La mayoría conservadora de la Corte Suprema permitió este jueves por la noche que se reanuden a partir de ahora los desalojos en todo el país al anular la moratoria temporal aprobada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para frenar la pandemia de coroanvirus en un momento crítico de hospitalizaciones y muertes.
Aproximadamente 3.5 millones de personas en Estados Unidos aseguran que temen un desalojo en los próximos dos meses por impago de la renta debido a la crisis económica provocada por la pandemia, según datos de la Oficina del Censo de principios de agosto.
El máximo tribunal dictaminó este jueves en una opinión no firmada que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que volvieron a imponer la moratoria el 3 de agosto, carecían de autoridad para hacerlo, según la ley federal, debido a que no tenían una autorización explícita del Congreso.
Los magistrados rechazaron los argumentos de la Administración a favor de la autoridad que le confería la pandemia a los CDC. Los tres jueces liberales discreparon.
Fue la segunda derrota de la Administración Biden en la Corte Suprema en esta semana, luego de que la mayoría conservadora obligara a restablecer el programa migratorio de la era Trump, ‘Quédate en México’. El nuevo Gobierno había tratado de poner fin a este programa bajo el cual se obliga a los solicitantes de asilo a esperar por sus audiencias desde México.
El inicio de la moratoria
Por primera vez la protección contra los desalojos fue aprobada por el Congreso el 27 de marzo de 2020 cuando inició la pandemia y millones de personas tuvieron que abandonar sus trabajos. Este primer alivio concluyó en julio de 2020 .
En septiembre el expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que otorgó a los CDC la autoridad para extender la medida hasta finales del año pasado. Al llegar al poder el presidente Joe Biden hizo lo propio y también dio más tiempo a esta protección
Alrededor de 3.5 millones de estadounidenses están en riesgo de ser desalojados de acuerdo a una encuesta del Buró del Censo y una de las poblaciones más afectadas serían los latinos, los cuales sufrieron grandes pérdidas económicas durante la pandemia.
La batalla legal
La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Alabama y de Georgia han dicho que están perdiendo cerca 19,000 millones de dólares al mes por la falta de pago de los inquilinos. El grupo acudió en junio a la Corte federal del Distrito de Columbia alegando que la última extensión en ese momento era ilegal.
En agosto 3 los CDC anunciaron una nueva extensión motivada por la presión política y por el aumento de casos por la variante delta. Días después, el pasado viernes 13 de agosto, La Corte Federal de Columbia rechazó la apelación de los propietarios.
La jueza Dabney Friedrich, quien tildó de ilegal la acción de los CDC en el pasado, dijo que sus manos “estaban atadas” por un fallo de la corte apelación emitido la última vez que los tribunales analizaron la moratoria de desalojos.
Los CDC han basado su poder para imponer la moratoria en la Ley de Servicios de Salud Pública que les permite imponer cuarentenas y medidas para evitar la transmisión de enfermedades contagiosas. Sin embargo, el grupo de propietarios le dijeron a la Corte Suprema que Congreso no les otorgó el poder que los CDC dicen tener.
En junio, la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia que permitía la moratoria.
La votación fue 5-4 y el juez Brett Kavanaugh dijo que votó a favor porque la moratoria estaba apunto de expirar pero estuvo de acuerdo en que los CDC excedieron su autoridad e hizo un llamado al Congreso a autorizar la medida.
El presidente Joe Biden pidió a los legisladores apoyar una nueva moratoria luego de la decisión del Tribunal Supremo, sin embargo esto no ocurrió.
Mientras tanto, Millones de hogares intentan recuperarse de la que ha sido una de las peores crisis económicas en la historia del país y aunque la moratoria permanezca eso no los exime de deudas o juicios en la corte. Expertos recomiendan asesorarse legalmente y buscar ayuda económica en organizaciones comunitarias.
Con información de The Associated Press.