencia pública para tratar de mantener a su familia en su apartamento de Dallas, Texas. Un juez le dio hasta agosto para que muestre los documentos necesarios que le permitan recibir ayuda para pagar su alquiler de $810 al mes, según reporta el diario Dallas News. 

Ella perdió su trabajo en un restaurante a inicios de la pandemia y ha estado batallando con otros empleos temporales para sobrevivir. “Tengo que cuidar a mi madre y a mi hija, así que no tengo tiempo para ponerme negativa", dijo. “Sé que las cosas van a salir bien. Voy a hacer mi parte y dejar que las cosas se den”, dijo LaMarche al diario tejano.

 

Pese a la incapacidad de la Casa Blanca y el Congreso para extender la medida federal, la moratoria se mantendrá al menos hasta fin de año en Nueva Jersey, Nueva York, California, Illinois, Maryland y Washington, D.C.

Inicialmente, el Congreso asignó cerca de 47,000 millones de dólares en ayudas, que debían ir a inquilinos con los pagos de su alquiler atrasados. Es dinero federal que en algunos casos se le entrega a los estados, o a los condados o a las ciudades para que cada uno lo distribuya a los inquilinos que la soliciten.

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Pero hasta junio, los estados y Gobiernos locales sólo habían distribuido unos 3,000 millones de dólares del primer tramo de 25,000 millones. Algunos estados como Nueva York no han repartido prácticamente nada, mientras que varios sólo han aprobado unos pocos millones de dólares.

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